4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001093-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de mayo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001091 a PNL/001094.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de mayo de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de la Procuradora M.ª Fátima Pinacho Fernández, perteneciente al partido político VOX, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia del Covid 19 y la gestión de la crisis llevada a cabo por el Gobierno Nacional ha provocado la desaparición de cientos de miles de empleos, la destrucción de más de 200.000 empresas y, por supuesto, el trágico fallecimiento de alrededor de 100.000 personas en España.
Nuestra nación se encuentra inmersa en una emergencia social y económica sin precedentes en la historia reciente. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera por la pandemia, especialmente innumerables familias han visto mermados sus ingresos como consecuencia de las restricciones que han expropiado de hecho el derecho al trabajo de millones de españoles, sin compensación ni abono de justo precio.
Para dar respuesta a la emergencia sanitaria, social y económica generada por la pandemia, la Unión Europea ha puesto en marcha un mecanismo para otorgar fondos que, por sentido común y de la justicia, deberían ir dirigidos a paliar las consecuencias de la crisis reconstruyendo la economía de los Estados miembros; si bien pueden acabar siendo destinados a transformar las economías con arreglo a criterios y prejuicios ideológicos.
Dichos fondos están condicionados a que los Estados miembros acometan una serie de reformas ligadas a la reducción del déficit y la puesta en marcha de proyectos dirigidos a premiar y fomentar la llamada "transición ecológica", las políticas climáticas, de digitalización o de igualdad de género, entre otros.
En el caso de España, el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se recogen diversas medidas a implementar para poder recibir los fondos europeos. Muchas de estas medidas, y a pesar del intento de ocultación durante la campaña electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid, implican un aumento de diferentes figuras tributarias y la creación de otras nuevas figuras impositivas.
Una de las más polémicas es la contenida en el apartado segundo de dicho plan, donde se recoge un genérico "se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", que puede generar confusión, pero que es aclarado más adelante cuando dice que "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de las infraestructuras".
Con casi cuatro millones de españoles en paro y más de cuatrocientos mil en ERTE, el Gobierno de la Nación ha decidido atacar directamente el bolsillo de las familias y de todos los que necesitan desplazarse por carretera para trabajar. Pretenden además que todos los españoles paguen por algo que ya está gravado a través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o por otros impuestos como es el caso del transporte, tal y como recuerda la Confederación Española de Transporte de Mercancías al afirmar que "El transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos. La implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo".
Esta propuesta no es nueva. Durante la primera legislatura del Partido Popular de Mariano Rajoy, ya se planteó implementar un gravamen similar, sin que finalmente llegara a materializarse.
La coalición de gobierno PSOE y UP dijo llegar para defender la universalidad del acceso a los servicios públicos, aumentar la presión fiscal sólo a los ricos y poner en marcha un escudo social para que "nadie quede atrás". Ahora, se justifica en la supuestamente tan necesaria y urgente transición ecológica que desincentive el uso de modalidades de transporte contaminantes para llevar a cabo lo que, de facto, será un auténtico ataque al bolsillo de las clases medias y trabajadoras.
Mientras que algunos usan los privilegios que les dan sus responsabilidades institucionales para viajar de forma abusiva en aviones privados y en grandes caravanas de vehículos oficiales, pretenden imponer a todos los españoles un nuevo modelo económico basado en la pobreza y la falta de libertad de una mayoría para mantener los privilegios de unos pocos a través de nuevos peajes, impuestos y tasas verdes.
Lejos de ser un bien de lujo, la inmensa mayoría de familias españolas, los trabajadores y muy especialmente los autónomos y las empresas de transporte necesitan del acceso en las condiciones más favorables posibles a estas infraestructuras. Por ello, se hace necesario reprobar esta decisión que busca satisfacer la voracidad recaudatoria del Gobierno y, especialmente, maquillar ante la UE unas cuentas públicas nacionales insostenibles a costa de quitar más dinero a los que lo necesitan más que nunca, en vez de hacerlo a costa del recorte del gasto político ineficaz que mantienen las administraciones a nivel nacional y autonómico.
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Las Cortes de Castilla y León se muestran contrarias al establecimiento de un sistema de pago por uso en cualquiera de las carreteras españolas, sean gestionadas por el Estado, las comunidades autónomas, o entidades locales.
2. Las Cortes de Castilla y León se muestran contrarias al establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como al aumento de los ya existentes a los vehículos y medios de transporte.
3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a paralizar todas las medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que puedan suponer el establecimiento de un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y aquellas gestionadas por las comunidades autónomas o entidades locales.
4. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a paralizar el establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como al aumento de los ya existentes a los vehículos y medios de transporte.
En Valladolid, a 14 de mayo de 2021.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María de Fátima Pinacho Fernández
PNL/001093-01
CVE="BOCCL-10-019607"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 36835-36837
BOCCL nº 248/10 del 27/5/2021
CVE: BOCCL-10-019607
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001093-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Sra. Pinacho Fernández (VOX), para que las Cortes de Castilla y León se muestren contrarias al establecimiento de un sistema de pago por uso en las carreteras españolas, así como al establecimiento de nuevas tasas, tributos o al aumento de los ya existentes para los vehículos y medios de transporte; e instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación a paralizar las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que puedan suponer el establecimiento de un sistema de pago por uso en la red de carreteras, así como a paralizar el establecimiento de nuevas tasas, tributos o el aumento de los ya existentes para los vehículos y medios de transporte, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de mayo de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001091 a PNL/001094.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de mayo de 2021.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de la Procuradora M.ª Fátima Pinacho Fernández, perteneciente al partido político VOX, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia del Covid 19 y la gestión de la crisis llevada a cabo por el Gobierno Nacional ha provocado la desaparición de cientos de miles de empleos, la destrucción de más de 200.000 empresas y, por supuesto, el trágico fallecimiento de alrededor de 100.000 personas en España.
Nuestra nación se encuentra inmersa en una emergencia social y económica sin precedentes en la historia reciente. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera por la pandemia, especialmente innumerables familias han visto mermados sus ingresos como consecuencia de las restricciones que han expropiado de hecho el derecho al trabajo de millones de españoles, sin compensación ni abono de justo precio.
Para dar respuesta a la emergencia sanitaria, social y económica generada por la pandemia, la Unión Europea ha puesto en marcha un mecanismo para otorgar fondos que, por sentido común y de la justicia, deberían ir dirigidos a paliar las consecuencias de la crisis reconstruyendo la economía de los Estados miembros; si bien pueden acabar siendo destinados a transformar las economías con arreglo a criterios y prejuicios ideológicos.
Dichos fondos están condicionados a que los Estados miembros acometan una serie de reformas ligadas a la reducción del déficit y la puesta en marcha de proyectos dirigidos a premiar y fomentar la llamada "transición ecológica", las políticas climáticas, de digitalización o de igualdad de género, entre otros.
En el caso de España, el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se recogen diversas medidas a implementar para poder recibir los fondos europeos. Muchas de estas medidas, y a pesar del intento de ocultación durante la campaña electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid, implican un aumento de diferentes figuras tributarias y la creación de otras nuevas figuras impositivas.
Una de las más polémicas es la contenida en el apartado segundo de dicho plan, donde se recoge un genérico "se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal", que puede generar confusión, pero que es aclarado más adelante cuando dice que "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de las infraestructuras".
Con casi cuatro millones de españoles en paro y más de cuatrocientos mil en ERTE, el Gobierno de la Nación ha decidido atacar directamente el bolsillo de las familias y de todos los que necesitan desplazarse por carretera para trabajar. Pretenden además que todos los españoles paguen por algo que ya está gravado a través del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o por otros impuestos como es el caso del transporte, tal y como recuerda la Confederación Española de Transporte de Mercancías al afirmar que "El transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos. La implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo".
Esta propuesta no es nueva. Durante la primera legislatura del Partido Popular de Mariano Rajoy, ya se planteó implementar un gravamen similar, sin que finalmente llegara a materializarse.
La coalición de gobierno PSOE y UP dijo llegar para defender la universalidad del acceso a los servicios públicos, aumentar la presión fiscal sólo a los ricos y poner en marcha un escudo social para que "nadie quede atrás". Ahora, se justifica en la supuestamente tan necesaria y urgente transición ecológica que desincentive el uso de modalidades de transporte contaminantes para llevar a cabo lo que, de facto, será un auténtico ataque al bolsillo de las clases medias y trabajadoras.
Mientras que algunos usan los privilegios que les dan sus responsabilidades institucionales para viajar de forma abusiva en aviones privados y en grandes caravanas de vehículos oficiales, pretenden imponer a todos los españoles un nuevo modelo económico basado en la pobreza y la falta de libertad de una mayoría para mantener los privilegios de unos pocos a través de nuevos peajes, impuestos y tasas verdes.
Lejos de ser un bien de lujo, la inmensa mayoría de familias españolas, los trabajadores y muy especialmente los autónomos y las empresas de transporte necesitan del acceso en las condiciones más favorables posibles a estas infraestructuras. Por ello, se hace necesario reprobar esta decisión que busca satisfacer la voracidad recaudatoria del Gobierno y, especialmente, maquillar ante la UE unas cuentas públicas nacionales insostenibles a costa de quitar más dinero a los que lo necesitan más que nunca, en vez de hacerlo a costa del recorte del gasto político ineficaz que mantienen las administraciones a nivel nacional y autonómico.
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Las Cortes de Castilla y León se muestran contrarias al establecimiento de un sistema de pago por uso en cualquiera de las carreteras españolas, sean gestionadas por el Estado, las comunidades autónomas, o entidades locales.
2. Las Cortes de Castilla y León se muestran contrarias al establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como al aumento de los ya existentes a los vehículos y medios de transporte.
3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a paralizar todas las medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que puedan suponer el establecimiento de un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y aquellas gestionadas por las comunidades autónomas o entidades locales.
4. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a paralizar el establecimiento de nuevas tasas o tributos, así como al aumento de los ya existentes a los vehículos y medios de transporte.
En Valladolid, a 14 de mayo de 2021.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María de Fátima Pinacho Fernández
PNL/001093-01
CVE="BOCCL-10-019607"
