PNL/000886-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de diciembre de 2020, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley PNL/000886.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de diciembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia del Procurador D. Jesús M.ª García-Conde, perteneciente al partido político VOX, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El virus chino ha sometido a España a una crisis sanitaria sin precedentes recientes y a la peor crisis económica de los últimos 80 años. Muchas empresas se vieron abocadas a la realización de ERTE que sumieron a cientos de miles de españoles a la incertidumbre, otros tuvieron que solicitar ayudas sociales que nunca llegaron y también están los que acabaron obligados a vincular el futuro de sus empresas a unos préstamos que, de seguir la situación como hasta ahora, no saben si podrán devolver. Hoy, los españoles siguen afrontando con incertidumbre su futuro inmediato, viendo como se encuentran en riesgo sus empleos, negocios y familias.

Tras la entrada del virus chino por nuestras fronteras, las administraciones autonómicas han tenido que hacer frente a un esfuerzo sanitario a todos los niveles. Durante las primeras semanas se colapsaron las urgencias en varios hospitales y los últimos meses han realizado una fuerte inversión en personal y material para poder afrontar los posibles efectos de nuevas oleadas. Al mismo tiempo, los distintos entes locales han concentrado sus ayudas en reflotar los negocios cercanos a la quiebra y en las familias que han visto como no podían afrontar ni el pago de los suministros básicos.

A toda esta situación, se le suma el colapso migratorio que asola nuestras costas desde verano y que, durante los últimos meses, se ha visto incrementado hasta niveles insostenibles. A fecha de 15 de noviembre de 2020, han accedido a nuestro país de forma ilegal un total de 33.946 inmigrantes, un 23,5 % más que las entradas registradas en 2019, según el último informe del Ministerio de Interior. En el caso de entradas marítimas, el aumento es de un 45,5 %. No obstante, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estiman que las cifras reales sean mayores.

Esta ola de inmigración clandestina está obligando a las administraciones a realizar una fuerte inversión en seguridad, instalaciones y material. Se ha movilizado una ingente cantidad de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder atender y controlar la avalancha migratoria. Al mismo tiempo, se está desviando material imprescindible para afrontar la crisis sanitaria provocada por el virus chino como son las pruebas PCR, las mascarillas, material y equipos de desinfección y un largo etcétera de suministros.

Toda esta situación se está viendo favorecida por el nulo control al que Marruecos, Argelia y Mauritania están sometiendo a sus fronteras. El caso de Marruecos es especialmente llamativo, ya que, mientras mantiene sus fronteras con Ceuta y Melilla cerradas y sometidas a un férreo control, en cambio, no hace nada por impedir que salgan de sus costas oleadas de inmigrantes clandestinos.

Dicho problema no es ajeno a otros países europeos. Así pues, el Secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, ha asegurado que Francia va a endurecer, incluso anular, la expedición de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración irregular como parte de la política migratoria. Una medida coercitiva para evitar la llegada descontrolada de este tipo de inmigrantes.

Esta situación de emergencia pone en grave riesgo la seguridad nacional y el estado de bienestar. Las distintas administraciones autonómicas y locales deben destinar todos los recursos disponibles a paliar los efectos de la crisis y todas estas cuestiones en seguridad, sanidad y servicios sociales repercuten en el coste social de las autonomías y perjudican a los españoles que no pueden soportar el coste del negligente control de fronteras perpetrado por países que atacan nuestra legalidad.

Como hemos dicho, España no puede cargar con la responsabilidad de la negligente actuación de estos Estados en el cuidado de sus fronteras. Y es por eso que, en ejercicio de su soberanía y al igual que otras naciones de Europa, debe tomar medidas urgentes para la protección de sus fronteras y el mantenimiento del Estado social de derecho, así como garantizar la seguridad y bienestar de los españoles y extranjeros que se encuentran dentro de sus fronteras en cumplimiento de la legalidad vigente.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a lo siguiente:

1. Bloquear, incluso anular, la expedición o concesión de visados de entrada en Europa a todos los ciudadanos de países emisores de inmigración irregular como Argelia, Marruecos y Mauritania, en tanto en cuanto estos países no readmitan en sus fronteras a todos los inmigrantes irregulares que dejan salir de sus costas en dirección a España.

2. Instar a las instituciones europeas a imponer sanciones económicas sobre Marruecos, Argelia y Mauritania.

3. Denunciar ante los organismos internacionales la agresión que sufre España por parte de los Estados del norte de África al no controlar el tráfico irregular de personas dirigidas a nuestras costas.

4. En virtud de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, declarar la crisis migratoria como situación de interés para la Seguridad Nacional, de tal manera que se faculte al despliegue de todos los recursos humanos y materiales necesarios y suficientes (art. 24.1 apartado E) en aras de prevenir, proteger y disuadir el atraque de embarcaciones con inmigrantes ilegales en territorio".

En Valladolid, a 9 de diciembre de 2020.

EL PROCURADOR,

Fdo.: Jesús María García-Conde del Castillo