M/000143-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de diciembre de 2020, ha admitido a trámite la Moción, M/000143, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia sanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 1 de diciembre de 2020.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de diciembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000143 relativa a "Política general en materia sanitaria":

ANTECEDENTES

La política sanitaria de la Junta de Castilla y León está siendo un verdadero fracaso puesto que no está resolviendo ninguno de los grandes problemas que nuestro sistema público de salud arrastraba desde hace tiempo. Más bien al contrario, está generando nuevos problemas, especialmente derivados de la confrontación con los representantes sindicales y profesionales de los trabajadores, lo que hace muy difícil que pueda abordar algunas de las grandes reformas que el sistema público de salud necesita.

El estilo de la Consejería de Sanidad no está siendo de mucha ayuda puesto que la titular, lejos de emplear la escucha activa como método de conocimiento de la realidad de nuestro sistema público de salud y el diálogo como forma de contrastar sus iniciativas, utiliza la imposición y la amenaza, lo que le está reportando no pocos encontronazos.

La gestión de la pandemia ha sido una prueba fehaciente de esto. Desde que consiguiéramos doblegar la curva de contagios en el mes de junio, el PSOE de Castilla y León y la mayor parte de las organizaciones profesionales y sindicales comenzamos a insistir en la necesidad de normalizar cuanto antes la actividad asistencial, tanto en atención primaria como en atención especializada, conscientes como éramos de que el confinamiento domiciliario de la población de Castilla y León dejaba sin el necesario control médico a las personas de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente a personas mayores con múltiples patologías de tipo crónico y polimedicadas. Ni siquiera durante el verano, cuando el coronavirus nos daba un respiro y pudieron relajarse algunas de las medidas restrictivas implementadas durante los meses anteriores, la Junta de Castilla y León consintió devolver una cierta normalidad al sistema asistencial. Al contrario, provocó un debilitamiento del sistema puesto que se negó a contratar suficientes profesionales a las puertas del verano, justo en el momento en que mayor afluencia de personas se produce hacia nuestros pueblos y mantuvo los consultorios cerrados y los equipos de atención primaria confinados en los centros de salud. Parece que la consejera ignoraba por completo el papel fundamental de la atención primaria y de los equipos de rastreo en el momento en el que la prevalencia del virus y el índice de contagios era menor.

En la atención especializada ocurrió una situación similar. No es de extrañar que a la vuelta del verano nos encontráramos con un goteo de casos muy dramáticos, algunos denunciados en los medios de comunicación, provocados por el déficit de asistencia sanitaria presencial y la generalización de la consulta telefónica.

Además, nuestro sistema público de salud se enfrenta a otro gran problema estructural que, de no abordarse con prontitud y determinación, se verá agudizado en los próximos años: la contratación de nuevos profesionales para reponer a los que se jubilan. Para alcanzar este objetivo no solo se tienen que poner los recursos y de los mecanismos apropiados sino que, además, tiene que producirse un cambio absoluto en la política de personal del Sacyl que reduzca considerablemente la conflictividad laboral y genere un ambiente positivo y motivante para los profesionales: nuestro sistema público de salud debe ofrecer a los profesionales unas condiciones laborales adecuadas y competitivas dentro del entorno en el que estamos. Los distintos gobiernos de la Junta de Castilla y León se han negado sistemáticamente a presentar un plan de recursos humanos que realice un análisis de la plantilla de Sacyl y una previsión de las necesidades futuras que tendrá el sistema. Además, se ha generado un ambiente de conflictividad permanente en el que muchos de los derechos han tenido que ser reconocidos por los tribunales. Incluso antes de que comenzara la pandemia del coronavirus había una desmotivación clara de los profesionales.

Este problema afecta de forma muy especial a las zonas rurales y a las zonas más periféricas de nuestra Comunidad, donde las dificultades para encontrar profesionales que cubran esas plazas de la sanidad pública son cada día mayores. Las oposiciones y los concursos de traslado anuales son un primer paso al que tendrán que seguir otros, como la aprobación de un sistema de incentivos que haga que dichas plazas sean más atractivas a los profesionales. No se trata solo de incentivos económicos, sino también de tipo profesional e incluso personal para garantizar que se cumple el principio de equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio de Castilla y León.

Por lo expuesto se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Aportar los recursos públicos necesarios y suficientes para implementar una reforma de la asistencia de atención primaria que garantice la cohesión social y territorial, la calidad de los servicios y la equidad en el acceso y que esta sea consensuada previamente con las organizaciones colegiales, con las sociedades científicas, con las organizaciones sindicales, con la FRMP, la plataforma de defensa de la sanidad pública de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.

2. Impulsar una nueva política de recursos humanos de Sacyl, totalmente distinta a la actual, que contemple los siguientes puntos:

- Mejora de la motivación de los profesionales: dimensionar las plantillas de forma que se reduzca la carga asistencial y se establezca tiempo para formación, investigación y docencia.

- Elaboración de un plan de ordenación de recursos humanos que incluya una previsión de las necesidades de profesionales de Sacyl para los próximos 10 años, así como un modelo de organización, gestión y evaluación y medidas específicas para llevarlo a cabo.

- Aprobación de un nuevo decreto que otorgue incentivos tanto salariales como profesionales y laborales a los profesionales que ocupen las plazas del sistema público de asistencia sanitaria que de forma objetiva puedan ser consideradas "de difícil cobertura".

- Derogación del decreto firmado por el Sr. Mañueco de prestaciones personales obligatorias, por el que se imponen recortes a los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras de Sacyl. En su lugar, promover cuantas normas y medidas sean necesarias para afrontar la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siempre de forma negociada en la mesa sectorial de sanidad, con los representantes legítimos de los trabajadores y de las trabajadoras.

3. Reforzar las plantillas de los servicios hospitalarios de la Comunidad de forma que el sistema público pueda asumir un incremento sustancial de su actividad, permitiéndole reducir las listas de espera estructurales al tiempo que aliviar la bolsa de pacientes generada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y que irá emergiendo en los próximos meses.

4. Ejecutar las partidas presupuestarias correspondientes al presupuesto prorrogado del 2018 para que, a lo largo del año 2021, se finalicen y pongan en servicio todas las infraestructuras sanitarias incluidas en el "Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias 2016-2020".

5. Reforzar las actuaciones de promoción y prevención de la salud en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, aumentando los recursos públicos destinados a la prevención, control y la erradicación de enfermedades y desarrollando proyectos destinados a la educación para la salud en los centros escolares.

Iniciar un proceso de integración de los profesionales que desarrollan sus funciones en el ámbito de la salud pública y la promoción, prevención y protección de la salud, como son veterinarios o farmacéuticos, en el sistema público de salud, potenciando su participación en la ejecución de los programas de salud pública y fomentando su integración en equipos multidisciplinares junto con los demás profesionales sanitarios".

Valladolid, 9 de diciembre de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández