PNL/000829-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000829-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a revisar condiciones y homogeneizar al alza las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, colaborando con Ayuntamientos y Diputaciones y blindando sus condiciones en situación de pandemia por COVID-19, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de noviembre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000821 a PNL/000859.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de noviembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

El servicio de ayuda a domicilio es, en virtud del artículo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, una prestación esencial del sistema de nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, es la prestación para la autonomía personal más utilizada, con unos 22.000 usuarios y usuarias en la actualidad y que no ha parado de crecer en demanda desde la existencia de la normativa en esta materia.

La prestación de este servicio emplea a más de 5.000 trabajadoras, con un 98 % de mujeres ejerciendo dicha labor. La mayoría de ellas tienen contratos con jornadas parciales y la remuneración de esta labor es muy baja, como es lo normal en todo el sistema de trabajo de cuidados. De hecho, en este momento, las trabajadoras han tenido que recurrir a la huelga (no es la primera vez) para negociar un convenio justo sobre todo en lo que se refiere a sus retribuciones, congeladas durante los últimos años.

En los meses de marzo y abril se dio además la terrible circunstancia de que las trabajadoras tenían que acudir a su puesto de trabajo sin material de protección ya que las empresas que prestan el servicio no se lo estaban proporcionando. Fueron los propios Ayuntamientos y Diputaciones en algunos casos los que tuvieron que realizar esa provisión de material con un esfuerzo presupuestario que aún no se ha visto compensado.

Ante esta situación laboral, y teniendo en cuenta que desde Podemos defendemos un sistema de cuidados con condiciones laborales dignas, entendemos que la Administración autonómica debe realizar una serie de cambios y mejoras para lograr este fin en el servicio de ayuda a domicilio. Aunque son los Ayuntamientos y Diputaciones los que realizan la contratación de las empresas que lo prestan, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es en última instancia la máxima competente, al ser financiadora y gestora última del servicio.

Que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio no puedan lograr unas condiciones laborales dignas por falta de acuerdo en el convenio laboral, que hayan tenido que trabajar con personas de riesgo en medio de la pandemia sin material de protección o el hecho de que la financiación para el servicio siga siendo escasa son problemáticas que persiguen desde hace años a la ayuda a domicilio y para las cuales es necesario tomar medidas profundas de cambio.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Homogeneizar al alza, en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio en cuanto a retribuciones, cómputo de horas y complementos de movilidad como cuestiones fundamentales.

2. Intermediar en la negociación del convenio colectivo desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

3. Constituir una Comisión de Seguimiento de la prestación del servicio de ayuda a domicilio compuesta por las empresas, la Consejería y las representantes sindicales a nivel autonómico y colaborar con las administraciones locales y provinciales para constituir homólogas en su territorio que pongan en común las necesidades y circunstancias de la prestación del servicio de forma ágil y sostenida en el tiempo.

4. Apostar por el aumento de las prestaciones directas y la reducción de las prestaciones vinculadas, que fomentan un servicio financiado y gestionado en mayor medida por la administración.

5. Establecer en los pliegos de contratación para la prestación del servicio la obligatoriedad de tener una provisión mínima de material y planes de contingencia para situaciones sanitarias de emergencia como las que estamos viviendo.

6. Trabajar en colaboración con las entidades locales y las Diputaciones Provinciales para la negociación con las empresas en el blindaje de las condiciones laborales de las trabajadoras mientras dure la situación sanitaria provocada por el COVID-19 para impedir situaciones de reducción de horas y retribuciones recortadas vividas en los meses de marzo, abril y mayo de 2020".

En Valladolid, a 3 de noviembre de 2020.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/000829-01

CVE="BOCCL-10-014168"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 22708-22710
BOCCL nº 176/10 del 19/11/2020
CVE: BOCCL-10-014168

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000829-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a revisar condiciones y homogeneizar al alza las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, colaborando con Ayuntamientos y Diputaciones y blindando sus condiciones en situación de pandemia por COVID-19, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de noviembre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000821 a PNL/000859.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de noviembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

El servicio de ayuda a domicilio es, en virtud del artículo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, una prestación esencial del sistema de nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, es la prestación para la autonomía personal más utilizada, con unos 22.000 usuarios y usuarias en la actualidad y que no ha parado de crecer en demanda desde la existencia de la normativa en esta materia.

La prestación de este servicio emplea a más de 5.000 trabajadoras, con un 98 % de mujeres ejerciendo dicha labor. La mayoría de ellas tienen contratos con jornadas parciales y la remuneración de esta labor es muy baja, como es lo normal en todo el sistema de trabajo de cuidados. De hecho, en este momento, las trabajadoras han tenido que recurrir a la huelga (no es la primera vez) para negociar un convenio justo sobre todo en lo que se refiere a sus retribuciones, congeladas durante los últimos años.

En los meses de marzo y abril se dio además la terrible circunstancia de que las trabajadoras tenían que acudir a su puesto de trabajo sin material de protección ya que las empresas que prestan el servicio no se lo estaban proporcionando. Fueron los propios Ayuntamientos y Diputaciones en algunos casos los que tuvieron que realizar esa provisión de material con un esfuerzo presupuestario que aún no se ha visto compensado.

Ante esta situación laboral, y teniendo en cuenta que desde Podemos defendemos un sistema de cuidados con condiciones laborales dignas, entendemos que la Administración autonómica debe realizar una serie de cambios y mejoras para lograr este fin en el servicio de ayuda a domicilio. Aunque son los Ayuntamientos y Diputaciones los que realizan la contratación de las empresas que lo prestan, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es en última instancia la máxima competente, al ser financiadora y gestora última del servicio.

Que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio no puedan lograr unas condiciones laborales dignas por falta de acuerdo en el convenio laboral, que hayan tenido que trabajar con personas de riesgo en medio de la pandemia sin material de protección o el hecho de que la financiación para el servicio siga siendo escasa son problemáticas que persiguen desde hace años a la ayuda a domicilio y para las cuales es necesario tomar medidas profundas de cambio.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Homogeneizar al alza, en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio en cuanto a retribuciones, cómputo de horas y complementos de movilidad como cuestiones fundamentales.

2. Intermediar en la negociación del convenio colectivo desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

3. Constituir una Comisión de Seguimiento de la prestación del servicio de ayuda a domicilio compuesta por las empresas, la Consejería y las representantes sindicales a nivel autonómico y colaborar con las administraciones locales y provinciales para constituir homólogas en su territorio que pongan en común las necesidades y circunstancias de la prestación del servicio de forma ágil y sostenida en el tiempo.

4. Apostar por el aumento de las prestaciones directas y la reducción de las prestaciones vinculadas, que fomentan un servicio financiado y gestionado en mayor medida por la administración.

5. Establecer en los pliegos de contratación para la prestación del servicio la obligatoriedad de tener una provisión mínima de material y planes de contingencia para situaciones sanitarias de emergencia como las que estamos viviendo.

6. Trabajar en colaboración con las entidades locales y las Diputaciones Provinciales para la negociación con las empresas en el blindaje de las condiciones laborales de las trabajadoras mientras dure la situación sanitaria provocada por el COVID-19 para impedir situaciones de reducción de horas y retribuciones recortadas vividas en los meses de marzo, abril y mayo de 2020".

En Valladolid, a 3 de noviembre de 2020.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/000829-01

CVE="BOCCL-10-014168"



Sede de las Cortes de Castilla y León