PNL/001133-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de junio de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001132 a PNL/001134.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El denominado "juicio del procés", en el que se juzgaba las actuaciones de diversos políticos y cargos en el otoño de 2017 relativas al procedimiento de independencia impulsado en Cataluña, concluyó con la condena a antiguos cargos del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico por delitos de sedición, unido en algunos casos a un delito de malversación.

La reacción a esta sentencia condenatoria por parte del Gobierno de España a través del, por aquel entonces, presidente del Gobierno en funciones, fue pedir "respeto" para esta resolución judicial, destacando la labor "independiente del Tribunal Supremo y su autonomía, transparencia, garantías y profesionalidad, así como el cumplimiento íntegro del contenido de la misma, instando al Gobierno catalán a no apartarse de la Ley y la Constitución". Se destacó igualmente el correcto funcionamiento del Poder Judicial, así como la necesidad de acatar la resolución, y se insistió en que "no procede en absoluto hablar de indultos".

Posteriormente, y al hilo de los sucesos anteriormente recogidos, en los debates celebrados de cara a las elecciones generales de finales de 2019, el candidato socialista propuso una reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal fuera considerada de nuevo un delito.

Sin embargo, y por contraste, el Ministro de Justicia manifestó recientemente la necesidad de "que se vea con naturalidad la decisión del Gobierno sobre los indultos a los condenados por el procés".

Esta declaración, así como otras manifestaciones emanadas de los partidos que conforman el Gobierno de coalición, parecen indicar un cambio de criterio que puede resultar determinante en la decisión que finalmente se adopte en relación a estos indultos, con la finalidad de mantener y asegurar la mayoría en el Congreso de los Diputados, de la que forman parte partidos independentistas catalanes, así como encauzar la relación con el nuevo Gobierno catalán, de corte independentista y defensor de la vía unilateral.

Los condenados, que pueden manifestarse en este procedimiento de concesión de indultos, han optado en su mayoría por no hacerlo; y el único que sí lo ha hecho no ha expresado ningún tipo de arrepentimiento ni reconocimiento del delito; antes bien, ha manifestado a través de redes sociales su reivindicación de los hechos y la intención de repetirlos.

La figura del indulto no es, pues, una medida para alcanzar fines políticos ni alterar el sentido de una resolución judicial; a ello se une el hecho de que no existe por parte de los condenados ningún tipo de arrepentimiento o rechazo del hecho delictivo cometido.

El propio Tribunal Supremo, que sigue teniendo una causa abierta contra parte de los responsables del golpe aún sin juzgar, ha reiterado que es parte de la estrategia del golpe a la democracia esperar a la retirada del 155 y las medidas que aplique el Estado de Derecho para seguir con nuevos impulsos de ruptura. Esto implica un peligro objetivo contra el orden constitucional de nuestro país y una amenaza intolerable para los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y muy especialmente para los de Cataluña, que ya sufrieron los desmanes arbitrarios e iliberales del Govern en 2017, y ahora ven que los culpables pueden eludir su condena sin ni siquiera un atisbo de arrepentimiento.

Su reiterado "lo volveremos a hacer" y el plan de Govern aprobado por los partidos que dirigen los condenados por el Tribunal Supremo en el que se prevé explícitamente forzar al Estado de Derecho a capitular ante el desafío separatista son un claro indicio de que esa estrategia de reiteración delictiva de la que ha venido advirtiendo el Tribunal Supremo. Todo ello conlleva la inviabilidad democrática de indulto o beneficio alguno.

El presidente del Gobierno, respecto al tema de los indultos, ha declarado que "la Constitución recoge tanto el castigo como la concordia" aseverando que "hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia" y ha recalcado que "tomará la decisión por la convivencia de los españoles" en "beneficio de la concordia" y que la decisión que tome "tendrá muy presente los valores constitucionales de la concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis que desgarró a la sociedad catalana y española".

También ha hablado de que la "venganza" no es un valor constitucional. Pero, ¿es acaso venganza el cumplimiento de las sentencias judiciales?, ¿y puede considerarse diálogo cuando la única oferta hecha desde el independentismo ha sido continuar con sus pretensiones unilaterales, iliberales y amenazando con seguir violentando derechos fundamentales? La concordia es, por supuesto, importante, pero solo dentro del marco de derechos y libertades de la Constitución Española, propios de una democracia liberal y un Estado de Derecho, que debe mantenerse firme frente a los ataques de aquellos que pretenden destruirlo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación para defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del "procés" condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, que no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019.

En Valladolid, a 28 de mayo de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros