PNL/001044-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de mayo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001044 a PNL/001085.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de mayo de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fernández Bayón, Alicia Palomo Sebastián, Laura Pelegrina Cortijo y Patricia Gómez Urbán, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior:

ANTECEDENTES

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin ningún tipo de distinción ni discriminación, tampoco por su orientación sexual o identidad de género.

El 18 de diciembre de 2008, Francia y Países Bajos presentaron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta de resolución, luego convertida en declaración, sobre el respeto a la orientación sexual e identidad de género. Dicha declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.

Esta declaración supuso un gran avance para los derechos humanos que rompió el tabú de hablar sobre los derechos LGBTI en las Naciones Unidas y hoy cuenta con la firma de 96 de los 193 miembros de la ONU.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la Resolución 17/19, que reconoce que se cometen actos de violencia y discriminación contra las personas LGBTI en todo el mundo.

En septiembre de 2015, 12 entidades de las Naciones Unidas emitieron una Declaración Conjunta convocando a los Estados a actuar urgentemente para acabar con la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI. Estas agencias señalaron: "El hecho de no respetar los derechos humanos de las personas LGBTI y de no protegerlas de abusos, como la violencia y las leyes y prácticas discriminatorias, supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y tiene un impacto significativo sobre la sociedad, fomentando una mayor vulnerabilidad a las enfermedades, a la exclusión social y económica, a la presión sobre las familias y comunidades, y también un impacto negativo sobre el crecimiento económico, el trabajo decente y el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara al futuro".

Para responder a esta preocupación, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó en julio de 2016, y renovó en julio de 2019, el mandato de Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En algunos sistemas regionales (como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos) existen figuras similares, como la Relataría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH.

En el ámbito europeo, en diciembre de 2020 la Comisión Europea aprobó la "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025" (COM-2020-698) y en marzo de 2021 el Parlamento Europeo aprobó una resolución para declarar la UE como una zona de libertad para las personas LGBTI (2021/2557).

Existe además una amplia jurisprudencia al respecto de la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde finales del siglo pasado el trabajo a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI en el mundo ha ido desarrollándose de manera significativa por parte de organizaciones sociales y administraciones públicas de todo el mundo, con un relevante crecimiento en el marco de la Cooperación Internacional al desarrollo realizada desde la UE y muchos de sus países, entre ellos España, que contempla esta realidad como una de sus prioridades en materia de Exteriores, y con especial papel e implicación de la cooperación descentralizada, entre las que destaca la trayectoria de la Junta de Extremadura, y más recientemente otras comunidades autónomas como Euskadi, Andalucía, Aragón, Baleares o La Rioja, entre otras.

Nuestra comunidad autónoma cuenta con algunas experiencias de cooperación internacional al desarrollo en su haber, con proyectos desarrollados en diferentes países, promovidas siempre por Fundación Triángulo Castilla y León, y respaldadas por instituciones regionales, locales y provinciales, si bien no cuenta con un respaldo y reconocimiento expreso por parte de sus instituciones del necesario compromiso con los derechos humanos de todas las personas sea cual sea su orientación sexual o identidad de género.

Precisamente para promover e implicar a las administraciones estatal, local y autonómicas en materia de diversidad sexual y de género en sus compromisos y acciones en cooperación internacional al desarrollo se aprobó la Declaración de Mérida en el VI Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBTI, organizado por la Fundación Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, y celebrado en Mérida y Badajoz del 8 al 11 de marzo de 2017, en el que las personas, instituciones y entidades asistentes al Congreso consensuaron y aprobaron los ocho principios que contiene para la defensa y protección del colectivo LGTBI en las políticas de cooperación internacional y que dice:

"El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que:

"A fin de respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a la vida y la seguridad de las personas, garantizado en virtud del derecho internacional, los Estados deben investigar, enjuiciar y sancionar de manera efectiva a los autores responsables de ejecuciones extrajudiciales y promulgar leyes sobre delitos motivados por los prejuicios que protejan a las personas de la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. Se deben establecer sistemas eficaces para registrar los actos de violencia motivados por los prejuicios e informar al respecto".

Actualmente son 76 los países que aun consideran ilegal las relaciones sexuales consentidas entre parejas del mismo sexo en privado, lo cual criminaliza en la práctica también a las personas trans. Asimismo, algunos de estos países penalizan estas relaciones con la pena de muerte: Arabia Saudita, Mauritania, Sudán, Irán, Yemen, Pakistán, Afganistán, Brunei y Catar más regiones de Nigeria y Somalia, y de facto Irak aunque hasta ahora no figure en su código penal.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales (LGBTI) ven así gravemente afectados sus derechos humanos a la vida privada, integridad personal, dignidad humana, igualdad ante la ley y no discriminación, el acceso a la justicia, la educación, la salud, la cultura y el trabajo, la vivienda y la libertad de circulación, así como continúan sufriendo impunes crímenes de odio o crímenes de prejuicio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, agresiones físicas y verbales, rechazo social, el impacto de la aplicación de leyes discriminatorias, hostigamiento policial, y falta de reconocimiento y protección legal, entre otros.

Por todo ello, asumimos los siguientes compromisos:

Artículo 1: Compromiso con la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. Mostramos nuestro compromiso con el reconocimiento de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales como derechos humanos, así como comprometemos nuestra activa posición de denuncia ante aquellos países que continúan criminalizando a estas poblaciones, a los que instamos a derogar toda normativa en este sentido, con especial énfasis en las penas de muerte y cárcel, y la prohibición del derecho de asociación de las personas LGBTI.

Artículo 2: Promoción de las políticas públicas de derechos humanos LGBTI. Nos comprometemos a trabajar en los mecanismos internacionales de derechos humanos incidiendo sobre las instituciones competentes en nuestro país en dicha materia para que pueda canalizar la denuncia en los organismos internacionales de los incumplimientos que tuvieran lugar.

Artículo 3: Informes. Sin prejuicio de lo establecido en el artículo anterior establecemos los informes alternativos de sociedad civil, incluyendo el Examen Periódico Universal del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas como una de las herramientas más efectivas para instar a los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Para ello el trabajo cercano con la sociedad civil organizada en nuestro ámbito de actuación y vinculada a su vez con los grupos de base de terceros países el vehículo preferente para la denuncia de dichas vulneraciones.

Artículo 4: Coherencia en las políticas de cooperación internacional al desarrollo. Comprometemos que nuestras diferentes herramientas e instrumentos de cooperación internacional para el desarrollo tengan en cuenta el enfoque de género, la orientación sexual y la identidad de género, así como la diversidad corporal. En especial en los instrumentos de cooperación técnica, cooperación bilateral y cooperación directa. Igualmente promoveremos que este enfoque sea incorporado por parte de otras organizaciones e instituciones públicas, nacionales y supranacionales.

Artículo 5: Compromiso presupuestario. Comprometemos dedicar parte de nuestro presupuesto en cooperación internacional al desarrollo de programas y proyectos que promocionen los derechos humanos con un enfoque de género, orientación sexual e identidad de género.

Artículo 6: Promoción de esta declaración. Instaremos a otros organismos locales, regionales, estatales y supraestatales competentes en materia de cooperación internacional para el desarrollo y derechos humanos a adherirse a esta declaración, y por tanto a involucrarse en la defensa activa de los derechos humanos de las personas LGBTI de manera real y efectiva.

Artículo 7: Educación para el desarrollo. Entendemos como prioritaria la sensibilización de nuestra propia ciudadanía en la educación y sensibilización sobre la realidad de vulneración de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Artículo 8: Equidad e igualdad / Igualdad social y dignidad humana. Nuestro compromiso es por la equidad, la igualdad social y la dignidad humana. Nos comprometemos con los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, pero también con todos los derechos humanos, la justicia social, y la defensa de la tierra y el espacio natural. Luchamos contra la explotación económica, el expolio cultural, la homogeneización ideológica y la intolerancia religiosa de todo tipo. Esta Declaración fue consensuada y aprobada por el plenario del VI Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBT organizado por Fundación Triángulo en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, realizado en Mérida y Badajoz, del 8 al 11 de marzo de 2017. La declaración fue firmada por las personas, instituciones y entidades asistentes al Congreso en Mérida, el 11 de marzo de 2017, acordándose la promoción de la misma para las adhesiones posteriores por parte de instituciones públicas locales, regionales, estatales y supraestatales".

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Adherirse a la Declaración de Mérida sobre compromiso de las instituciones públicas en materia de Derechos Humanos LGTBI en el mundo.

2. Promover e incluir en sus planes, normativas y convocatorias sobre Cooperación Internacional al Desarrollo la consideración de la diversidad sexual y de género como una línea más de trabajo.

3. Promover la firma y respaldo de la Declaración de Mérida por parte de las diferentes administraciones locales y provinciales de Castilla y León".

Valladolid, 19 de abril de 2021.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Luis Ángel Fernández Bayón,

Alicia Palomo Sebastián,

Laura Pelegrina Cortijo y

Elisa Patricia Gómez Urbán

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández