PNL/000945-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de febrero de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000945 y PNL/000946.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La rápida respuesta de las instituciones de la Unión Europea destinada a afrontar y paliar las graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis de la COVID-19 ha sido clave para garantizar una red de emergencia que permita atender las necesidades más coyunturales de la pandemia y, al mismo tiempo, fortificar los cimientos de la recuperación de los países y las regiones de la UE, todo ello impulsado desde el principio de coordinación entre los distintos niveles administrativos.

Sobre los mecanismos enfocados a este propósito, REACT-EU se ha configurado como un vector económico que ha proyectado las ayudas enfocadas a la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía en el marco de la cohesión territorial, canalizadas mediante la revisión del actual marco financiero y a través del programa Next Generation EU.

Un total de 55.000 millones de euros adicionales con los que la Comisión Europea pretende apoyar el empleo, especialmente el juvenil, la educación y la formación, así como el fomento de la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía, mediante al apoyo a la inversión de las pymes y el refuerzo al capital circulante.

En este sentido, el pasado 28 de diciembre de 2020, a través del Foro Extraordinario de Economía y Política Regional, el Ministerio de Hacienda hacía público el reparto a las Comunidades Autónomas de 10.000 millones de esta iniciativa de donde Castilla y León recibirá 335 millones de euros, el 3,4 % del total.

Los criterios de reparto establecidos por la Comisión Europea parten de una distribución entre los Estados miembros con base en los efectos socioeconómicos de la crisis, así como el nivel de desempleo juvenil. Sin embargo, la institución ofrece flexibilidad y autonomía para la canalización de los fondos toda vez que los países comunitarios conozcan las cuantías a percibir.

Así, el Gobierno de España ha optado por interpolar la riqueza de cada C. A., el impacto de la pandemia en el desempleo y el paro juvenil como una tríada sobre la que consolidar el reparto entre las Comunidades Autónomas.

Si bien continúan con la visión europea para su concreción, la elección de las variables para determinar la cuantía correspondiente a cada Comunidad Autónoma no aporta una visión territorializada de las necesidades financieras, lo que permitiría una visión más ajustada y realista del reparto de fondos en clara consonancia a la repercusión de la pandemia en todo el territorio.

Resulta evidente que la proyección de las variables utilizadas para configurar el reparto estatal genera una distorsión analítica cuando se pretende alcanzar el ámbito autonómico en el marco de las competencias que les son propias a las Comunidades, ya que los efectos de los criterios utilizados no han interpolado las variables territoriales y su efecto más allá de los Presupuestos Generales del Estado.

Precisamente, el baremo propuesto por el Ejecutivo Central, prescinde de algunos valores de especial interés derivados del peso y la financiación de la prestación de los servicios públicos como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales, a pesar de ser objetivos finalistas de los fondos europeos.

Asimismo, en cuanto a la identificación del escenario económico, se prescinde de variables como como la Tasa de Actividad o el Índice de Competitividad Regional, junto a otros relativos al avance y desarrollo de la economía digital (uno de los pilares sobre los que descansa el reparto de fondos) como la brecha digital, el gasto en I+D o la extensión de la banda ancha.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España la revisión y actualización de los criterios de reparto de la iniciativa REACT-EU a las Comunidades Autónomas, acorde a las necesidades financieras vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales y a los objetivos establecidos por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea en el reparto y ejecución de estos fondos europeos.

En Valladolid, a 17 de febrero de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros