PE/006905-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/006616, PE/006697, PE/006698, PE/006707, PE/006789, PE/006810, PE/006811, PE/006816 a PE/006821, PE/006823 a PE/006825, PE/006826, PE/006828, PE/006832 a PE/006835, PE/006837 a PE/006857, PE/006859 a PE/006861, PE/006864, PE/006854, PE/006867, PE/006869 a PE/006887, PE/006889 a PE/006894, PE/006896, PE/006898, PE/006899, PE/006902 a PE/006918, PE/006920 a PE/006939, PE/006954, PE/006957, PE/006970, PE/006971, PE/006985, PE/006989, PE/006993 a PE/006995, PE/006998, PE/006999, PE/007001, PE/007002, PE/007004, PE/007006 a PE/007017, PE/007023, PE/007025, PE/007060, PE/007062, PE/007103, PE/007105, PE/007107, PE/007108, PE/007334, PE/007335, PE/007338 y PE/007339, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de junio de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006905, formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de la Resolución aprobada en la sesión plenaria del 14 de abril de 2021, relativa a la Proposición No de Ley 990.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa:

1) Tal y como recogía la exposición de motivos de la Proposición No de Ley, la propuesta de crear un Plan de ayudas a las empresas de forma cooperada entre los distintos niveles de administración, es una propuesta que surge de la Junta de Castilla y León.

Concretamente, en el mes de noviembre de 2020, el portavoz del Gobierno reclamó la necesidad de realizar un plan de acción coordinado entre todas las Administraciones Públicas, para ayudar a los sectores más afectados por la crisis. Este Plan se financiaría con las aportaciones del Gobierno de España (50 %), Junta de Castilla y León (35 %) y Entidades locales (15 %)

2) Ante a la inacción del Gobierno de España, y ante las necesidades cada vez más acuciantes demandadas por las empresas, desde la Junta de Castilla y León se comenzó de inmediato a trabajar en el cumplimiento de su compromiso. Así se hizo en 2020, a través de la aprobación del Plan de Choque (consensuado en el Diálogo Social) y en 2021, recogido de manera expresa en los Presupuestos. Si se hubiera esperado a la reciente aprobación del Real Decreto del Gobierno de España, las empresas llevarían meses de retraso en la percepción de ayudas. Y el tejido empresarial no podía esperar tanto.

La información, actualizada, sobre las líneas puestas en marcha por parte de la Junta de Castilla y león, puede encontrase en el apartado de “Publicaciones” del siguiente enlace: https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/sectores-actividad-economica.html

3) Varios meses después, en abril de 2021, el Gobierno de España publica el RDL 5/2021. Y lo hace sin ningún aviso previo, sin llamadas ni comunicaciones que hubieran facilitado la necesaria coordinación.

En el primer reparto de las ayudas, le han correspondido a Castilla y León apenas 232,56 millones de euros para ayudas directas a las empresas. Teniendo en cuenta que el montante global de recursos asignados a este RDL es de 7.000 millones de euros, la conclusión es que el Gobierno de España apenas ha destinado a Castilla y León el 3,3 % de los recursos disponibles, un porcentaje muy inferior al que nos correspondería aplicando cualquiera de los criterios objetivos habituales (PIB, población, superficie, n.º de empresas...) y casi la mitad de lo que nos correspondería aplicando los criterios del Sistema de Financiación Autonómica.

Hay pues una distribución previa de cuotas entre Comunidades Autónomas que genera desigualdades entre empresas, pymes, autónomos y profesionales en función de su localización. Y que perjudica especialmente a Comunidades con los mismos problemas que Castilla y León.

También sería deseable que el modelo de gestión distribución de los recursos se hubiera acordado entre todos, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ello habría permitido subsanar el error de no incluir en el ámbito subjetivo algunas actividades productivas que han quedado al margen de las ayudas y que, en caso de haber tenido la oportunidad, se hubieran podido dar a conocer.

4) En cuanto a la forma de instrumentar el apoyo por parte de la Junta de Castilla y León no ha sido necesario acudir a un crédito extraordinario, sino que se ha podido apoyar a las empresas manteniendo el necesario equilibrio que debe producirse en unos Presupuestos públicos de acuerdo a la Ley General Presupuestaria, y es que estos recursos deben estar soportados por ingresos reales.

Valladolid, 25 de mayo de 2021.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.