PNL/000911-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000904 a PNL/000922.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de enero de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D.ª Alba Priscila Bermejo Santos, D.ª María Montero Carrasco y D. José Ignacio Delgado, del Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Sanidad:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 12 de diciembre de 2017, las Naciones Unidas proclamaron que cada año se conmemoraría, en esa misma fecha, el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Con esta acción, la ONU buscaba hacer patente la idea de que todas las personas, en cualquier lugar, deben tener acceso a servicios de salud de calidad y asequibles, como una prioridad para el desarrollo internacional.

En España, el reconocimiento del derecho a una asistencia sanitaria pública, con la aprobación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, supuso un antes y un después en la historia de nuestro país, al garantizar el derecho a la protección de la salud de toda la población mediante la creación de un sistema sanitario público. Un proceso que se vio apuntalado por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que daba cobertura a la transferencia de los servicios sanitarios a favor de las Comunidades Autónomas.

No obstante, más allá de los debates sobre el ámbito de la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria pública o sobre la ampliación de la cartera de servicios sanitarios que se plantean de forma recurrente, la garantía del derecho a una asistencia sanitaria requiere, asimismo, que éste pueda hacerse efectivo en condiciones de igualdad para todas las personas, residan donde residan.

En ese sentido, la falta de equidad y cohesión territorial ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro sistema sanitario y, por extensión, lo es para la consecución de una igualdad efectiva en el acceso a la asistencia sanitaria. El Sistema Nacional de Salud, en la práctica, funciona como si estuviese dividido en diecisiete compartimentos autonómicos, casi estancos. Esto ha provocado durante años una serie de disfunciones que se han traducido en barreras de acceso a servicios y prestaciones para los ciudadanos.

Desde Ciudadanos consideramos que los servicios sanitarios son servicios esenciales a la ciudadanía que deben cohesionar y vertebrar un Estado de Bienestar. Cualquier ciudadano debe poder ser atendido en cualquier parte del territorio nacional, cuando sea preciso. No hay nada que lo impida, ya que es completamente viable en términos tecnológicos. Si no ocurre, es por la completa descoordinación, cuando no por la pugna entre las diferentes administraciones regionales españolas.

Siendo conscientes de estos problemas, desde que entramos en las instituciones, Ciudadanos no ha dejado de reclamar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, también en el acceso a la Sanidad, a la vez que hemos criticado todas las barreras artificiales que se han levantado durante décadas y que impiden que todos los ciudadanos puedan ser tratados en la Sanidad en igualdad de condiciones dentro de su mismo país.

Con esta convicción muy presente, desde Ciudadanos impulsamos el proceso de implantación de la Receta Médica Electrónica, para que cualquier persona, resida donde resida, pudiera obtener sus medicamentos en cualquier oficina de farmacia. Un objetivo que ya es posible desde 2019. También hemos trabajado para la extensión y utilización de la Historia Clínica Digital Única, que permite que cualquier facultativo o profesional del SNS pueda conocer los antecedentes del paciente y elaborar un mejor diagnóstico o tratamiento en relación con sus necesidades. Algo que también es posible hoy, incluso aunque no todas las CC. AA. cumplan con las exigencias de información y actualización que el sistema exige.

Pero ahora, gracias a la participación que Ciudadanos tuvo en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, hemos conseguido un hito trascendental para garantizar la igualdad en el acceso a la Sanidad, tanto o más importante de lo que fueron la Receta Médica Electrónica o la Historia Clínica Digital: el establecimiento de una Tarjeta Sanitaria Única en toda España.

Ninguna persona debería ser tratada como un desplazado dentro de su mismo país, ni siquiera porque cambie su residencia a otra Comunidad Autónoma. Sin embargo, eso es lo que ocurre hoy cuando una persona quiere acceder a un servicio público de salud en una Comunidad Autónoma distinta a la que está empadronado. Salvo que se trate de atención sanitaria de urgencias, no se puede acceder ni a consultas externas ni pruebas diagnósticas, salvo que se realice antes la maraña de papeleos para tramitar el reconocimiento de esa persona la condición de "desplazada", que se concede de manera temporal y se ha de renovar periódicamente. Estas personas desplazadas son atendidas de forma particular y carecen de derechos sanitarios que sí tienen reconocidas las personas residentes (como, por ejemplo, la elección de médico en Atención Primaria). Además, como no forman parte de la misma base de datos, no siempre se inscriben en su Historia Clínica Digital todas las consultas, diagnósticos y tratamientos que reciben como "desplazados".

Se trata, en todos los casos, de trámites, limitaciones y barreras que no son insalvables y que se pueden solucionar con los mecanismos adecuados de coordinación y de intercambio de información. La existencia de la Receta Médica Electrónica y la Historia Clínica Digital muestran que es posible: sólo hacía falta voluntad política para que pudiese haber también una tarjeta sanitaria única.

En concreto, la enmienda transaccional a esos PGE negociada por Ciudadanos establece que el Ministerio de Sanidad, en el marco del desarrollo, implantación, mantenimiento y gestión de los servicios de interoperabilidad del Nodo del Sistema Nacional de Salud para intercambio de información y coordinación, adoptará las medidas necesarias para que la Tarjeta Sanitaria Interoperable y sus mecanismos accesorios permitan la interacción automática y normalizada de los pacientes, cualquiera sea su Comunidad de residencia, con los Servicios de Salud de las demás Comunidades Autónomas y proporcionen las funcionalidades de una tarjeta sanitaria única para todo el Sistema Nacional de Salud, a efectos de recibir asistencia sanitaria en cualquier Comunidad Autónoma en las mismas condiciones que las personas residentes en ellas, en el marco de relación que el Consejo Interterritorial del SNS determine. Todo ello con la adecuada trazabilidad de los desplazamientos en el territorio nacional para garantizar la cohesión en el conjunto del Sistema a través de los fondos de compensación establecidos.

No quiere decir que esté todo hecho: en Ciudadanos hemos conseguido dar un paso de gigante para que la ley establezca, de una vez por todas, que tiene que haber una tarjeta sanitaria única en toda España. La medida, sin duda, es histórica, y ahora corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas adoptar las medidas necesarias para ponerla en marcha y que pueda estar operativa lo antes posible.

En Castilla y León Ciudadanos ha defendido este planteamiento desde nuestra presencia en estas Cortes, así en la legislatura anterior presentamos iniciativas que buscaban como objetivo final la implantación de la tarjeta sanitaria única. Y no han sido pocas las veces que en esta legislatura en nuestras intervenciones hemos defendido la necesidad impulsar la coordinación entre las Comunidades Autónomas, utilizando para ello el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), buscando el desarrollo de los mecanismos telemáticos oportunos para eliminar las trabas burocráticas que sufren los pacientes en el acceso a los medicamentos y por otro lado se fomente la implantación de sistemas de ventanilla única para el acceso a los medicamentos para pacientes y usuarios en el conjunto del SNS. Buscando un sistema homogéneo de dispensación, dotando de los medios necesarios a las Comunidades Autónomas para abordar la culminación efectiva del proceso de implantación de la receta electrónica en la dispensación y venta de medicamentos a todos los ciudadanos en toda España. Se trata de la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder en las mismas condiciones a la asistencia sanitaria en cualquier parte de España, porque no nos parece equidad el hecho de que la sanidad dependa de un código postal.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a que, en coordinación con el resto de Comunidades Autónomas, adopte todas las medidas que sean necesarias e impulse los acuerdos que sean precisos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la puesta en marcha antes de que finalice el primer semestre de 2021 una tarjeta sanitaria única interoperable, que permita a todas las personas, sin importar cuál sea su Comunidad de residencia, recibir asistencia y tener acceso a los servicios sanitarios de las demás Comunidades Autónomas en las mismas condiciones que las personas residentes en ellas.

En Valladolid, a 14 de diciembre de 2020.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Alba Priscila Bermejo Santos,

María Montero Carrasco y

José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros