4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000700-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000698 a PNL/000700.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.
ANTECEDENTES
El pasado 29 de mayo, a través del Real Decreto-ley 20/2020, el Gobierno de España aprobó la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, un recurso social para todo el territorio del Estado, muy necesario en el momento de precariedad económica que vivimos y muy importante para combatir situaciones de pobreza extrema y ayudar a las familias más vulnerables a salir de ese estado, mientras encuentran otros recursos que atiendan sus necesidades básicas de subsistencia, tal y como viene haciendo nuestra Renta Garantizada de Ciudadanía desde hace 10 años en nuestra Comunidad. Una prestación a la que la Junta de Castilla y León ha destinado 550 millones de euros desde su puesta en marcha, y que ha servido para sacar adelante a miles de familias que se quedaron sin empleo y no podían acceder a otras prestaciones.
Ya en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 9 de junio de 2020, desde este Grupo Parlamentario, denunciamos, a través de una Proposición No de Ley, que el Ingreso Mínimo Vital se había hecho deprisa y corriendo, que no se había contado con los Grupos Parlamentarios del Congreso, ni con las Comunidades Autónomas, ni con el Tercer Sector, ni con los Agentes Sociales; es decir, se aprobó vía decreto, sin permitir una sola aportación, ni una opinión, ni una enmienda que habría mejorado el texto, habría facilitado su gestión y habría evitado tantos problemas en su tramitación como en este momento está dando.
En aquel momento advertíamos de la complejidad administrativa que comporta la puesta en marcha de una prestación de estas características que necesita una estructura administrativa ágil y cercana que permita una evaluación y un seguimiento puntual del expediente social del beneficiario, y eso ni tiene capacidad, ni puede, ni lo va a hacer el Gobierno de España, y sin embargo, lo hace a diario y con mucha eficacia la Junta de Castilla y León, en una prestación de idénticas características como es la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Tres meses después de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, nos encontramos con una situación caótica en su gestión, que está provocando frustración y más pobreza, dejando a cientos de miles de personas atrás con un horizonte de futuro desolador, justo lo contrario que pretendía solucionar.
Utilizando los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que lidera el Sr. Escrivá, a fecha 14 de septiembre, se han presentado 900.000 solicitudes, de las cuales solo se han podido tramitar 340.000, con un decepcionante resultado:
Se han resuelto positivamente 86.000 expedientes (un exiguo 9 %), teniendo en cuenta que pasaron a computar como Ingreso Mínimo Vital de oficio, las 76.000 prestaciones por "hijo a cargo" que se venían dando hasta entonces.
A 100.000 expedientes se les reclama faltas de documentación (11,3 %); 63.000 solicitudes han sido denegadas (7 %); 64.000 incumplen criterios de vulnerabilidad (7,1 %) y se han cancelado por duplicidad 31.000 solicitudes (3,4 %).
Este es el penoso panorama que hoy presenta la tramitación del Ingreso Mínimo Vital en nuestro país, con un agravante muy serio, y es que el art. 25 del propio Decreto-Ley 20/2020 recoge que "el INSS procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la persona solicitante en el plazo mínimo de 3 meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo, y transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo", lo que se traduce en que a fecha de presentación de esta Proposición No de Ley, más de 560.000 expedientes (62,2 %) van a decaer a partir del día 15 del corriente mes de septiembre.
Esta caótica situación no se arregla anunciando una prórroga de tres meses en el plazo para resolver, porque el hambre y la necesidad no se pueden aplazar, y muy posiblemente, en caso de que llegue esa ayuda, lo hará tarde y no subsanará la situación de vulnerabilidad que la familia padece.
Por el contrario, la Junta de Castilla y León sigue haciendo llegar la Renta Garantizada de Ciudadanía puntualmente y ayudando a 8.865 familias en el último mes, gestionando con absoluta normalidad y un grado óptimo de eficacia todas las solicitudes que se producen, y reaccionando con agilidad ante la situación generada poniendo alternativas imaginativas, pactadas con el Dialogo Social, para complementar los expedientes que, cobrando el IMV, perciben menos dinero que la cuantía que percibían por Renta Garantizada de Ciudadanía, disponiendo 211.371 euros de urgencia, mientras se tramita una ley que permita compatibilizar las dos prestaciones, para que nadie quede por debajo del umbral que venía percibiendo con la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ello nos lleva a reivindicar la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital como única fórmula actualmente posible para asegurar que la misma cumpla con su objetivo.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, ante la desastrosa gestión del Ingreso Mínimo Vital, fundamental para las familias más vulnerables de Castilla y León, soliciten del Gobierno de la Nación la transferencia a nuestra Comunidad, a la mayor brevedad, la gestión de dicha prestación, en los mismos términos y condiciones y con el mismo nivel competencial que se ha concedido a las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra".
Valladolid, 16 de septiembre de 2020.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
PNL/000700-01
CVE="BOCCL-10-012511"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 20407-20409
BOCCL nº 150/10 del 22/9/2020
CVE: BOCCL-10-012511
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000700-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar del Gobierno de la Nación la transferencia a nuestra Comunidad, a la mayor brevedad, de la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000698 a PNL/000700.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.
ANTECEDENTES
El pasado 29 de mayo, a través del Real Decreto-ley 20/2020, el Gobierno de España aprobó la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, un recurso social para todo el territorio del Estado, muy necesario en el momento de precariedad económica que vivimos y muy importante para combatir situaciones de pobreza extrema y ayudar a las familias más vulnerables a salir de ese estado, mientras encuentran otros recursos que atiendan sus necesidades básicas de subsistencia, tal y como viene haciendo nuestra Renta Garantizada de Ciudadanía desde hace 10 años en nuestra Comunidad. Una prestación a la que la Junta de Castilla y León ha destinado 550 millones de euros desde su puesta en marcha, y que ha servido para sacar adelante a miles de familias que se quedaron sin empleo y no podían acceder a otras prestaciones.
Ya en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 9 de junio de 2020, desde este Grupo Parlamentario, denunciamos, a través de una Proposición No de Ley, que el Ingreso Mínimo Vital se había hecho deprisa y corriendo, que no se había contado con los Grupos Parlamentarios del Congreso, ni con las Comunidades Autónomas, ni con el Tercer Sector, ni con los Agentes Sociales; es decir, se aprobó vía decreto, sin permitir una sola aportación, ni una opinión, ni una enmienda que habría mejorado el texto, habría facilitado su gestión y habría evitado tantos problemas en su tramitación como en este momento está dando.
En aquel momento advertíamos de la complejidad administrativa que comporta la puesta en marcha de una prestación de estas características que necesita una estructura administrativa ágil y cercana que permita una evaluación y un seguimiento puntual del expediente social del beneficiario, y eso ni tiene capacidad, ni puede, ni lo va a hacer el Gobierno de España, y sin embargo, lo hace a diario y con mucha eficacia la Junta de Castilla y León, en una prestación de idénticas características como es la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Tres meses después de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, nos encontramos con una situación caótica en su gestión, que está provocando frustración y más pobreza, dejando a cientos de miles de personas atrás con un horizonte de futuro desolador, justo lo contrario que pretendía solucionar.
Utilizando los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que lidera el Sr. Escrivá, a fecha 14 de septiembre, se han presentado 900.000 solicitudes, de las cuales solo se han podido tramitar 340.000, con un decepcionante resultado:
Se han resuelto positivamente 86.000 expedientes (un exiguo 9 %), teniendo en cuenta que pasaron a computar como Ingreso Mínimo Vital de oficio, las 76.000 prestaciones por "hijo a cargo" que se venían dando hasta entonces.
A 100.000 expedientes se les reclama faltas de documentación (11,3 %); 63.000 solicitudes han sido denegadas (7 %); 64.000 incumplen criterios de vulnerabilidad (7,1 %) y se han cancelado por duplicidad 31.000 solicitudes (3,4 %).
Este es el penoso panorama que hoy presenta la tramitación del Ingreso Mínimo Vital en nuestro país, con un agravante muy serio, y es que el art. 25 del propio Decreto-Ley 20/2020 recoge que "el INSS procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la persona solicitante en el plazo mínimo de 3 meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo, y transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo", lo que se traduce en que a fecha de presentación de esta Proposición No de Ley, más de 560.000 expedientes (62,2 %) van a decaer a partir del día 15 del corriente mes de septiembre.
Esta caótica situación no se arregla anunciando una prórroga de tres meses en el plazo para resolver, porque el hambre y la necesidad no se pueden aplazar, y muy posiblemente, en caso de que llegue esa ayuda, lo hará tarde y no subsanará la situación de vulnerabilidad que la familia padece.
Por el contrario, la Junta de Castilla y León sigue haciendo llegar la Renta Garantizada de Ciudadanía puntualmente y ayudando a 8.865 familias en el último mes, gestionando con absoluta normalidad y un grado óptimo de eficacia todas las solicitudes que se producen, y reaccionando con agilidad ante la situación generada poniendo alternativas imaginativas, pactadas con el Dialogo Social, para complementar los expedientes que, cobrando el IMV, perciben menos dinero que la cuantía que percibían por Renta Garantizada de Ciudadanía, disponiendo 211.371 euros de urgencia, mientras se tramita una ley que permita compatibilizar las dos prestaciones, para que nadie quede por debajo del umbral que venía percibiendo con la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ello nos lleva a reivindicar la gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital como única fórmula actualmente posible para asegurar que la misma cumpla con su objetivo.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, ante la desastrosa gestión del Ingreso Mínimo Vital, fundamental para las familias más vulnerables de Castilla y León, soliciten del Gobierno de la Nación la transferencia a nuestra Comunidad, a la mayor brevedad, la gestión de dicha prestación, en los mismos términos y condiciones y con el mismo nivel competencial que se ha concedido a las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra".
Valladolid, 16 de septiembre de 2020.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
PNL/000700-01
CVE="BOCCL-10-012511"
