M/000139-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de noviembre de 2020, ha admitido a trámite la Moción, M/000139, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de lucha contra la violencia de género, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de noviembre de 2020.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de noviembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 000139 relativa a política general en materia de lucha contra la violencia de género:

ANTECEDENTES

Desde 2003 han sido asesinadas 1.071 mujeres y, desde 2013, 297 niñas y niños han quedado huérfanos. En 2020 han sido asesinadas 38 mujeres, y 19 niños y niñas han quedado huérfanos. (Datos del 30 de octubre).

Este mes de octubre conocíamos los datos de la "Macroencuesta de violencia contra la mujer" encargada en la pasada legislatura socialista. Los datos son estremecedores. El 34,2 % de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2 % no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. El 40,4 % de las mujeres ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida. El 60,5 % de las mujeres entre 16 y 24 años. Las cifras aumentan entre las mujeres jóvenes. Además, de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género con hijos o hijas afirman que estos sufrieron también violencia por parte de sus parejas.

Tal como expresa la ONU, "la violencia contra las mujeres y las niñas, arraigada en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, persiste como una crisis silenciosa y endémica". Este año, además, la situación se ha visto agravada por la pandemia mundial que nos asola. Y que, si afecta a las mujeres con más intensidad y de forma concreta por la desigualdad estructural en la que se encuentran, es especialmente terrible para las mujeres víctimas de violencia de género.

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, alertaba sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres, y especialmente en las víctimas de violencia abocadas a confinarse con su agresor: "El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar".

En nuestro país, las llamadas al 016 se incrementaron exponencialmente en todo el territorio durante el confinamiento. El Partido Socialista ha puesto en el centro de la respuesta la prevención y la aplicación de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género en estas circunstancias, y se han considerado servicios esenciales en los planes de respuesta que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha. El Gobierno aprobó el pasado 31 de marzo el Real Decreto de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, en estos momentos tan excepcionales.

La violencia contra las mujeres es especialmente dura en las zonas rurales. El aislamiento que sufren las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja es triple: por la escasa participación de los espacios públicos y la relegación al ámbito privado, por estar aisladas geográficamente y por identificar su propia situación como un proceso individual, y no como el problema estructural que es, consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres. Así lo indica el estudio sobre "Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural" realizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), entre diciembre de 2018 y enero de 2020, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que este año cumple su tercer aniversario.

También en el marco del Pacto, el pasado año se publicó el estudio sobre "Mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género", que pone de manifiesto una realidad que permanece a menudo invisible. Y que revela una violencia sostenida en el tiempo con datos estremecedores: el 40 % de las víctimas ha sufrido violencia durante más de cuarenta años y el 27 % la padeció, entre dos y tres décadas. Toda una vida de vejaciones, agresiones, control y miedo. Un colectivo especialmente vulnerable que requiere toda nuestra atención, apoyo y sustento.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, largamente demandando por el movimiento feminista, e impulsado por el Partido Socialista, supuso un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue el cambio de paradigma que hizo posible en nuestro país que los poderes públicos reconocieran un tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Así mismo, continuando por la senda marcada, el Pacto de Estado es la muestra del consenso de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, de toda la sociedad española representada a través de ellos, para acabar con esta violencia.

El Partido Socialista siempre ha luchado para que ningún interés partidista estuviera por encima del reconocimiento del drama que supone esta violencia. Drama humano por las familias destrozadas, por el miedo cotidiano que padecen tantas mujeres, por la incomprensión y a veces hasta por la indiferencia.

En la legislatura anterior, una de las primeras medidas del gobierno socialista de Pedro Sánchez fue dar cumplimiento al desarrollo del Pacto de Estado, que llevaba un año paralizado. En pocas semanas, se pusieron a disposición de todos los territorios y entidades locales los fondos para prevenir y combatir la violencia de género. Con el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se realizaron los cambios legislativos más apremiantes para ampliar la protección y el amparo de las víctimas y sus hijas e hijos. Y lo hizo con acuerdo, disposición, responsabilidad y firmeza.

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. La violencia machista nos interpela a todos y las administraciones autonómicas debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance.

En el ámbito de nuestras competencias, desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista de Castilla y León somete al Pleno de las Cortes la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º- Ratificar el compromiso firme de las Cortes de Castilla y León con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

2.º- Impulsar y reforzar las medidas contenidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 28 de diciembre de 2004 y en el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de las competencias autonómicas, así como el seguimiento de las mismas.

3.º- Dotar de los recursos económicos adecuados los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

4.º- Promover acciones de prevención, sensibilización y difusión, sobre la Violencia de Género en mujeres mayores de 65 años destinadas a mejorar el conocimiento de sus derechos y de los servicios disponibles para atenderlas.

5.º- Reforzar las medidas dirigidas a la atención a las mujeres que viven en el mundo rural, aumentando el número de recursos especializados de atención de forma coherente con la realidad rural y la distribución geográfica, así como adaptar las campañas de prevención y sensibilización a sus necesidades.

6.º- Impulsar la colaboración con las entidades y asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista.

7.º- Intensificar y adaptar todos los recursos de los que dispone el gobierno autonómico relacionados con atención a víctimas de violencia machista a las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19.

8.º- Combatir los posicionamientos políticos que propugnen la negación de la existencia de la violencia de género o rechacen la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación.

9.º- Rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro compromiso con las víctimas.

10.º- Crear programas que trabajen de manera integral con hombres maltratadores que abarquen desde los aspectos psicológicos hasta los motivacionales y educacionales.

11.º- Cumplir con las resoluciones de la moción M/000050 aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el día 20 de noviembre de 2019 relativa a políticas de lucha contra la Violencia de género.

Valladolid, 9 de noviembre de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández