PNL/000727-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000725 a PNL/000728.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

En Castilla y León hay cerca de 25.000 personas en situación de dependencia que reciben la prestación de Ayuda a Domicilio. La importancia de este servicio, incluido entre las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es vital para que las personas puedan mantener durante el mayor tiempo posible el mayor grado de autonomía y de vinculación con su entorno, en su domicilio habitual.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se repite constantemente que la atención de los servicios sociales debe estar centrada en la persona, y así entendemos que debe ser. Pero una cosa es lo que desde la Junta de Castilla y León se dice y otra es lo que realmente se hace, pues no se da cumplimiento adecuado a lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León.

El artículo 110.5.b) Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, establece que corresponde a la Administración de la Comunidad la financiación del 90 % de los gastos derivados de las ayudas a domicilio, cuando en la realidad no llega al 60 % del que en realidad supone para las entidades locales que gestionan este servicio.

Si la Junta de Castilla y León cumpliera estrictamente la ley se posibilitaría que todas las personas con necesidad de acceso al servicio pudieran acceder a la prestación con rapidez y cubriendo sus necesidades específicas, sin que los Ayuntamientos tuvieran que asumir costes que no les corresponden y que pueden suponer un desembolso no previsto, con las limitaciones que ello supone.

La insuficiencia de recursos y el retraso en el acceso a las prestaciones constituyen por sí mismas un deterioro del servicio que como siempre recae en los más débiles. Pero la falta de financiación redunda también en la limitación del tiempo de atención a las personas usuarias, en la menor creación de empleo en el sector y en la precarización de los contratos. La falta de financiación adecuada por parte de la Junta de Castilla y León no sólo está perjudicando a las personas en situación de dependencia, sino que empeora las condiciones de trabajo de las personas que les atienden a través del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Debido a los momentos que estamos viviendo actualmente con la pandemia del Covid 19, se ve incrementado el número de personas mayores quieren quedarse en sus casas por la sensación de mayor seguridad que les aporta, y para que esto pueda ser factible, la Junta de Castilla y León debería modificar el Decreto que regula el servicio de Ayuda a Domicilio, aumentando las horas de prestación del servicio y reduciendo el copago de los perceptores, para que las personas mayores puedan recibir una asistencia integral y de calidad, más allá de las actuales prestaciones de atención personal, de modo que se garantice su calidad de vida en sus propios domicilios.

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio han demostrado durante estos meses de la pandemia su gran profesionalidad. No han dejado a las personas mayores y dependientes de nuestra Comunidad abandonadas, mostrando especial dedicación y sensibilidad ante aquellas que no tenían familia. Ellas y ellos han dignificado el servicio, han desplegado toda su dimensión asistencial y preventiva.

Ahora toca que la Junta de Castilla y León ponga en valor su esfuerzo regulando su situación laboral.

Muchas de estas personas tienen unos salarios muy bajos debido al número de horas trabajadas, con la imposibilidad de complementarlos con otras actividades debido a los horarios imposibles y siempre a disposición de la empresa, poco o ningún reconocimiento laboral. Son personal sociosanitario, pero sin las enfermedades profesionales debidamente reconocidas y aún carecen de un protocolo de actuación en los domicilios, añadiendo falta de material para poder trabajar con seguridad.

En la estrategia de envejecimiento activo aprobada por la Junta de Castilla y León en el 2017, se incluye en programa "A gusto en mi casa", se apuesta por mantener las personas mayores en su casa, la calidad de los servicios que se les presta a depender fundamentalmente de las trabajadoras de ayuda a domicilio, por eso es fundamental las condiciones laborales de las mismas.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a Junta de Castilla y León:

1.- Que cumpla sus obligaciones de financiación del servicio de Ayuda a Domicilio establecidas en el artículo 110.5.b) Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, para facilitar el inmediato acceso a la prestación en toda la Comunidad.

2.- Que se modifiquen las normas autonómicas reguladoras del servicio, de modo que, potenciando los servicios que puedan facilitar a nuestros mayores la permanencia en el domicilio familiar, se puedan incrementar las horas de atención en domicilio de las personas usuarias aplicando recursos proporcionales a sus necesidades de atención consideradas de forma integral, y se reduzcan los copagos que tienen que realizar los perceptores de este servicio.

3.- Que a estos efectos se incrementen las aportaciones de la Junta de Castilla y León hasta el 90 % del coste efectivo del servicio, garantizándose que se cubre la demanda existente en el programa de ayuda a domicilio, cumpliendo así con la Ley 16/2010, de 20 de diciembre.

4.- Que se regulen las garantías de calidad del servicio y los requisitos de calidad en la atención que han de cumplir las empresas, así como las condiciones de trabajo de los profesionales de este servicio de atención personal, incluidos el tiempo y los medios de desplazamiento entre domicilios, elaborándose un protocolo de actuación destinado tanto a empresas como a trabajadores y trabajadoras que marque las pautas de la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

Valladolid, 30 de septiembre de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández