PNL/000930-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de enero de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000923 a PNL/000937.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de enero de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Teresa Gago López, Alba Priscila Bermejo Santos y Blanca Delia Negrete Santamaría, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Economía y Hacienda:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal "Filomena" ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27 % al precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica derivada de la pandemia.

El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, potenciado, además de por este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios un 27 %, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.

Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más a las pymes, autónomos y consumidores particulares que deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos.

Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados directamente con el suministro:

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21 % para los consumidores peninsulares.

- Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica.

- Tasa Municipal del 1,5 %.

- Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan un 7 % de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema.

- Tasa hidroeléctrica: 25,5 %, similar al anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7 % anterior.

- Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 1.000 €/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7 % de generación eléctrica.

- Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las mismas.

- Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto Península como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.

- Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales.

La pandemia sanitaria, asimismo, ha provocado una abrupta y peligrosa crisis económica en nuestro país, que ha llevado al Banco de España a prever que el 10 % de las empresas de nuestro país se verán obligadas a echar el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre, antes de que nos azotara la tercera ola de la pandemia, más de la mitad de las pymes españolas veían amenazada su supervivencia por la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias. Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado noviembre de que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre. Además, esto se refleja también en las cifras de paro, que en 2020 aumentaron en 724.532 personas, la mayor subida del desempleo desde 2009.

Pese a la situación excepcional, las pymes, autónomos y los ciudadanos de a pie deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros complementos, aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente de pymes y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída de la actividad.

Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el temporal "Filomena" lo ha cambiado todo, incrementando exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 27 %. Por todo lo anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la que se vive actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas.

Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y cortes de suministro experimentados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Las Cortes de Castilla y León manifiestan la necesidad de que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de COVID-19.

2. En consecuencia, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigido a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y familias de Castilla y León, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:

a) Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar los costes de los suministros básicos.

b) Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

c) Acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción de suministros por causa de impago por consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno.

3. Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de España a que impulse, entre otras, las siguientes medidas:

a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.

b) Establecer un tipo de IVA reducido (10 %) para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la COVID-19.

c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad.

d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.

En Valladolid, a 11 de enero de 2021.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: María Teresa Gago López,

Alba Priscila Bermejo Santos y

Blanca Delia Negrete Santamaría

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros