PNL/000961-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de marzo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000961 a PNL/000987.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de marzo de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fernández Bayón, Jesús Guerrero Arroyo, Laura Pelegrina Cortijo, Rubén Illera Redón, Consolación Pablos Labajo, Alicia Palomo Sebastián y Patricia Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior:

ANTECEDENTES

El Comercio Justo es, según la definición de la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO por sus siglas en inglés) "un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Se basa en: Condiciones laborales y salarios adecuados para los productores del Sur, que les permitan vivir con dignidad".

Por otro lado, la Compra Pública Ética se define como aquel proceso de compra y/o contratación llevado a cabo por las entidades del sector público en el que se consideran criterios de éticos de Comercio Justo para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales en la cadena de producción y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las comunidades productoras de los países empobrecidos.

En actualidad, debido a la crisis sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo, se hace más necesario que nunca buscar alternativas sociales, políticas y económicas que se basen en la sostenibilidad y la solidaridad, y una manera más para hacerlo es impulsar desde las administraciones públicas nuevas prácticas que potencien prácticas de consumo sostenible y de comercio justo que favorezcan un modelo de producción que contribuya al Desarrollo Sostenible como dicta el ODS 12 de la Agenda 2030.

El marco legal además incide en lo anteriormente expuesto, ya que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 147 dice que en los contratos públicos se establezcan cláusulas administrativas particulares en los criterios de adjudicación específicos para el desempate, y entre estos, en su apartado d) fija que "Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo".

Además en el preámbulo de dicha Ley se hace especial referencia a la necesidad de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo estableciendo tanto en los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución que se incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate, y en especial podrá exigirse que dicho proceso cumpla los principios de comercio justo que establece la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo (2005/2245(INI)) en su apartado 2.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Introducir en las contrataciones de servicios externos, como cafetería, vending y restauración, que celebre la Junta de Castilla y León o los órganos dependientes de la misma, cláusulas favorables al comercio justo.

2. Ofertar acciones formativas permanentes sobre compra pública ética al personal de la administración autonómica.

3. Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre el Comercio Justo como herramienta para el impulso del Consumo Responsable.

4. Establecer el comercio justo y la compra ética como línea específica del IV Plan Director de Cooperación para el desarrollo 2021-2024".

Valladolid, 15 de febrero de 2021.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Luis Ángel Fernández Bayón,

Jesús Guerrero Arroyo,

Laura Pelegrina Cortijo,

Rubén Illera Redón,

María Consolación Pablos Labajo,

Alicia Palomo Sebastián y

Elisa Patricia Gómez Urbán

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández