PNL/001063-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de mayo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001044 a PNL/001085.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de mayo de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

En virtud de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, la Administración autonómica tiene que garantizar una red de prevención, intervención y asistencia a las víctimas de violencia de género.

En concreto, la Sección I del Capítulo II del Título II se refiere a los centros de atención para víctimas de violencia de género destinados a la información, atención y alojamiento temporal para aquellas mujeres que lo necesiten y los menores o dependientes a cargo. Estos centros son de tres tipos: centros de emergencia, casas de acogida o pisos tutelados.

Tras la aprobación de la Ley, se aprobó su desarrollo reglamentario (con años de retraso) a través del DECRETO 2/2019, de 7 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León.

Dichos centros cumplen una función de atención e intervención sobre todo en aquellos casos donde no existe alternativa habitacional para las mujeres ni cuentan con recursos económicos, familiares y sociales para poder salir de la situación de violencia. Los centros suponen, en cada una de sus modalidades, unos recursos imprescindibles que van desde el acompañamiento hasta el asesoramiento jurídico, psicológico o laboral, así como a cubrir la propia necesidad habitacional.

Estos recursos habitacionales han variado desde que se crearon las primeras, tanto a nivel administrativo y a su conversión en servicios esenciales como en el perfil de las mujeres que acceden a él. En su gran mayoría, las mujeres que optan por un recurso habitacional no tienen formación, empleo ni recursos de ningún tipo por lo que su salida de la situación de violencia se torna mucho más complicada.

En Castilla y León los recursos habitacionales para víctimas de violencia de género son gestionados por entidades externas, la mayoría de ellas entidades sin ánimo de lucro, algunas religiosas y en algún caso entidades locales (es el caso del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación de Segovia). Algunas de estas entidades están especializadas en intervención en violencia de género gracias a sus profesionales, otras no tanto.

Lo que sí es común a todas ellas es la precariedad económica y de gestión, por un lado, y la falta de una planificación integral sobre los recursos habitacionales para víctimas de violencia de género de forma centralizada, por otro. Con los mismos presupuestos y las mismas dotaciones materiales e instalaciones durante décadas en muchos casos, con la imposibilidad de contratar personas en cada ámbito especializadas en la intervención y la atención por falta de presupuesto por un lado, con una gestión a base de parches y sin planificación a largo plazo por parte de la Consejería por otro, estos recursos no pueden atender de la forma adecuada a las mujeres y menores que lo necesitan.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Realizar una planificación integral de los tres centros de emergencia y las catorce casas de acogida que hay en la actualidad en nuestra Comunidad que incluya las necesidades materiales y de recursos humanos, el fomento de una intervención centralizada y pautada desde la Consejería de Familia y la colaboración administrativa y de gestión entre cada una de ellas.

2. Implantar en la presente legislatura pisos tutelados como una alternativa habitacional necesaria para determinadas situaciones de extrema vulnerabilidad.

3. Mejorar la dotación presupuestaria de todos los centros, llegando a invertir un mínimo de dos millones de euros en el próximo ejercicio presupuestario.

4. Garantizar la especialización en intervención con víctimas de violencia de género en cada uno de los ámbitos (psicológico, jurídico, laboral, etc.) para las profesionales que desarrollan su labor en estos centros".

En Valladolid, a 27 de abril de 2021.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos