PNL/000919-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000904 a PNL/000922.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de enero de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Teresa Gago López, José Ignacio Delgado Palacios y María Montero Carrasco, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pobreza infantil en España es un problema muy preocupante. Uno de cada cuatro niños, algo más de dos millones, vive en hogares que no tienen los recursos suficientes para llegar a fin de mes. Un millón y medio ni tan siquiera tienen recursos para cubrir sus necesidades más básicas, pues los ingresos del hogar no superan los 370 euros al mes. Si hablamos de hogares monoparentales, esta pobreza extrema supera el 70 %, y en el caso de grupos de población especialmente vulnerables, la situación es todavía peor: según la Fundación Secretariado Gitano, el 89 % de los menores gitanos viven en hogares en riesgo de pobreza.

Hablamos de hogares que no disponen de recursos suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los niños y las niñas. Un estudio de Save the Children estima que estos gastos de crianza ascienden a los 479 euros mensuales en el caso de niños y niñas menores de 3 años, y que van creciendo progresivamente hasta alcanzar los 588 euros en el caso de adolescentes de 13 a 17 años. Unas cifras que, pese a ser consideradas de mínimos, resultan directamente impensables para muchas familias que viven en la pobreza.

Por otra parte, la pandemia de covid-19 no está detrás de estas elevadas tasas de pobreza. España ya era el quinto país de la Unión Europea con más pobreza infantil, el tercero si sólo se considera a los menores de 16 años. Pero la pandemia ha empeorado todo: la crisis sanitaria puede elevar el número de niños y niñas que viven en la pobreza hasta los tres millones.

La realidad que desprenden estas estadísticas es muy preocupante, porque para cualquier menor, la pobreza tiene efectos devastadores, tanto en el presente como en el futuro. Por ejemplo, en la educación: en España, los alumnos de hogares en situación de pobreza tienen cuatro veces más posibilidades de repetir curso, según indican los resultados del informe PISA.

Frente a estos niveles de pobreza y carencias estructurales que afectan a la población infantil, la respuesta que se ha ofrecido hasta la fecha desde nuestro sistema de protección pública ha sido muy insuficiente: la inversión española en Infancia supone tan sólo el 1,2 % del PIB, la mitad del 2,4 % en promedio de la Unión Europea. Unos niveles que no permiten abordar adecuadamente las desventajas en las que se traducen nuestras elevadas tasas de pobreza y desigualdad infantil, menos aún corregirlas para garantizar la igualdad de oportunidades.

Una de las principales medidas en las que se materializaba esta inversión en infancia era la asignación económica por hijo o menor a cargo, más conocida como "prestación por hijo a cargo", configurada como una prestación económica dentro de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social. Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, esta prestación, que recibían más de 800.000 familias en toda España, se reconocía por cada hijo menor de dieciocho años, o mayor de dicha edad con una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción, que formen parte de hogares que se encontrasen en situación de vulnerabilidad económica por no alcanzar un determinado nivel de ingresos anuales.

Las cuantías de la prestación y los umbrales de renta del hogar para tener derecho a la misma serían las que para cada caso se determinasen anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2020, al producirse una nueva prórroga presupuestaria, estos importes se fijaron por el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero. Con carácter general, la cuantía de la prestación se fijó en 341 euros anuales para todos los hogares con ingresos inferiores a 12.424 euros anuales, y, si se trata de familias numerosas, en 18.699,00 euros, incrementándose en 3.029 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido. Asimismo, se fijó una cuantía de 588 euros anuales para aquellos hogares en situación de especial vulnerabilidad.

Desde hace tiempo, existían múltiples reivindicaciones, en su mayoría procedentes de ONGs y entidades de la sociedad civil que operan en el ámbito de la defensa y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, que clamaban por la ampliación progresiva tanto de la cuantía como el público destinatario de la asignación económica por hijo o menor a cargo, al objeto de que esta prestación pudiese acabar llegando a todos los hogares en situación de vulnerabilidad económica con la finalidad de acabar con la pobreza infantil en España.

