PNL/001158-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001158-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un plan de desescalada de la sanidad pública de Castilla y León, un plan de refuerzo de los servicios hospitalarios de la Comunidad y un plan de refuerzo de la atención primaria y continuada en el medio rural; y a publicar en la semana siguiente a la aprobación de esta iniciativa, de forma detallada y desglosada, el destino de los fondos COVID transferidos por el Gobierno de España a Castilla y León para mantener y reforzar el sistema público de salud, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de junio de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001158 a PNL/001160.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La regularidad y continuidad de los servicios públicos, junto con su universalidad, contribuyen a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social. Especialmente el servicio público de salud, cuya demanda en Castilla y León es elevada como consecuencia de la existencia de una estructura de edades muy envejecida.

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha contraído la demanda de atención, como consecuencia, por un lado, de la valoración subjetiva de los riesgos de contagio en los centros sanitarios y, por otro, de las restricciones impuestas para el acceso a los servicios, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria, que ha tenido un efecto disuasorio. Gran parte de las consultas, de las pruebas diagnósticas y de las intervenciones quirúrgicas no urgentes se han retrasado o incluso cancelado, incrementando en muchos casos los tiempos de espera.

La favorable evolución de la pandemia, como consecuencia de los avances en la vacunación, exige planificar adecuadamente la desescalada en la sanidad pública de Castilla y León, para ir recuperando todas sus capacidades, lo que permitirá satisfacer en toda su amplitud el derecho a la salud de la ciudadanía, reconocido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, empezando por la puerta de acceso al sistema, que es la Atención Primaria.

Solo en el último año las listas de espera se han incrementado considerablemente: a 31 de marzo, once mil personas más esperaban por una prueba diagnóstica (28 % de incremento), ocho mil personas más por una intervención quirúrgica (27 % de incremento) y seis mil personas más por una cita con el especialista.

Son numerosas las declaraciones realizadas desde la Consejería de Sanidad anunciando la vuelta a la normalidad de la sanidad pública y a la presencialidad, especialmente en las consultas de Atención Primaria, pero muy pocas las evidencias de que esto esté ocurriendo. Nos tememos que la Junta de Castilla y León esté aprovechando la pandemia para ensayar un modelo sanitario de recortes sin el desgaste de someterlo a un debate público. Con el debilitamiento del servicio público está contribuyendo a favorecer la sanidad privada, sin valorar el riesgo de desvertebración social que ello conlleva.

Están promoviendo, así, un modelo sanitario incapaz de ofrecer un servicio público de calidad y homogéneo en todo el territorio. Tanto es así que lo que se plantea es la amortización de plazas de sanitarios en el medio rural, el cierre -en la práctica- de consultorios locales, el uso de medios telemáticos para acceder al sistema, la pérdida de la relación de los pacientes con su facultativo, mediante la supresión de los cupos y la consulta telefónica como alternativa a la presencialidad. Esto rompe con los principios de prevención, proximidad, equidad y de interacción personal médico-paciente, que son los pilares de la Atención Primaria.

Desde el Partido Socialista consideramos que la remisión de la pandemia del coronavirus y el alto grado de inmunización de la población determinan que ha llegado ya el momento de normalizar el servicio público de salud, reforzando todos aquellos servicios que durante estos meses han sido suspendidos parcial o totalmente, para acabar con las listas de espera y recuperar la calidad del servicio. Creemos que ello es posible y obligado gracias a los fondos COVID aportados por el gobierno de España a las autonomías, que en el caso de Castilla y León ha supuesto que nuestra sanidad ingrese cerca de mil millones de euros.

La época estival en la que muchas localidades de Castilla y León reciben un buen número de visitantes, veraneantes o de residentes temporales -en buena parte procedentes de la emigración- es una buena oportunidad para reforzar la asistencia sanitaria de Atención Primaria en el medio rural para evitar que, como en otras ocasiones, nos encontremos con un sistema debilitado precisamente en el momento en que más demanda existe de los servicios sanitarios. Una buena oportunidad también para recuperar los puntos de atención continuada rurales que fueron cerrados en el pasado y que durante el verano podrían atender también a esa población desplazada, evitando colapsar los servicios de urgencias y emergencias de los hospitales.

Por todo esto, se plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un plan de desescalada de la sanidad pública de Castilla y León que permita a las personas de nuestra Comunidad volver a disponer de una atención sanitaria plena, eficiente y de calidad en todo el territorio, que incluya la recuperación de las consultas médicas presenciales en su totalidad y la apertura de los consultorios locales, con la dotación, la frecuencia y el tiempo de servicio previos a la crisis del coronavirus.

2. Presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un Plan de refuerzo de los servicios hospitalarios de la Comunidad, que incluya una memoria económica, y que establezca el refuerzo de personal para asumir la demanda de servicios de atención especializada no atendida durante la pandemia y reducir el tiempo medio y las listas de espera de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas y de operaciones quirúrgicas programadas no urgente.

3. Presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un plan de refuerzo de la Atención Primaria y continuada en el medio rural para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población local y de la población vinculada, teniendo en cuenta su incremento estacional durante los meses de verano.

4. Publicar en la semana siguiente a la aprobación de esta iniciativa, de forma detallada y desglosada, el destino de los fondos COVID transferidos por el Gobierno de España a Castilla y León para mantener y reforzar el sistema público de salud".

