PNL/001173-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de junio de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001171 a PNL/001178.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia Palomo Sebastián, Ángel Hernández Martínez, Rosa Rubio Martín, Juan Luis Cepa Álvarez, José Ignacio Martín Benito, Pedro González Reglero, Luis Briones Martínez, Jesús Guerrero Arroyo, Laura Pelegrina Cortijo, José Luis Vázquez Fernández y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Economía y Hacienda:

ANTECEDENTES

Hace más de un año que el mundo entero está sufriendo las devastadoras consecuencias de una pandemia sin precedentes derivada de la rápida propagación de la Covid-19.

Ante la crisis en la que nos encontramos, no sólo sanitaria, sino también social y económica, que ha afectado a todos los miembros de la Unión Europea, el 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó un paquete de medidas excepcionales con el objetivo de afrontar la recuperación económica y social potenciando la inversión pública e incentivando la colaboración público privada.

Dichas medidas, englobadas en los 750.000 millones de euros a través de los Fondos Next Generation UE (NGUE) cuya aplicación se llevará acabo entre el año 2021 y 2024, sumado a un presupuesto reforzado de la UE hasta 2027, son los instrumentos con los que van a contar los países en el camino de la recuperación.

Las líneas fundamentales de los fondos NGEU son tres:

a) Instrumentos para dar apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros para recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis, como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia;

b) Medidas para impulsar la inversión privada y dar apoyo a las empresas viables con dificultades derivadas de la pandemia con el objetivo de relanzar la economía;

c) Aprendizaje de la experiencia de la crisis y, a través del reforzamiento de los programas clave de la UE, hacer que el mercado único se vuelva más resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital, con criterios de inclusión y cohesión social y territorial.

Lo primordial para disponer de ventaja competitiva para la captación y aplicación eficaz de estos fondos NGEU es la capacidad de articular alianzas entre el sector público y el privado y, sobre todo, instrumentar una ágil, rigurosa y transparente tramitación administrativa de los procedimientos. Y para ello en el conjunto del Estado se han establecido, mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, las medidas urgentes para la modernización de las administraciones públicas y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, el marco general básico que debe permitir movilizar inversiones y proyectos y facilitar, dentro del calendario temporal marcado por la UE, la gestión administrativa necesaria para que el máximo de proyectos puedan acceder a la financiación europea NGEU.

En España, ya hay CC. AA. que han empezado a desarrollar normas "espejo" de la del Estado para modernizar la administración autonómica y eliminar cuellos de botella que les permitan optimizar la captación de fondos para sus territorios. Es el caso, por ejemplo, de Canarias, Extremadura, Andalucía, Cataluña, etc., que desde el mes de febrero incluso ya tienen normativa al respecto.

En Castilla y León a fecha de hoy seguimos sin ningún tipo de regulación que facilite una gestión pública clara, ágil y eficaz para aprovechar esta oportunidad única para Castilla y León.

El Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de Impulso y Simplificación Administrativa, atendía a otros objetivos de eliminación de obstáculos administrativos sobre todo en procedimientos de autorización administrativa, por lo que se queda absolutamente corto en materia de gestión de Fondos, si queremos ser eficaces. De igual forma, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, tampoco cubre para nada las necesidades para la gestión de los Fondos, puesto que sólo se establece una regulación específica respecto a la tramitación anticipada de expedientes de gastos con cargo a los Fondos de los Planes Next Generation EU y respecto a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, claramente insuficiente.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

Apruebe y publique de manera urgente, sin menoscabo de los procedimientos de participación establecidos, una amplia y desglosada regulación para una diligente y eficaz implementación de los Fondos NGUE en nuestra Comunidad Autónoma, que, como mínimo, contemple los siguientes aspectos:

Objeto y ámbito de aplicación que además del conjunto del sector público englobe la colaboración entre la administración y el sector privado, incluido el tercer sector, donde tenga carácter normativo:

- La identificación y seguimiento de los créditos presupuestarios.

- La afectación de los créditos y nivel de vinculación.

- La definición de las competencias en materia de modificación presupuestaria.

- La posibilidad del gasto con carácter plurianual.

- Que los remanentes de crédito resultantes a 31 de diciembre sean de aplicación reintegrable a proyectos financiados con fondos NGUE hasta el ejercicio de 2026.

- Que todas las entidades del sector público, como universidades públicas o entes dependientes de la administración autonómica, que reciban estos fondos envíen información periódica tanto de los proyectos como de la evolución de la ejecución de los fondos NGUE de acuerdo con los criterios fijados por la consejería de que dependan.

- Que se agilice y simplifique, por parte del órgano que conceda, la subvención o ayuda, la publicación, concesión y justificación de subvenciones estableciendo incluso mecanismos extraordinarios de concesión en situaciones excepcionales.

- Que, en el ámbito de contratación del sector público, siempre en el marco normativo, se vele por incorporar en los pliegos criterios sociales, medioambientales, de digitalización, innovación, facilitando el acceso a pequeñas y medianas empresas así como las emergentes, de tal forma que se facilite una consulta preliminar de mercado por un breve plazo de tiempo.

- Que se constituya una comisión de seguimiento ante la que periódicamente el responsable del contrato rinda cuenta.

- Que se facilite la cooperación interadministrativa mediante convenios y consorcios que también sean extensibles al sector privado.

- Que se dote a la administración de personal e incentivos suficientes para la tramitación de los proyectos financiados con fondos NGUE.

- Que se habilite un portal web que facilite información concreta para las empresas, sobre todo a las PYMEs, y para el conjunto de los gestores directos de fondos, para facilitar su participación en los proyectos, la normalización y digitalización de los procedimientos y la publicidad de todos los datos de la gestión con carácter abierto.

- Que se regule y agilice la cooperación con las EE. LL., universidades y organismos de investigación en materia de gestión de fondos NGUE.

- Que se normalicen los cauces de participación del Diálogo Social en el seguimiento de la gestión de los fondos NGUE, y los procedimientos específicos y estables de rendición de cuentas ante las Cortes de Castilla y León, sin perjuicio de los procedimientos ya previstos de control interno y externo".

Valladolid, 16 de junio de 2021.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Alicia Palomo Sebastián,

Ángel Hernández Martínez,

Rosa María Rubio Martín,

Juan Luis Cepa Álvarez,

José Ignacio Martín Benito,

Pedro Luis González Reglero,

Luis Briones Martínez,

Jesús Guerrero Arroyo,

Laura Pelegrina Cortijo,

José Luis Vázquez Fernández y

Virginia Barcones Sanz

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández