4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001020-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de abril de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000991 a PNL/001020.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Soraya Blázquez Domínguez, M.ª del Carmen García Romero, Carlos Fernández Herrera, Laura Pelegrina Cortijo, Sergio Iglesias Herrera y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:
ANTECEDENTES
De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, los archivos históricos son «las instituciones de carácter público responsables de la custodia, la conservación y el tratamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio histórico documental español que sean reflejo de la trayectoria de la administración estatal a lo largo de la historia o que en todo caso resulten altamente significativos por su valor histórico, su singular importancia o su proyección internacional».
Actualmente, un objetivo de carácter general y de consecución necesaria para el acceso a la documentación -como derecho de acceso de los ciudadanos a la cultura- es la difusión de los fondos documentales. Para la consecución de este objetivo, la digitalización dichos fondos se ha ya convertido en una prioridad para los archivos históricos.
La pandemia de la COVID-19 ha destacado la importancia de los archivos y de los servicios que estos ofrecen a la ciudadanía: entre las diversas funciones que llevan a cabo los archivos, cabe destacar que llevan a cabo la creación de recursos digitales acordes con la normativa establecida (estructuras de metadatos, el protocolo OAI-PMH, web semántica, etc.), con el objetivo de aumentar la capacidad de recuperación de la información, su visibilidad y difusión. De este modo se ofrece al usuario datos de calidad, que no es otra cosa que ofrecer la información de contexto, para garantizar la autenticidad, la integridad, la utilidad y la fiabilidad de la información servida.
En este sentido, la pandemia ha subrayado la importancia de su digitalización y automatización, no solo para la conservación de sus fondos, sino para ofrecer un acceso eficiente a todos los usuarios. En efecto, en el último año, especialmente durante los duros meses de confinamiento total, muchos archivos han seguido siendo accesibles y prestando sus servicios, a pesar de que en algunos casos sus sedes físicas han estado cerradas. Ello ha sido posible gracias a la digitalización y el contar con herramientas informáticas, puesto que aquellos que tenían sus fondos digitalizados han podido seguir ofreciendo a sus usuarios un servicio continuado durante la pandemia y, por ende, sus trabajadores han podido seguir desempeñando sus actividades.
Con motivo de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Junta de Castilla y León suspendió la apertura al público de los archivos históricos provinciales y del Archivo General de Castilla y León durante todo el tiempo de duración del estado de alarma decretado por el Gobierno, a través de la Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre los archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de la competencia de gestión en materia de archivos, como de otros centros culturales, que corresponde a las comunidades autónomas. En función de ello, el jueves 21 de enero de 2021, la Junta de Castilla y León decretó el cierre total de sus 47 centros culturales: Archivos, Museos, Bibliotecas, Teatros, Auditorios, etc. Sólo hubo servicios en línea o con cita previa en el caso de las bibliotecas.
La Comunidad de Castilla y León ha tenido durante algún tiempo cerrados los archivos dependientes de la Junta a la consulta directa. Otras Comunidades, e incluso el propio Estado, habilitaron medidas para garantizar el derecho de acceso por parte de los ciudadanos a la cultura. Lo hicieron los archivos del Estado en Castilla y León (Archivo General de Simancas y Archivo de la Real Chancillería de Valladolid), que han permanecido abiertos, mediante el procedimiento de cita previa. Aunque con limitaciones de número de usuarios, el resto de las Comunidades españolas también ha mantenido abiertos sus archivos para la consulta. Cabe señalar, además, que en el caso de los archivos del Estado y de otros archivos de comunidades autónomas, se puede acceder a determinada documentación "online", pues tienen digitalizada diversa documentación.
En el caso de los archivos del Estado se puede acceder a través del PARES (Portal de Archivos Españoles en Red), la principal plataforma de difusión del Patrimonio Histórico Documental Español, creada y gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta plataforma "contiene fichas descriptivas e imágenes digitalizadas de los fondos documentales conservados en los Archivos Estatales". Sin embargo, en el PARES no figura aún toda la documentación de nuestros archivos, debido al enorme volumen de la misma. Los contenidos del PARES van aumentando a medida que se desarrollan los trabajos archivísticos de identificación, descripción y digitalización de los documentos. La consulta es libre y gratuita para todos los ciudadanos, tanto de la información descriptiva de los documentos como de las imágenes asociadas a ellos.
Por su parte, otras comunidades autónomas españolas cuentan también con acceso digital a la documentación: la Xunta de Galicia dispone del Archivo Digital de Galicia, Esta plataforma "permite la consulta a través de un punto único tanto de documentos que tengan objetos digitales asociados como aquellos otros no digitalizados de archivos como el Archivo de Galicia, los archivos históricos gestionados por la Xunta de Galicia (Archivo del Reino de Galicia, y Archivos Históricos Provinciales de Lugo y Ourense), los de administraciones locales, de centros docentes (universidades y centros de enseñanza media fundamentalmente), de instituciones y organismos cultural y sindical de interés para Galicia (Archivo de la Real Academia Gallega, Archivo de la Fundación Penzol y de la Fundación Luis Tilve) y de instituciones eclesiásticas. Está gestionada por la Subdirección Xeral de Arquivos e Museos de la Dirección Xeral de Políticas Culturais".
La Comunidad Foral de Navarra dispone de la herramienta Archivo Abierto, que permite la difusión de fondos documentales de acceso libre a través de la consulta en línea. Su principal objetivo es acercar y difundir el Patrimonio Documental de Navarra para su uso como fuente de información al servicio del conocimiento histórico y de la cultura. A través de Archivo Abierto se puede seleccionar, consultar y, en su caso, obtener copia de los documentos incorporados al buscador.
El País Vasco cuenta con el "Dokuklik", que es el portal web de consulta de la documentación de una parte importante de los archivos históricos vascos, tanto públicos como privados. Difunde, además, la copia digital de una parte significativa de estos documentos. Incluye dos buscadores: Badator y Registros Sacramentales.
El Gobierno de Aragón dispone del "DARA", un sistema de información de los Archivos de Aragón en el que participa el Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales, comarcas, ayuntamientos, asociaciones, fundaciones y otras instituciones públicas y privadas.
Por su parte, los archivos históricos de la Región de Murcia pusieron en marcha el programa de digitalización "CARMESÍ", que ha supuesto la digitalización de varios fondos documentales:
● 69.525 páginas de documentos históricos medievales (1245-1504).
● 107.156 páginas de Actas Capitulares del siglo XVI.
● 201.904 páginas de Actas Capitulares del siglo XVII.
● 312.847 páginas de Actas Capitulares del siglo XVIII.
● 53.941 páginas de Actas Capitulares del siglo XIX.
● 75.883 páginas de otras series documentales.
Andalucía también ha digitalizado diversos fondos. Por citar un ejemplo: desde 2012 están disponibles en la web los documentos digitalizados del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, correspondientes a los fondos del Marquesado de Alcalá de la Alameda y de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. En febrero de 2020 la Consejería de Cultura y Google presentaron el proyecto de digitalización de los archivos andaluces, que pretendía que más de 1.400 documentos, procedentes de los ocho archivos históricos provinciales de Andalucía, del Archivo General de Andalucía y del Archivo de la Real Chancillería de Granada, estuvieran disponibles online a través de la iniciativa 'Maravillas de Andalucía: relatos desde los archivos'.
Extrañamente el Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, en la Comparecencia ante la Comisión de Cultura y Turismo de las autonómicas del martes 2 de marzo de 2021, manifestó que "no se han cerrado los centros culturales de la Comunidad', sino que "se ha suspendido el servicio presencial, garantizando los derechos de los ciudadanos gracias a la digitalización". Sin embargo, es un hecho comprobado, constatado y evidente que la documentación de los archivos que dependen de la Comunidad no está digitalizada.
Cabe recordar que en la presentación del programa de gobierno el 6 de septiembre de 2019, el consejero de Cultura afirmó que: "necesitamos que nuestros archivos sean los garantes de los derechos de los ciudadanos y el pilar sobre el que se construya una nueva época de transparencia pública".
El cierre de los archivos provinciales decretado el 21 de enero de 2021 por parte de la Junta de Castilla y León -que se prolongó durante el mes de febrero y primeros ocho días de marzo- ha supuesto limitar el derecho de acceso a la cultura, no facilitando el acceso a los fondos documentales, pero, además, ha frenado en seco el trabajo de muchos investigadores, alumnos de fin de Grado, fin de Máster y becarios, que tienen que desarrollar sus trabajos en un periodo determinado.
El cierre de los archivos contrasta con lo que la hecho la Junta en el ámbito de las bibliotecas, donde, a pesar de haber decretado el cierre, sí ha mantenido el servicio de cita previa. Por otro lado, es constatable que la Junta de Castilla y León dispone de una página de patrimonio bibliográfico digitalizada, como es la Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL). Este proyecto, tal como reza en su web, tiene como principal objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, los fondos documentales de los archivos históricos provinciales no están a disposición de los usuarios vía digital.
De todo ello se desprende la importancia de la digitalización de los fondos documentales de los archivos históricos y el acceso a los mismos a través de la web. Por todo ello hacemos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. A la inmediata puesta en marcha de un programa de digitalización de la documentación de los archivos provinciales y a comenzar a ir poniéndola a disposición y consulta de los usuarios a través de la web o webs de la Junta de Castilla y León, a medida que vaya siendo digitalizada.
2. Las primeras series digitalizadas de los archivos provinciales serán puestas a disposición de los usuarios a través de la web oficial de la Junta de Castilla y León antes de finalizar 2021".
Valladolid, 5 de abril de 2021.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
María Soraya Blázquez Domínguez,
María del Carmen García Romero,
Carlos Fernández Herrera,
Laura Pelegrina Cortijo,
Sergio Iglesias Herrera y
Jesús Guerrero Arroyo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001020-01
CVE="BOCCL-10-018069"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 33746-33750
BOCCL nº 229/10 del 15/4/2021
CVE: BOCCL-10-018069
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001020-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Soraya Blázquez Domínguez, Dña. María del Carmen García Romero, D. Carlos Fernández Herrera, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Jesús Guerrero Arroyo, instando a la Junta de Castilla y León a la puesta en marcha de un programa de digitalización de la documentación de los archivos provinciales y la puesta a disposición de los mismos a los usuarios, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de abril de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000991 a PNL/001020.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de abril de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Soraya Blázquez Domínguez, M.ª del Carmen García Romero, Carlos Fernández Herrera, Laura Pelegrina Cortijo, Sergio Iglesias Herrera y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Cultura y Turismo:
ANTECEDENTES
De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, los archivos históricos son «las instituciones de carácter público responsables de la custodia, la conservación y el tratamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio histórico documental español que sean reflejo de la trayectoria de la administración estatal a lo largo de la historia o que en todo caso resulten altamente significativos por su valor histórico, su singular importancia o su proyección internacional».
Actualmente, un objetivo de carácter general y de consecución necesaria para el acceso a la documentación -como derecho de acceso de los ciudadanos a la cultura- es la difusión de los fondos documentales. Para la consecución de este objetivo, la digitalización dichos fondos se ha ya convertido en una prioridad para los archivos históricos.
La pandemia de la COVID-19 ha destacado la importancia de los archivos y de los servicios que estos ofrecen a la ciudadanía: entre las diversas funciones que llevan a cabo los archivos, cabe destacar que llevan a cabo la creación de recursos digitales acordes con la normativa establecida (estructuras de metadatos, el protocolo OAI-PMH, web semántica, etc.), con el objetivo de aumentar la capacidad de recuperación de la información, su visibilidad y difusión. De este modo se ofrece al usuario datos de calidad, que no es otra cosa que ofrecer la información de contexto, para garantizar la autenticidad, la integridad, la utilidad y la fiabilidad de la información servida.
En este sentido, la pandemia ha subrayado la importancia de su digitalización y automatización, no solo para la conservación de sus fondos, sino para ofrecer un acceso eficiente a todos los usuarios. En efecto, en el último año, especialmente durante los duros meses de confinamiento total, muchos archivos han seguido siendo accesibles y prestando sus servicios, a pesar de que en algunos casos sus sedes físicas han estado cerradas. Ello ha sido posible gracias a la digitalización y el contar con herramientas informáticas, puesto que aquellos que tenían sus fondos digitalizados han podido seguir ofreciendo a sus usuarios un servicio continuado durante la pandemia y, por ende, sus trabajadores han podido seguir desempeñando sus actividades.
Con motivo de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Junta de Castilla y León suspendió la apertura al público de los archivos históricos provinciales y del Archivo General de Castilla y León durante todo el tiempo de duración del estado de alarma decretado por el Gobierno, a través de la Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre los archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de la competencia de gestión en materia de archivos, como de otros centros culturales, que corresponde a las comunidades autónomas. En función de ello, el jueves 21 de enero de 2021, la Junta de Castilla y León decretó el cierre total de sus 47 centros culturales: Archivos, Museos, Bibliotecas, Teatros, Auditorios, etc. Sólo hubo servicios en línea o con cita previa en el caso de las bibliotecas.
La Comunidad de Castilla y León ha tenido durante algún tiempo cerrados los archivos dependientes de la Junta a la consulta directa. Otras Comunidades, e incluso el propio Estado, habilitaron medidas para garantizar el derecho de acceso por parte de los ciudadanos a la cultura. Lo hicieron los archivos del Estado en Castilla y León (Archivo General de Simancas y Archivo de la Real Chancillería de Valladolid), que han permanecido abiertos, mediante el procedimiento de cita previa. Aunque con limitaciones de número de usuarios, el resto de las Comunidades españolas también ha mantenido abiertos sus archivos para la consulta. Cabe señalar, además, que en el caso de los archivos del Estado y de otros archivos de comunidades autónomas, se puede acceder a determinada documentación "online", pues tienen digitalizada diversa documentación.
En el caso de los archivos del Estado se puede acceder a través del PARES (Portal de Archivos Españoles en Red), la principal plataforma de difusión del Patrimonio Histórico Documental Español, creada y gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta plataforma "contiene fichas descriptivas e imágenes digitalizadas de los fondos documentales conservados en los Archivos Estatales". Sin embargo, en el PARES no figura aún toda la documentación de nuestros archivos, debido al enorme volumen de la misma. Los contenidos del PARES van aumentando a medida que se desarrollan los trabajos archivísticos de identificación, descripción y digitalización de los documentos. La consulta es libre y gratuita para todos los ciudadanos, tanto de la información descriptiva de los documentos como de las imágenes asociadas a ellos.
Por su parte, otras comunidades autónomas españolas cuentan también con acceso digital a la documentación: la Xunta de Galicia dispone del Archivo Digital de Galicia, Esta plataforma "permite la consulta a través de un punto único tanto de documentos que tengan objetos digitales asociados como aquellos otros no digitalizados de archivos como el Archivo de Galicia, los archivos históricos gestionados por la Xunta de Galicia (Archivo del Reino de Galicia, y Archivos Históricos Provinciales de Lugo y Ourense), los de administraciones locales, de centros docentes (universidades y centros de enseñanza media fundamentalmente), de instituciones y organismos cultural y sindical de interés para Galicia (Archivo de la Real Academia Gallega, Archivo de la Fundación Penzol y de la Fundación Luis Tilve) y de instituciones eclesiásticas. Está gestionada por la Subdirección Xeral de Arquivos e Museos de la Dirección Xeral de Políticas Culturais".
La Comunidad Foral de Navarra dispone de la herramienta Archivo Abierto, que permite la difusión de fondos documentales de acceso libre a través de la consulta en línea. Su principal objetivo es acercar y difundir el Patrimonio Documental de Navarra para su uso como fuente de información al servicio del conocimiento histórico y de la cultura. A través de Archivo Abierto se puede seleccionar, consultar y, en su caso, obtener copia de los documentos incorporados al buscador.
El País Vasco cuenta con el "Dokuklik", que es el portal web de consulta de la documentación de una parte importante de los archivos históricos vascos, tanto públicos como privados. Difunde, además, la copia digital de una parte significativa de estos documentos. Incluye dos buscadores: Badator y Registros Sacramentales.
El Gobierno de Aragón dispone del "DARA", un sistema de información de los Archivos de Aragón en el que participa el Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales, comarcas, ayuntamientos, asociaciones, fundaciones y otras instituciones públicas y privadas.
Por su parte, los archivos históricos de la Región de Murcia pusieron en marcha el programa de digitalización "CARMESÍ", que ha supuesto la digitalización de varios fondos documentales:
● 69.525 páginas de documentos históricos medievales (1245-1504).
● 107.156 páginas de Actas Capitulares del siglo XVI.
● 201.904 páginas de Actas Capitulares del siglo XVII.
● 312.847 páginas de Actas Capitulares del siglo XVIII.
● 53.941 páginas de Actas Capitulares del siglo XIX.
● 75.883 páginas de otras series documentales.
Andalucía también ha digitalizado diversos fondos. Por citar un ejemplo: desde 2012 están disponibles en la web los documentos digitalizados del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, correspondientes a los fondos del Marquesado de Alcalá de la Alameda y de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. En febrero de 2020 la Consejería de Cultura y Google presentaron el proyecto de digitalización de los archivos andaluces, que pretendía que más de 1.400 documentos, procedentes de los ocho archivos históricos provinciales de Andalucía, del Archivo General de Andalucía y del Archivo de la Real Chancillería de Granada, estuvieran disponibles online a través de la iniciativa 'Maravillas de Andalucía: relatos desde los archivos'.
Extrañamente el Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, en la Comparecencia ante la Comisión de Cultura y Turismo de las autonómicas del martes 2 de marzo de 2021, manifestó que "no se han cerrado los centros culturales de la Comunidad', sino que "se ha suspendido el servicio presencial, garantizando los derechos de los ciudadanos gracias a la digitalización". Sin embargo, es un hecho comprobado, constatado y evidente que la documentación de los archivos que dependen de la Comunidad no está digitalizada.
Cabe recordar que en la presentación del programa de gobierno el 6 de septiembre de 2019, el consejero de Cultura afirmó que: "necesitamos que nuestros archivos sean los garantes de los derechos de los ciudadanos y el pilar sobre el que se construya una nueva época de transparencia pública".
El cierre de los archivos provinciales decretado el 21 de enero de 2021 por parte de la Junta de Castilla y León -que se prolongó durante el mes de febrero y primeros ocho días de marzo- ha supuesto limitar el derecho de acceso a la cultura, no facilitando el acceso a los fondos documentales, pero, además, ha frenado en seco el trabajo de muchos investigadores, alumnos de fin de Grado, fin de Máster y becarios, que tienen que desarrollar sus trabajos en un periodo determinado.
El cierre de los archivos contrasta con lo que la hecho la Junta en el ámbito de las bibliotecas, donde, a pesar de haber decretado el cierre, sí ha mantenido el servicio de cita previa. Por otro lado, es constatable que la Junta de Castilla y León dispone de una página de patrimonio bibliográfico digitalizada, como es la Biblioteca Digital de Castilla y León (BDCYL). Este proyecto, tal como reza en su web, tiene como principal objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y documentales de autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, los fondos documentales de los archivos históricos provinciales no están a disposición de los usuarios vía digital.
De todo ello se desprende la importancia de la digitalización de los fondos documentales de los archivos históricos y el acceso a los mismos a través de la web. Por todo ello hacemos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. A la inmediata puesta en marcha de un programa de digitalización de la documentación de los archivos provinciales y a comenzar a ir poniéndola a disposición y consulta de los usuarios a través de la web o webs de la Junta de Castilla y León, a medida que vaya siendo digitalizada.
2. Las primeras series digitalizadas de los archivos provinciales serán puestas a disposición de los usuarios a través de la web oficial de la Junta de Castilla y León antes de finalizar 2021".
Valladolid, 5 de abril de 2021.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
María Soraya Blázquez Domínguez,
María del Carmen García Romero,
Carlos Fernández Herrera,
Laura Pelegrina Cortijo,
Sergio Iglesias Herrera y
Jesús Guerrero Arroyo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001020-01
CVE="BOCCL-10-018069"