Valladolid, 16 de junio de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández


PNL/001158-01

CVE="BOCCL-10-020578"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 38580-38582
BOCCL nº 260/10 del 22/6/2021
CVE: BOCCL-10-020578

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001158-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un plan de desescalada de la sanidad pública de Castilla y León, un plan de refuerzo de los servicios hospitalarios de la Comunidad y un plan de refuerzo de la atención primaria y continuada en el medio rural; y a publicar en la semana siguiente a la aprobación de esta iniciativa, de forma detallada y desglosada, el destino de los fondos COVID transferidos por el Gobierno de España a Castilla y León para mantener y reforzar el sistema público de salud, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de junio de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001158 a PNL/001160.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La regularidad y continuidad de los servicios públicos, junto con su universalidad, contribuyen a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social. Especialmente el servicio público de salud, cuya demanda en Castilla y León es elevada como consecuencia de la existencia de una estructura de edades muy envejecida.

La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha contraído la demanda de atención, como consecuencia, por un lado, de la valoración subjetiva de los riesgos de contagio en los centros sanitarios y, por otro, de las restricciones impuestas para el acceso a los servicios, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria, que ha tenido un efecto disuasorio. Gran parte de las consultas, de las pruebas diagnósticas y de las intervenciones quirúrgicas no urgentes se han retrasado o incluso cancelado, incrementando en muchos casos los tiempos de espera.

La favorable evolución de la pandemia, como consecuencia de los avances en la vacunación, exige planificar adecuadamente la desescalada en la sanidad pública de Castilla y León, para ir recuperando todas sus capacidades, lo que permitirá satisfacer en toda su amplitud el derecho a la salud de la ciudadanía, reconocido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, empezando por la puerta de acceso al sistema, que es la Atención Primaria.

Solo en el último año las listas de espera se han incrementado considerablemente: a 31 de marzo, once mil personas más esperaban por una prueba diagnóstica (28 % de incremento), ocho mil personas más por una intervención quirúrgica (27 % de incremento) y seis mil personas más por una cita con el especialista.

Son numerosas las declaraciones realizadas desde la Consejería de Sanidad anunciando la vuelta a la normalidad de la sanidad pública y a la presencialidad, especialmente en las consultas de Atención Primaria, pero muy pocas las evidencias de que esto esté ocurriendo. Nos tememos que la Junta de Castilla y León esté aprovechando la pandemia para ensayar un modelo sanitario de recortes sin el desgaste de someterlo a un debate público. Con el debilitamiento del servicio público está contribuyendo a favorecer la sanidad privada, sin valorar el riesgo de desvertebración social que ello conlleva.

Están promoviendo, así, un modelo sanitario incapaz de ofrecer un servicio público de calidad y homogéneo en todo el territorio. Tanto es así que lo que se plantea es la amortización de plazas de sanitarios en el medio rural, el cierre -en la práctica- de consultorios locales, el uso de medios telemáticos para acceder al sistema, la pérdida de la relación de los pacientes con su facultativo, mediante la supresión de los cupos y la consulta telefónica como alternativa a la presencialidad. Esto rompe con los principios de prevención, proximidad, equidad y de interacción personal médico-paciente, que son los pilares de la Atención Primaria.

Desde el Partido Socialista consideramos que la remisión de la pandemia del coronavirus y el alto grado de inmunización de la población determinan que ha llegado ya el momento de normalizar el servicio público de salud, reforzando todos aquellos servicios que durante estos meses han sido suspendidos parcial o totalmente, para acabar con las listas de espera y recuperar la calidad del servicio. Creemos que ello es posible y obligado gracias a los fondos COVID aportados por el gobierno de España a las autonomías, que en el caso de Castilla y León ha supuesto que nuestra sanidad ingrese cerca de mil millones de euros.

La época estival en la que muchas localidades de Castilla y León reciben un buen número de visitantes, veraneantes o de residentes temporales -en buena parte procedentes de la emigración- es una buena oportunidad para reforzar la asistencia sanitaria de Atención Primaria en el medio rural para evitar que, como en otras ocasiones, nos encontremos con un sistema debilitado precisamente en el momento en que más demanda existe de los servicios sanitarios. Una buena oportunidad también para recuperar los puntos de atención continuada rurales que fueron cerrados en el pasado y que durante el verano podrían atender también a esa población desplazada, evitando colapsar los servicios de urgencias y emergencias de los hospitales.

Por todo esto, se plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un plan de desescalada de la sanidad pública de Castilla y León que permita a las personas de nuestra Comunidad volver a disponer de una atención sanitaria plena, eficiente y de calidad en todo el territorio, que incluya la recuperación de las consultas médicas presenciales en su totalidad y la apertura de los consultorios locales, con la dotación, la frecuencia y el tiempo de servicio previos a la crisis del coronavirus.

2. Presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un Plan de refuerzo de los servicios hospitalarios de la Comunidad, que incluya una memoria económica, y que establezca el refuerzo de personal para asumir la demanda de servicios de atención especializada no atendida durante la pandemia y reducir el tiempo medio y las listas de espera de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas y de operaciones quirúrgicas programadas no urgente.

3. Presentar ante la comunidad sanitaria y agentes sociales y poner en marcha, antes de que finalice el mes de junio, un plan de refuerzo de la Atención Primaria y continuada en el medio rural para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población local y de la población vinculada, teniendo en cuenta su incremento estacional durante los meses de verano.

4. Publicar en la semana siguiente a la aprobación de esta iniciativa, de forma detallada y desglosada, el destino de los fondos COVID transferidos por el Gobierno de España a Castilla y León para mantener y reforzar el sistema público de salud".

Valladolid, 16 de junio de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández


PNL/001158-01

CVE="BOCCL-10-020578"



Sede de las Cortes de Castilla y León