PNL/001174-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de junio de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001171 a PNL/001178.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de junio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Alicia Palomo Sebastián, Luis Briones Martínez, José Ignacio Ronda Gutiérrez, Rosa Rubio Martín y Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Empleo e Industria:

ANTECEDENTES

El pasado 20 de abril, la entidad CaixaBank anunciaba el mayor Expediente de Regulación de Empleo de la banca española, debido al número de trabajadores y trabajadoras afectadas por el citado Expediente. La propuesta de la entidad bancaria sería, en principio, alrededor de 8.300 personas trabajadoras, casi un 19 % del total de la plantilla, y el número de oficinas que cerrarían, más de 1.500, lo que reduciría su red comercial en más de un 27 %.

CaixaBank argumenta necesidades organizativas y productivas generadas a raíz de su fusión con Bankia, con el objetivo de "evitar duplicidades y solapamientos". Sin embargo, la Representación de los Trabajadores considera que la entidad pretende "ir mucho más allá de la simple eliminación de duplicidades", siendo el objetivo último saldar unas pérdidas motivadas por la grave crisis ocasionadas por la pandemia del COVID-19, a costa de la reducción de plantilla y renegociar unas condiciones laborales a la baja, incluidos recortes en salarios y en las prestaciones sociales.

La empresa justifica que, a pesar de tratarse de un ERE, prioritariamente de carácter voluntario, en caso no se alcanzasen los objetivos de excedentes a cubrir, se procedería a "despidos forzosos". Los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ERE recibirían unas indemnizaciones diferentes en función de la edad y la proximidad a la edad de jubilación, no pudiendo acogerse al mismo más del 50 % de personas trabajadoras mayores de 50 años, lo que obliga a que el otro 50 % tenga edades inferiores a los 50 años.

A raíz de la intervención del Gobierno de España, que "invitó" al banco a "repensar su plan de reducción de plantilla", éste ha reducido los recortes en 500 personas, un 6 % menos de lo previsto inicialmente, y, sobre todo, ha anunciado la elaboración de un plan de recolocación y de acompañamiento para los afectados, fundamentalmente a los empleados menores de 58 años que quedarían fuera de la prejubilación, con medidas formativas para facilitar la reinserción de las personas despedidas.

La magnitud del ERE presentado por CaixaBank requiere de una mayor acción por parte del Gobierno de la nación. A mayores de lo expuesto, se suma el anuncio del BBVA, con el cierre de 59 sucursales según los datos aportados por los representantes de los trabajadores, en el área Territorial Noroeste: CyL, Asturias y Galicia.

En CyL se ha pasado de 3180 sucursales de todas las entidades financieras a finales de 2008, a 1596 sucursales, a finales del año 2020.

La destrucción de puestos de trabajo, entre directos e indirectos en Castilla y León, ha sido de aproximadamente 10.000.

Se hace más necesario que nunca un Acuerdo de Comunidad, que garantice y comprometa apoyos, mediante acuerdos con las entidades financieras, e involucrando a su vez a toda la sociedad y a los Agentes Económicos y sociales de Castilla y León, en la búsqueda de soluciones conjuntas que aseguren el mantenimiento de sucursales y empleo, principalmente en el medio rural.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Dirigirse al Gobierno de España para que impulse la asunción por parte del sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración. En concreto, los compromisos deberán cubrir cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus desempleados, la recolocación de aquellos cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer, el compromiso de incorporar variables relativas a las condiciones de los trabajadores de la entidad y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribución variable de los directivos, así como la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera.

2.- De manera urgente, a impulsar un Pacto de Comunidad que corrija la exclusión financiera, garantizando una cobertura de servicios financieros y bancarios, principalmente en el medio rural de Castilla y León".

Valladolid, 17 de junio de 2021.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

Alicia Palomo Sebastián,

Luis Briones Martínez,

José Ignacio Ronda Gutiérrez,

Rosa María Rubio Martín y

Yolanda Sacristán Rodríguez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández