PNL/001128-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001128 a PNL/001131.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 1 de junio de 2021 entró en vigor la nueva estructura de peajes y cargos, que afectará de manera sustancial a la factura eléctrica de los hogares. La principal novedad consiste en que los consumidores domésticos con una potencia contratada hasta 15 kW pasan a tener precios diferenciados por tramos horarios (punta/valle/llano), tanto para la potencia como para el consumo, de manera que el consumo eléctrico en periodos punta tenga un coste más elevado que el consumo en horas valle.

El principal motivo de esta reforma no es abaratar de forma directa el coste para los hogares, sino mandar las "señales adecuadas" a los consumidores. Se pretende, así, incentivar el traslado del consumo eléctrico desde las horas de máxima demanda eléctrica (horas punta) a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas (horas valle). La búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de la infraestructura energética es un objetivo legítimo y, de hecho, necesario. No obstante, un buen regulador debe también tener en cuenta el impacto y contexto en el que se toman estas medidas y que el fomento del ahorro y el autoconsumo no está al alcance de todos los hogares por igual.

Asumir la responsabilidad que ahora se le traslada al consumidor de distribuir su consumo y trasladarlo a las horas valle requiere, en muchos casos, del uso de infraestructura y electrodomésticos eficientes con los que no cuentan, precisamente, los hogares más vulnerables. Del mismo modo, no todos los hogares pueden optar de igual forma por el autoconsumo, sino que también será típicamente más fácil para viviendas de rentas medias y altas la instalación de infraestructura de autoconsumo que para viviendas más humildes sin capacidad física ni económica de cambiar a ese modelo. Igual valoración debe hacerse del fomento de la carga de vehículos eléctricos, un medio de transporte cuyo elevado coste actual hace que fundamentalmente se beneficien hogares con rentas superiores.

Asociaciones de consumidores como la OCU, por su parte, ya alertaron de que la distribución de los cargos penaliza en exceso al pequeño consumidor en beneficio de los grandes, al establecer que los hogares y el conjunto de los suministros en baja tensión soporten el 75 %.

La reforma de la factura de la luz, por lo tanto, corre el riesgo de tener un impacto profundamente regresivo, donde el incremento de la factura de los hogares más vulnerables sirva para sufragar las inversiones en autoconsumo y movilidad eléctrica de los hogares que ya cuentan con mayores recursos.

Además, entre su aprobación definitiva a principios de mayo hasta su entrada en vigor el 1 de junio no se ha dado el tiempo suficiente para explicar a los hogares los cambios, ni para que puedan adaptar en consecuencia sus hábitos de consumo. El resultado podría ser una factura de la luz innecesariamente elevada en los primeros meses de aplicación del nuevo modelo, que habría sido evitable con un periodo de transición lo suficientemente amplio.

Finalmente, la dura situación económica por la que aún atraviesa España exige tomar medidas justo en el sentido contrario, que garanticen un abaratamiento de la luz de los hogares y, particularmente, de los hogares más vulnerables. Hay margen para actuar sobre muchos de los costes fijos del sistema, y particularmente aquellos de origen estrictamente regulatorios, cuando no políticos, no relacionados con el suministro eléctrico, como es la innecesaria doble imposición en el IVA y el Impuesto sobre la Electricidad.

Desde Ciudadanos apostamos por una transición inteligente que apueste por las energías renovables, que no cargue los costes de la transición sobre los hogares más vulnerables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para:

1. Establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad que se acompañe de una amplia campaña de información para dar suficiente margen a los consumidores para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo sistema tarifario.

2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto eléctrico con el fin de que aquella se componga únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución.

3. Reducir el IVA de la electricidad al tipo del 10 % hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.

En Valladolid, a 2 de junio de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros