PNL/000989-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de abril de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000988 a PNL/000990.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El pasado mes de noviembre, la Junta de Castilla y León traicionó deliberadamente la confianza de los profesionales de la sanidad pública, provocando una gran brecha en la unidad social de la lucha contra el coronavirus.

Solo así se puede explicar que, a escondidas y sin el concurso de los representantes legítimos de los trabajadores, el presidente de la Junta de Castilla y León, el Sr. Fernández Mañueco, aprobara el Decreto 2/2020, de 12 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León, conocido como "decretazo".

Atrás quedaban muchos meses de lucha contra el SARS-CoV-2, durante los cuales dichos empleados públicos demostraron una gran profesionalidad, poniendo su tiempo, su dedicación e incluso su salud al servicio de la sociedad para salvar el mayor número de vidas posibles, a pesar de la escasez de los recursos y del gran desconocimiento del agente infeccioso. Atrás quedaba también el reconocimiento unánime de toda la sociedad al esfuerzo de estos profesionales, que durante muchos días se daba cita, a las 20:00 horas, en ventanas y balcones de sus viviendas para dedicarles un emotivo homenaje en forma de aplauso.

Atrás quedaban, incluso, los elogios de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León a dichos profesionales del sistema público de salud. Ya entonces podría haberse sospechado que tales elogios provenientes de quienes gestionaban -y aún gestionan- la sanidad pública de Castilla y León eran tan solo una burda representación pública, puesto que sus palabras difícilmente se correspondían con sus hechos y, al tiempo que ensalzaban públicamente el trabajo de los sanitarios, aprovechaban para escatimarles los recursos, negarles la prolongación de los contratos o regatearles el pago de la "gratificación COVID".

Desgraciadamente, no ha sido esta la primera vez que la Junta de Castilla y León decide romper la cohesión social en torno a la lucha contra el coronavirus. Hay que recordar que este gobierno autonómico contó durante mucho tiempo con el apoyo, la comprensión y la lealtad de la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales para liderar ese momento tan difícil que tocó gestionar.

Apoyo que fraguó en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión social de Castilla y León, al que el partido socialista de Castilla y León, como fuerza política mayoritaria, contribuyó de forma abundante y generosa. Sin embargo, apenas unos meses después, la Junta malversaba todo ese caudal de confianza y rompía nuevamente la unidad de acción para derrotar al coronavirus y superar la crisis sanitaria, económica y social, incumpliendo flagrantemente algunos de los compromisos más importantes reflejados en ese pacto como, por ejemplo, la reapertura de los consultorios locales o la recuperación de las consultas médicas presenciales en la sanidad pública de nuestra Comunidad.

El incumplimiento de este Pacto político y social fue sin duda el punto de inflexión a partir del cual la Junta de Castilla y León no ha hecho sino enfrentarse a todos y cada uno de los sectores económicos y de los colectivos sociales de Castilla y León en las decisiones que ha ido tomando. La soberbia y la falta de empatía que caracteriza a quienes hoy tienen la responsabilidad de gestionar políticamente nuestra Comunidad supone, como se ha podido comprobar, una dificultad añadida para establecer un diálogo fluido con los representantes de los distintos sectores públicos y privados y una verdadera traba para alcanzar soluciones de consenso y que, al mismo tiempo, respondan al interés general. Prueba de ello ha sido la aprobación del citado Decreto de prestaciones individuales obligatorias, que ha conseguido concitar la unidad de todos los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad y que ha desembocado en una petición unánime de dimisión al presidente de la Junta de Castilla y León, el Sr. Fernández Mañueco, así como a la de la consejera de Sanidad, la Sra. Casado Vicente. Un hecho prácticamente inédito en nuestra Comunidad.

Aun así, llueve sobre mojado en la sanidad pública de Castilla y León, muy especialmente en el terreno de los profesionales. Casi una década de recortes y una gestión viciada han dejado un panorama desolador: plantillas reducidas y mal distribuidas, profesionales sobrecargados, desmotivados y mal remunerados, alta precarización del empleo, falta de planificación y de previsión en la política de personal, ausencia de un verdadero plan de incentivos para retener y contratar nuevos profesionales, etc. Desgraciadamente, el equipo que tomó las riendas de la Consejería de Sanidad no solo no ha abordado estos problemas heredados de tiempos anteriores, sino que ha generado otros nuevos, casi siempre como consecuencia de utilizar la imposición y la política de hechos consumados como estrategia.

Sin embargo, el Decreto de prestaciones individuales obligatorias se ha convertido en la gota que ha colmado el vaso, puesto que, con su aprobación, el presidente de la Junta de Castilla y León no solo se ha burlado de los representantes legítimos de los trabajadores, sino que, además, ha puesto en tela de juicio su profesionalidad, haciendo pasar por obligación la prestación de un servicio que de otra manera harían -como ya hicieron en los primeros meses de la pandemia- por pura convicción y compromiso con el servicio público.

Para el olvido queda el intento burdo de la consejera de Sanidad de convencer a los representantes de los trabajadores de que el Decreto 2/2020, de 12 noviembre, no sería aplicado y sin más quedaría sin efecto. Muy lejos de esto, el decreto ha sido aplicado ampliamente para suspender vacaciones y permisos, para trasladar profesionales a otros servicios, a otros centros e incluso a otras provincias y, sobre todo, para eludir la negociación en Mesa Sectorial del establecimiento de límites en la suspensión de derechos laborales y de las necesarias compensaciones por cambios sustanciales en las condiciones de trabajo.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Derogar de inmediato el Decreto 2/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen prestaciones personales obligatorias a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública de Castilla y León.

2.- Devolver la negociación a la Mesa Sectorial de Sanidad, para que los representantes legítimos de los trabajadores de la sanidad pública de Castilla y León puedan reestablecer el necesario equilibrio en la determinación de las condiciones laborales de los empleados públicos, así como garantizar la participación de aquellos en la negociación de cualquier futura iniciativa en dicho ámbito".

Valladolid, 7 de abril de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández