4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000728-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000725 a PNL/000728.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR Y CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.
ANTECEDENTES
La Constitución Española, apoyada por el 88,54 % de los españoles, es el fruto de la Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y, además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local, así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor "cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de poderes, la solidaridad entre regiones y CC. AA. y la libertad (por ejemplo, para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la Constitución", han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española.
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de "guardar y hacer guardar la Constitución", sino que ha virado hacía postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden constitucional.
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces a la que faltaba después de más de 20 años el Rey. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo mostró el «enorme pesar» de los jueces por la ausencia del Rey Don Felipe.
Lesmes expresó que el lamento no solo obedecía al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque "la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado (...) sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función".
Según difundieron varios medios citando fuentes de la Zarzuela, el Rey hizo una llamada de cortesía al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial, sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado.
Con posterioridad se produjeron diversas reacciones entre las que destacaron las de miembros del Gobierno de España como la del vicepresidente segundo del Gobierno que se refirió de manera indirecta al suceso escribiendo en una red social: "Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado" en alusión a la llamada del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó directamente a Don Felipe de maniobrar contra el Gobierno e incumplir la Constitución en una red social: "La posición de una Monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible".
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a:
• Proteger la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años.
• Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes, que constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado de derecho.
• Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles.
• Garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey, Felipe VI, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
• Proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador por parte de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
• Recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte a nuestro modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través de nuestro ordenamiento jurídico, recogido con inequívoca precisión en nuestra Carta Magna.
• Abstenerse de volver a vetar la presencia del Rey en cualquier acto institucional que acostumbre o deba presidir, se celebre este en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma".
Valladolid, 29 de septiembre de 2020.
EL PORTAVOZ DEL G. P. POPULAR,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
EL PORTAVOZ DEL G. P. CIUDADANOS,
Fdo.: David Castaño Sequeros
PNL/000728-01
CVE="BOCCL-10-012890"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 20906-20908
BOCCL nº 156/10 del 6/10/2020
CVE: BOCCL-10-012890
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000728-01
Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a proteger la Constitución de 1978, a respetar nuestro Estado de Derecho, a defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles, a garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey, a proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador, a recordar y garantizar que la modificación del modelo de Estado ha de hacerse en el marco del ordenamiento jurídico, y a abstenerse de volver a vetar la presencia del Rey en cualquier acto institucional, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000725 a PNL/000728.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR Y CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.
ANTECEDENTES
La Constitución Española, apoyada por el 88,54 % de los españoles, es el fruto de la Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos por los que nuestro país es admirado internacionalmente puesto que se logró pasar de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y, además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran cualquiera de las mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o local, así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor "cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación de poderes, la solidaridad entre regiones y CC. AA. y la libertad (por ejemplo, para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la Constitución", han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española.
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de "guardar y hacer guardar la Constitución", sino que ha virado hacía postulados extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden constitucional.
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces a la que faltaba después de más de 20 años el Rey. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo mostró el «enorme pesar» de los jueces por la ausencia del Rey Don Felipe.
Lesmes expresó que el lamento no solo obedecía al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque "la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado (...) sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función".
Según difundieron varios medios citando fuentes de la Zarzuela, el Rey hizo una llamada de cortesía al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitación personal a la nueva promoción de la carrera judicial, sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado.
Con posterioridad se produjeron diversas reacciones entre las que destacaron las de miembros del Gobierno de España como la del vicepresidente segundo del Gobierno que se refirió de manera indirecta al suceso escribiendo en una red social: "Respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado" en alusión a la llamada del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó directamente a Don Felipe de maniobrar contra el Gobierno e incumplir la Constitución en una red social: "La posición de una Monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible".
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a:
• Proteger la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años.
• Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes, que constituye uno de los fundamentos de nuestro Estado de derecho.
• Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos los españoles.
• Garantizar el debido respeto a sus instituciones y especialmente a la figura del Rey, Felipe VI, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
• Proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador por parte de quienes tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
• Recordar y garantizar que cualquier revisión o cambio legislativo que afecte a nuestro modelo de Estado solo puede llevarse a cabo a través de nuestro ordenamiento jurídico, recogido con inequívoca precisión en nuestra Carta Magna.
• Abstenerse de volver a vetar la presencia del Rey en cualquier acto institucional que acostumbre o deba presidir, se celebre este en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma".
Valladolid, 29 de septiembre de 2020.
EL PORTAVOZ DEL G. P. POPULAR,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
EL PORTAVOZ DEL G. P. CIUDADANOS,
Fdo.: David Castaño Sequeros
PNL/000728-01
CVE="BOCCL-10-012890"