Sin embargo, las últimas decisiones del Gobierno, paradójicamente, van en dirección contraria. Así se pone de manifiesto en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que en su disposición transitoria séptima contempla la integración de la asignación económica por hijo o menor a cargo en el nuevo ingreso mínimo vital, salvo en el supuesto en que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33 %, estableciendo que tras su entrada en vigor no podrán efectuarse nuevas solicitudes de reconocimiento de la prestación por hijo o menor a cargo en los demás supuestos, quedando a extinguir las que hubieran sido reconocidas hasta entonces.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos no compartimos la decisión del Gobierno de proceder a la supresión de la prestación por hijo a cargo por la vía de su integración en el ingreso mínimo vital. El Gobierno alega que ambas prestaciones fines análogos, pero como hemos señalado reiteradamente desde este grupo y como ha sido puesto de manifiesto desde las entidades sociales de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, esa afirmación no se ajusta a la realidad. Al contrario, cada una de estas prestaciones responden a objetivos y cubren necesidades básicas diferentes. Por un lado, el ingreso mínimo vital garantiza unos ingresos mínimos a hogares que se encuentran en riesgo de exclusión social, que carecen de ingresos o que no alcanzan para superar el umbral de pobreza severa, al objeto de que puedan ser destinados a satisfacer las necesidades vitales básicas de las personas que integran la misma unidad de convivencia. De ahí que su cuantía sea más elevada y su público destinatario más reducido. Por otro, la prestación por hijo a cargo tiene por objeto prestar un apoyo económico a hogares con ingresos reducidos, en situación de pobreza relativa pero no necesariamente en riesgo de exclusión social, para asegurar una adecuada atención a las necesidades básicas de los niños y niñas, contribuyendo con ello la igualdad de oportunidades.

La integración de la segunda en la primera provocará que todos los niños y niñas que viven en hogares que, atendiendo a sus condiciones personales y económicas, podrían ser beneficiarias de la prestación por hijo a cargo, pero no del ingreso mínimo vital, ahora, sin embargo, se vean privados de toda protección social. Estas circunstancias son las que para el Grupo Parlamentario Ciudadanos justifican que se garantice el mantenimiento de la asignación económica por hijo o menor a cargo en el supuesto de hijo o menor sin discapacidad, revirtiendo con ello su integración en el ingreso mínimo vital.

Asimismo, atendiendo a las reivindicaciones de las entidades que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que se debe aprovechar el restablecimiento de esta prestación para incrementar igualmente su cuantía, de modo que pase a fijarse, con carácter general, en 1.200 euros anuales, esto es, 100 euros al mes, por cada hijo o menor a cargo. Con ello se pretende asegurar un apoyo económico mínimo que permita garantizar la cobertura de una parte significativa de los gastos asociados a la crianza de estos menores, con la finalidad de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Además, esta cuantía se fija en 1.800 euros anuales (150 euros al mes) en el caso de aquellos hogares que por razón de sus bajos ingresos se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, pero que aun así no reúnan todos y cada uno de los requisitos exigidos para el ingreso mínimo vital.

Y por último, consideramos asimismo necesario que se amplíen los umbrales que dan derecho a esta prestación, de manera progresiva, con el objetivo de alcanzar a todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza relativa en nuestro país. Además, se contemplará entre estos umbrales uno más elevado para el supuesto de familias monoparentales con dos o más hijos, como el que ya se contempla para familias numerosas con tres o más hijos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de España:

1. Adoptar de inmediato las medidas que permitan recuperar la asignación económica por hijo o menor a cargo de la Seguridad Social en el supuesto de menor sin discapacidad.

2. Establecer una cuantía de la prestación de 1.200 euros anuales (100 euros al mes) por hijo o menor a cargo, con carácter general.

3. Establecer un umbral de ingresos más elevado para el supuesto de hijos o menores a cargo en familias monoparentales, como ya se contempla en el caso de las familias numerosas.

4. Promover, una vez recuperada, un incremento progresivo del umbral de ingresos que permiten acceder a esta prestación, atendiendo a la evolución socioeconómica y demográfica, a fin de mejorar su eficacia para luchar contra la pobreza infantil y avanzar hacia una efectiva igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia.

En Valladolid, a 17 de diciembre de 2020.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: María Teresa Gago López,

José Ignacio Delgado Palacios y

María Montero Carrasco

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros