PNL/001091-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001091-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Sra. Pinacho Fernández (VOX), instando a la Junta de Castilla y León a no imponer en el territorio de la comunidad toques de queda, restricciones a la movilidad o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los castellanoleoneses, así como a permitir que los establecimientos hosteleros, locales comerciales y demás actividades puedan abrir conforme al horario y condiciones que les permita su licencia de actividad, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de mayo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001091 a PNL/001094.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de mayo de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de la Procuradora M.ª Fátima Pinacho Fernández, perteneciente al partido político VOX, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional. Meses después de que finalizara, el Gobierno volvió a establecer un estado de alarma por un periodo de 6 meses, que dejaba a discreción de los gobiernos autonómicos la imposición de toques de queda y restricciones a la libre circulación dentro de los márgenes establecidos por el propio Real Decreto.

Dichos estados de excepción, que dejaban en suspenso y restringían derechos fundamentales y libertades públicas en contra de la Constitución, levantaron en su momento la suspicacia y el rechazo de un amplio sector de la población.

Además, generaron serias dudas legales entre quienes consideraban los sucesivos reales decretos de estados de alarma como estados de excepción encubiertos, hasta el punto de que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por su dudosa legalidad, encontrándose aún a la espera de resolución, por el partido político VOX.

A cinco días de que decaiga el estado de alarma, el Gobierno ha roto definitivamente con el principio de respuesta sanitaria nacional y unidad de acción en la lucha contra el virus dejando a la absoluta discreción de las Comunidades Autónomas la declaración de toques de queda y de nuevas restricciones de derechos fundamentales y libertades individuales.

La principal consecuencia de este nuevo real decreto-ley -no convalidado ni discutido por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional- es una manifiesta desigualdad entre españoles de distintos territorios, donde sus derechos y libertades varían según la parte del territorio en la que se encuentren, algo que está muy lejos de respetar el artículo 14 de la Constitución Española.

El Gobierno balear ha sido el primero en valerse de este instrumento para proceder a la restricción de derechos y a la prolongación del toque de queda; sin que a estos efectos sea relevante la provisional autorización del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Esta sucesión de decisiones de los gobiernos nacional y autonómicos han llevado a que, durante meses, los españoles hayamos tenido que soportar cómo las autoridades autonómicas, ante la dejación de responsabilidades del Gobierno de la Nación, han restringido derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación y residencia, el derecho de reunión o manifestación, la libertad de culto y el derecho al trabajo y a la libertad de empresa.

Estas restricciones han tenido como consecuencia que cientos de miles de españoles hayan sido privados de su derecho al trabajo, ocasionando pérdidas millonarias que no han sido compensadas por aquellos que han tomado estas decisiones desproporcionadas y, en muchas ocasiones, sin una base científica o sanitaria solvente.

En este año de pandemia, más de 620.000 españoles han perdido su empleo, alcanzando la escalofriante cifra de cuatro millones de parados, y más de medio millón aún en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Tal y como atestigua la evolución de personas en ERTE y como ha afirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, existe una estrecha correlación entre las restricciones a la movilidad y la cantidad de españoles en ERTE, que aún no pueden trabajar y mantienen la incertidumbre de si podrán regresar a sus puestos de trabajo.

Con el fin del Estado de Alarma previsto para el 9 de mayo, y a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional en relación a los recursos interpuestos, es necesario que las Administraciones Públicas de España acaben con las restricciones de movilidad y los toques de queda arbitrarios que desde el primer momento han generado dudas sobre por su afectación directa a los derechos fundamentales de los españoles.

España tiene que protegerse, pero no debe detenerse. Pasado un año desde el inicio de la pandemia, a las puertas de una temporada de verano crucial para muchos sectores estratégicos de nuestro país, como la hostelería o el turismo, es urgente acabar con las restricciones al trabajo y devolver a las empresas la libertad para trabajar.

A pesar de que el ritmo de vacunación debería ser más elevado, hoy tenemos más de cinco millones de españoles con la pauta completa de vacunación -incluyendo a un amplio porcentaje de la población más vulnerable- y más de doce millones de personas han recibido su primera dosis.

Además, la comparativa entre regiones de España, e incluso con otros países europeos durante este año, ha demostrado que el endurecimiento de los cierres de la hostelería y de las restricciones a la movilidad no sigue necesariamente una proporción directa con la evolución de los datos sanitarios de COVID-19. En muchos casos, medidas más duras sostenidas en el tiempo no han resultado en menores datos de contagios o de fallecimientos por coronavirus.

Finalmente, desde el prisma jurídico-legal, existen abundantes argumentos para que las Administraciones autonómicas se abstengan de mantener este tipo de restricciones.

Por un lado, las medidas para la gestión de la pandemia posteriores a la regulación establecida en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, no pueden subsumir las previsiones del régimen excepcional contenidas en éste, mediante la aplicación de dicho estado, previsto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Además, las medidas que restringen o limitan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución, por tal razón, están necesariamente sujetas a reserva de ley orgánica, de conformidad con el art. 81 de la Constitución. Tales medidas no constituyen un desarrollo normativo que, por su contenido, pueda ampararse en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

En definitiva, las disposiciones de las Comunidades Autónomas no pueden vulnerar las competencias estatales establecidas en el art. 149.1.1.ª ("regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"); 16.ª ("bases y coordinación general de la sanidad") y 18.ª ("bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas") de la Constitución.

En especial es necesario reafirmar la competencia estatal exclusiva sobre las "bases y coordinación general de la sanidad" ex artículo 149.1.16.ª de la Constitución y su carácter básico.

Hasta el momento en que las Cortes Generales, depositarias de la soberanía nacional, materialicen la devolución al Estado de las competencias en sanidad, las Comunidades Autónomas ostentan únicamente competencias de "desarrollo legislativo" y "ejecución" de la legislación sanitaria básica del Estado, de acuerdo con lo previsto en sus respectivos Estatutos -para las Islas Baleares, el artículo 30.48 de su norma estatutaria-. En cualquier caso, las leyes autonómicas deben pues adecuarse a lo dispuesto en la legislación estatal básica.

En todo caso, más allá de las cuestiones de orden estrictamente jurídicas, es inadmisible que, finalizado el estado de alarma, las Comunidades Autónomas empleen instrumentos de discutible legalidad, para mantener limitaciones a la libre circulación y residencia de los españoles, restricciones a la libertad de culto o el derecho de reunión pacífica y sin armas, así como restricciones arbitrarias a la libertad de empresa y de actividad o el derecho al trabajo.

Todas estas razones ponen de manifiesto la necesidad de poner fin a todas las medidas que, con dudosa base legal, han suspendido los derechos y libertades de los españoles y han supuesto la ruina de cientos de miles de compatriotas.

Por todo ello, presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a no imponer ningún toque de queda ni restricciones a la movilidad en el territorio de la comunidad o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los castellanoleoneses.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a permitir que los establecimientos hosteleros, locales comerciales y cualquier otro tipo de actividad pueda abrir conforme al horario y condiciones de su licencia de actividad, sin perjuicio de las medidas de ordenamiento del espacio que puedan ser temporalmente necesarias para evitar aglomeraciones y contactos estrechos dentro de los establecimientos y de las medidas de protección sanitaria personal.

10 de mayo de 2021.

LA PROCURADORA,

Fdo.: María de Fátima Pinacho Fernández


PNL/001091-01

CVE="BOCCL-10-019605"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 36828-36831
BOCCL nº 248/10 del 27/5/2021
CVE: BOCCL-10-019605

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001091-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Sra. Pinacho Fernández (VOX), instando a la Junta de Castilla y León a no imponer en el territorio de la comunidad toques de queda, restricciones a la movilidad o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los castellanoleoneses, así como a permitir que los establecimientos hosteleros, locales comerciales y demás actividades puedan abrir conforme al horario y condiciones que les permita su licencia de actividad, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de mayo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001091 a PNL/001094.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de mayo de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de la Procuradora M.ª Fátima Pinacho Fernández, perteneciente al partido político VOX, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional. Meses después de que finalizara, el Gobierno volvió a establecer un estado de alarma por un periodo de 6 meses, que dejaba a discreción de los gobiernos autonómicos la imposición de toques de queda y restricciones a la libre circulación dentro de los márgenes establecidos por el propio Real Decreto.

Dichos estados de excepción, que dejaban en suspenso y restringían derechos fundamentales y libertades públicas en contra de la Constitución, levantaron en su momento la suspicacia y el rechazo de un amplio sector de la población.

Además, generaron serias dudas legales entre quienes consideraban los sucesivos reales decretos de estados de alarma como estados de excepción encubiertos, hasta el punto de que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por su dudosa legalidad, encontrándose aún a la espera de resolución, por el partido político VOX.

A cinco días de que decaiga el estado de alarma, el Gobierno ha roto definitivamente con el principio de respuesta sanitaria nacional y unidad de acción en la lucha contra el virus dejando a la absoluta discreción de las Comunidades Autónomas la declaración de toques de queda y de nuevas restricciones de derechos fundamentales y libertades individuales.

La principal consecuencia de este nuevo real decreto-ley -no convalidado ni discutido por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional- es una manifiesta desigualdad entre españoles de distintos territorios, donde sus derechos y libertades varían según la parte del territorio en la que se encuentren, algo que está muy lejos de respetar el artículo 14 de la Constitución Española.

El Gobierno balear ha sido el primero en valerse de este instrumento para proceder a la restricción de derechos y a la prolongación del toque de queda; sin que a estos efectos sea relevante la provisional autorización del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Esta sucesión de decisiones de los gobiernos nacional y autonómicos han llevado a que, durante meses, los españoles hayamos tenido que soportar cómo las autoridades autonómicas, ante la dejación de responsabilidades del Gobierno de la Nación, han restringido derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación y residencia, el derecho de reunión o manifestación, la libertad de culto y el derecho al trabajo y a la libertad de empresa.

Estas restricciones han tenido como consecuencia que cientos de miles de españoles hayan sido privados de su derecho al trabajo, ocasionando pérdidas millonarias que no han sido compensadas por aquellos que han tomado estas decisiones desproporcionadas y, en muchas ocasiones, sin una base científica o sanitaria solvente.

En este año de pandemia, más de 620.000 españoles han perdido su empleo, alcanzando la escalofriante cifra de cuatro millones de parados, y más de medio millón aún en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Tal y como atestigua la evolución de personas en ERTE y como ha afirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, existe una estrecha correlación entre las restricciones a la movilidad y la cantidad de españoles en ERTE, que aún no pueden trabajar y mantienen la incertidumbre de si podrán regresar a sus puestos de trabajo.

Con el fin del Estado de Alarma previsto para el 9 de mayo, y a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional en relación a los recursos interpuestos, es necesario que las Administraciones Públicas de España acaben con las restricciones de movilidad y los toques de queda arbitrarios que desde el primer momento han generado dudas sobre por su afectación directa a los derechos fundamentales de los españoles.

España tiene que protegerse, pero no debe detenerse. Pasado un año desde el inicio de la pandemia, a las puertas de una temporada de verano crucial para muchos sectores estratégicos de nuestro país, como la hostelería o el turismo, es urgente acabar con las restricciones al trabajo y devolver a las empresas la libertad para trabajar.

A pesar de que el ritmo de vacunación debería ser más elevado, hoy tenemos más de cinco millones de españoles con la pauta completa de vacunación -incluyendo a un amplio porcentaje de la población más vulnerable- y más de doce millones de personas han recibido su primera dosis.

Además, la comparativa entre regiones de España, e incluso con otros países europeos durante este año, ha demostrado que el endurecimiento de los cierres de la hostelería y de las restricciones a la movilidad no sigue necesariamente una proporción directa con la evolución de los datos sanitarios de COVID-19. En muchos casos, medidas más duras sostenidas en el tiempo no han resultado en menores datos de contagios o de fallecimientos por coronavirus.

Finalmente, desde el prisma jurídico-legal, existen abundantes argumentos para que las Administraciones autonómicas se abstengan de mantener este tipo de restricciones.

Por un lado, las medidas para la gestión de la pandemia posteriores a la regulación establecida en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, no pueden subsumir las previsiones del régimen excepcional contenidas en éste, mediante la aplicación de dicho estado, previsto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Además, las medidas que restringen o limitan los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución, por tal razón, están necesariamente sujetas a reserva de ley orgánica, de conformidad con el art. 81 de la Constitución. Tales medidas no constituyen un desarrollo normativo que, por su contenido, pueda ampararse en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

En definitiva, las disposiciones de las Comunidades Autónomas no pueden vulnerar las competencias estatales establecidas en el art. 149.1.1.ª ("regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"); 16.ª ("bases y coordinación general de la sanidad") y 18.ª ("bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas") de la Constitución.

En especial es necesario reafirmar la competencia estatal exclusiva sobre las "bases y coordinación general de la sanidad" ex artículo 149.1.16.ª de la Constitución y su carácter básico.

Hasta el momento en que las Cortes Generales, depositarias de la soberanía nacional, materialicen la devolución al Estado de las competencias en sanidad, las Comunidades Autónomas ostentan únicamente competencias de "desarrollo legislativo" y "ejecución" de la legislación sanitaria básica del Estado, de acuerdo con lo previsto en sus respectivos Estatutos -para las Islas Baleares, el artículo 30.48 de su norma estatutaria-. En cualquier caso, las leyes autonómicas deben pues adecuarse a lo dispuesto en la legislación estatal básica.

En todo caso, más allá de las cuestiones de orden estrictamente jurídicas, es inadmisible que, finalizado el estado de alarma, las Comunidades Autónomas empleen instrumentos de discutible legalidad, para mantener limitaciones a la libre circulación y residencia de los españoles, restricciones a la libertad de culto o el derecho de reunión pacífica y sin armas, así como restricciones arbitrarias a la libertad de empresa y de actividad o el derecho al trabajo.

Todas estas razones ponen de manifiesto la necesidad de poner fin a todas las medidas que, con dudosa base legal, han suspendido los derechos y libertades de los españoles y han supuesto la ruina de cientos de miles de compatriotas.

Por todo ello, presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a no imponer ningún toque de queda ni restricciones a la movilidad en el territorio de la comunidad o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los castellanoleoneses.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a permitir que los establecimientos hosteleros, locales comerciales y cualquier otro tipo de actividad pueda abrir conforme al horario y condiciones de su licencia de actividad, sin perjuicio de las medidas de ordenamiento del espacio que puedan ser temporalmente necesarias para evitar aglomeraciones y contactos estrechos dentro de los establecimientos y de las medidas de protección sanitaria personal.

10 de mayo de 2021.

LA PROCURADORA,

Fdo.: María de Fátima Pinacho Fernández


PNL/001091-01

CVE="BOCCL-10-019605"



Sede de las Cortes de Castilla y León