PNL/001029-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de abril de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001029 a PNL/001032.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de abril de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El análisis macroeconómico, desde la perspectiva de la política tributaria, ofrece una distorsión en cuanto a las limitaciones del indicador de la presión fiscal que se define como la ratio resultante de vincular la recaudación y el Producto Interior Bruto.

Esta formulación, que metodológicamente posee obstáculos inherentes al cálculo de las variables, no interpola factores que permitan determinar las características del sistema fiscal, especialmente en lo relativo al impacto cuantitativo que soportan los contribuyentes (e incluso en la relación directa sobre la generación del valor de los bienes y servicios en un país).

Si se trata de clarificar este apartado, Frank (1959) y Bird (1964) sentaron las bases de los índices de sacrificio o esfuerzo fiscal, mediante la incorporación de estadísticas demográficas y salariales, con el objetivo de revelar la distribución efectiva de la tributación en un territorio determinado.

Como resultado, partiendo de estos postulados, mientras que los datos sobre presión fiscal colocan a nuestro país por debajo de la media de los países de la Eurozona, los valores de esfuerzo fiscal relevan que las cargas tributarias que soportan los ciudadanos de nuestro país son especialmente elevadas con respecto a la Unión Europea.

Sirvan como ejemplo las conclusiones alcanzadas por FUNCAS que, a través de un análisis comparativo, revela que la equiparación de nuestros niveles de esfuerzo fiscal con países como Finlandia, Alemania, Suecia, Dinamarca o Noruega obligaría a reducir la presión fiscal española entre -7,76 y -16,03 puntos.

Este tipo de estudios cobran una especial relevancia en escenarios de recesiones económicas, ya que la determinación de políticas fiscales contractivas que apuesten por una subida de impuestos solo contribuiría a un agravamiento de la desigualdad económica de las clases medias y trabajadoras, así como del tejido empresarial, que vería mermado su margen de maniobra para lograr una rápida y solida recuperación.

Precisamente, y aunque tanto la crisis financiera del 2008 como la crisis provocada por la COVID-19 poseen una etiología diferente, convergen en los altos índices de desempleo como consecuencia de la caída de la demanda del consumo. En el conjunto nacional, los niveles de paro ya se sitúan en cifras similares al 2009, sin contar con los trabajadores en ERTE.

A pesar de esta similitud, los últimos estudios microeconómicos ofrecen una panorámica muy diferente sobre el punto de partida de las empresas y las familias para afrontar la crisis frente a lo sucedido hace más de 10 años. Mientras que la tasa de ahorro de los hogares se sitúa en el entorno del 15 % (14,8 % en Castilla y León), el nivel de endeudamiento de las empresas alcanza el 82,2 % del PIB, lejos de los niveles registrados en 2010. Estos datos reflejan la buena predisposición de los agentes económicos para aprovechar las medidas de estímulo que permitan recuperar los niveles de actividad anteriores a la pandemia.

Sin embargo, las pretensiones del Gobierno de España de elevar el esfuerzo fiscal de los contribuyentes y empresas y, por consiguiente, de aumentar la recaudación vía impuestos directos no solo resultaría contraproducente (ya que castigaría el elevado nivel de ahorro de las familias como principal recurso económico en épocas de crisis), sino que ahondaría en la brecha con nuestro contexto europeo más inmediato, que aboga por implementar medidas de alivio fiscal para los ciudadanos y las empresas.

Así, los ambiciosos paquetes de estímulo de países como Alemania, Italia, Francia y Portugal, a través de rebajas fiscales para los sectores económicos estratégicos y amplios sectores de la población, han permitido estimular el consumo y la actividad económica, rebajando el impacto de la pandemia en el continente europeo.

Una apuesta que también se encuentra en clara sintonía con las recomendaciones de instituciones como el Banco de España y el Instituto de Estudios Económicos. Este último, en su Informe sobre Competitividad Fiscal en 2020, advierte que "mayores costes laborales pueden incidir negativamente sobre la generación de empleo por parte de nuestro tejido empresarial", recuperando las aportaciones de Rodríguez Gutiérrez y Canal Domínguez (2016) por cuanto el "aumento del coste laboral del 1 % se traduce en una reducción del orden del -0,37 % en el empleo". A largo plazo, y según los cálculos de esta entidad en su reciente estudio "La competitividad fiscal en las Comunidades Autónomas", podrían perderse hasta 10 puntos del PIB y hasta 2 millones de puestos de trabajo como consecuencia de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno de la Nación.

Si, como se demostró en 2008, el impacto de las crisis económicas se traduce en una reducción muy sensible de la recaudación tributaria, resulta del todo improcedente que, en una nueva situación de contracción económica, el Gobierno de España continúe con las subidas de impuestos y la implementación de una armonización fiscal al alza que perjudique a las empresas y clases medias españolas.

En contraposición a este modelo, es necesario potenciar la reactivación de los sectores económicos y, por extensión, de su contribución a la recaudación fiscal que, en definitiva, se traduzca en un apuntalamiento de las principales políticas y servicios que sostienen el Estado de Bienestar.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Exigir al Gobierno de la Nación la presentación de un Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como la normativa existente en materia de medidas fiscales y administrativas del sistema de financiación de las comunidades autónomas para la práctica eliminación de este tributo a través de las reducciones y bonificaciones que permitan armonizar a la baja este impuesto en beneficio del conjunto de los españoles.

2. Que, ante el escenario de contracción económica provocado por la pandemia, inste al Gobierno de España a garantizar una política tributaria moderada, encaminada a reducir la presión fiscal de las clases medias y trabajadoras y promoviendo un contexto fiscal que impulse la recuperación económica y del empleo en nuestro país.

En Valladolid, a 20 de abril de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros