PNL/001185-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001185-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas para paliar las consecuencias del grave incendio forestal que ha padecido la provincia de Ávila, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de agosto de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001181 a PNL/001185.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de agosto de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El incendio forestal de Navalacruz, en la provincia de Ávila, ha sido hasta la fecha el mayor registrado en Castilla y León, calcinando más de 22.000 hectáreas. Este incendio no sólo ha tenido un impacto devastador para la biodiversidad y el patrimonio natural de esta provincia (afectando a una zona Red Natura 2000), sino que también ha afectado directamente a los hogares de cientos de familias, explotaciones agrarias y ganaderas, negocios e, incluso, yacimientos arqueológicos como el de la necrópolis vetona de Ulaca, el castillo de Manqueospese entre otros elementos patrimoniales de carácter cultural.

Nuestra primera reacción no puede ser sino de atender, con la máxima celeridad, las consecuencias más urgentes de los afectados, tanto personales (servicios, alojamientos) como de atención a tantos animales que han quedado sin agua y alimento a causa del incendio.

Pero esta atención no debe suponer un parche y un punto y aparte, es necesario mirar hacia adelante y garantizar que esta emergencia no tenga un impacto dramático irreversible en las vidas y economía de la zona. Una vez que estos desastres ocurren y han desatado su potencial destructivo también es necesario poner en marcha los mecanismos necesarios para ofrecer compensaciones económicas y para recuperar lo antes posible el valor ecosistémico de nuestro patrimonio natural, así como el patrimonio cultural afectado.

En este sentido, dentro de los mecanismos habilitados para paliar las consecuencias provocadas por desastres de orden natural entre otros, la legislación nacional, a través de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, introduce la figura de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, por el que el Gobierno de España puede habilitar un sistema extraordinario de ayudas, compensaciones y medidas socioeconómicas que permitan afrontar la recuperación de las zonas afectadas.

Una herramienta utilizada en un total de 8 ocasiones entre 2015 y enero de 2021 con motivo de desastres naturales en práctica totalidad de las ocasiones. Así, con relación a incendios forestales, pueden citarse los precedentes de Galicia y Asturias en 2017, Comunidad Valenciana en 2018 y Tarragona, Toledo, Madrid y Gran Canaria en 2019.

Por desgracia, la provincia de Ávila viene siendo un territorio afectado especialmente por el fuego en los últimos años. Así, cabe citar el incendio que en 2019 arrasó 1.400 hectáreas en el Valle del Tiétar.

En el actual contexto de cambio climático, las condiciones de viento, calor sostenido y baja humedad son cruciales para aumentar la recurrencia y gravedad de los incendios forestales. El cambio climático y la despoblación, que reducen la vigilancia y el cuidado que las poblaciones rurales y en particular los trabajadores agrícolas, ganaderos y forestales prestan al territorio, hacen de los incendios forestales una amenaza creciente y de extrema gravedad para territorios con un magnífico patrimonio natural y cultural en zonas rurales como es el caso de la provincia de Ávila y de Castilla y León en general. No solo asolan este patrimonio, sino que tienen graves consecuencias para la economía local en lo que se basa en la gestión forestal, agrícola y turística.

Los incendios no son evitables al 100 %, pero sí pueden tomarse medidas preventivas y de mitigación de sus efectos. Esto supone poner el foco sobre las inversiones en preparación y prevención de estas catástrofes y fenómenos extremos, mejorando nuestra capacidad de anticiparnos a ellos y de evitar daños. En el ámbito forestal siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno. Es más que nunca necesario adaptar las tipologías de gestión forestal, incluidas las del monte bajo, a las nuevas situaciones de población, orografía y clima, y realizar una apuesta decidida por evitar que lo que ha tardado cientos o miles de años en construirse se derrumbe en unos minutos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Establecer, en coordinación con la Diputación Provincial y los municipios implicados, medidas urgentes de atención a los afectados, directa o indirectamente, en los elementos más inmediatos tales como el suministro de agua potable y alimento para el ganado.

2. Realizar un plan de actuación de emergencia, antes de la llegada del otoño y lo antes posible ante las potenciales tormentas, para establecer medidas que mitiguen la erosión del suelo y faciliten la recuperación posterior de las zonas afectadas, sea por repoblación natural o dirigida.

3. Reforzar las estrategias y planes de gestión forestal para asegurar la prevención especialmente en zonas de alto tránsito de personas (carreteras), zonas protegidas y patrimonio cultural, reduciendo la probabilidad y magnitud del riesgo.

4. Establecer ayudas para intensificar las actuaciones preventivas de limpieza forestal, especialmente en zonas protegidas, zonas con patrimonio cultural significativo en riesgo y montes comunales, así como velar por una gestión forestal adecuada y sostenible en los montes privados, encaminadas a la prevención de incendios y al mejor aprovechamiento de los servicios forestales en el territorio.

5. Continuar su colaboración con el Gobierno de España en lo relativo a la asistencia técnica y logística necesarias a la Junta de Castilla y León y a las corporaciones locales de los municipios afectados por el incendio forestal de Navalacruz (Ávila) para que puedan realizar, a la mayor brevedad posible, la evaluación de los daños causados por este incendio y se puedan realizar los trámites necesarios para solicitar compensaciones por los daños sufridos a causa de esta catástrofe natural sin enfrentarse a una carga burocrática inasumible que pueda retrasar la llegada de esas ayudas.

6. Instar al Gobierno de España a la declaración, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, la situación de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al conjunto de términos municipales afectados por el incendio forestal de Navalacruz tal y como solicitó el propio Ejecutivo Autonómico, permitiendo así el acceso más ágil y sencillo a ayudas directas por parte de los hogares, empresas, explotaciones agrarias, industrias y ayuntamientos afectados.

7. Requerir al Gobierno de España fondos necesarios para contratar una asistencia técnica y logística necesaria en coordinación con la Administración Autonómica, para dar servicio a los afectados por el incendio de Navalacruz y puedan así realizar los trámites necesarios para solicitar compensaciones por los daños sufridos a causa de esta catástrofe natural sin enfrentarse a una carga burocrática inasumible que pueda retrasar la llegada de esas ayudas.

8. Garantizar el cobro de las ayudas de la Política Agracia Común por hectárea admisible como pasto, tanto para el presente año como para los posteriores.

En Valladolid, a 20 de agosto de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros


PNL/001185-01

CVE="BOCCL-10-021713"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 41282-41284
BOCCL nº 276/10 del 2/9/2021
CVE: BOCCL-10-021713

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001185-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas para paliar las consecuencias del grave incendio forestal que ha padecido la provincia de Ávila, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de agosto de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001181 a PNL/001185.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de agosto de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El incendio forestal de Navalacruz, en la provincia de Ávila, ha sido hasta la fecha el mayor registrado en Castilla y León, calcinando más de 22.000 hectáreas. Este incendio no sólo ha tenido un impacto devastador para la biodiversidad y el patrimonio natural de esta provincia (afectando a una zona Red Natura 2000), sino que también ha afectado directamente a los hogares de cientos de familias, explotaciones agrarias y ganaderas, negocios e, incluso, yacimientos arqueológicos como el de la necrópolis vetona de Ulaca, el castillo de Manqueospese entre otros elementos patrimoniales de carácter cultural.

Nuestra primera reacción no puede ser sino de atender, con la máxima celeridad, las consecuencias más urgentes de los afectados, tanto personales (servicios, alojamientos) como de atención a tantos animales que han quedado sin agua y alimento a causa del incendio.

Pero esta atención no debe suponer un parche y un punto y aparte, es necesario mirar hacia adelante y garantizar que esta emergencia no tenga un impacto dramático irreversible en las vidas y economía de la zona. Una vez que estos desastres ocurren y han desatado su potencial destructivo también es necesario poner en marcha los mecanismos necesarios para ofrecer compensaciones económicas y para recuperar lo antes posible el valor ecosistémico de nuestro patrimonio natural, así como el patrimonio cultural afectado.

En este sentido, dentro de los mecanismos habilitados para paliar las consecuencias provocadas por desastres de orden natural entre otros, la legislación nacional, a través de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, introduce la figura de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, por el que el Gobierno de España puede habilitar un sistema extraordinario de ayudas, compensaciones y medidas socioeconómicas que permitan afrontar la recuperación de las zonas afectadas.

Una herramienta utilizada en un total de 8 ocasiones entre 2015 y enero de 2021 con motivo de desastres naturales en práctica totalidad de las ocasiones. Así, con relación a incendios forestales, pueden citarse los precedentes de Galicia y Asturias en 2017, Comunidad Valenciana en 2018 y Tarragona, Toledo, Madrid y Gran Canaria en 2019.

Por desgracia, la provincia de Ávila viene siendo un territorio afectado especialmente por el fuego en los últimos años. Así, cabe citar el incendio que en 2019 arrasó 1.400 hectáreas en el Valle del Tiétar.

En el actual contexto de cambio climático, las condiciones de viento, calor sostenido y baja humedad son cruciales para aumentar la recurrencia y gravedad de los incendios forestales. El cambio climático y la despoblación, que reducen la vigilancia y el cuidado que las poblaciones rurales y en particular los trabajadores agrícolas, ganaderos y forestales prestan al territorio, hacen de los incendios forestales una amenaza creciente y de extrema gravedad para territorios con un magnífico patrimonio natural y cultural en zonas rurales como es el caso de la provincia de Ávila y de Castilla y León en general. No solo asolan este patrimonio, sino que tienen graves consecuencias para la economía local en lo que se basa en la gestión forestal, agrícola y turística.

Los incendios no son evitables al 100 %, pero sí pueden tomarse medidas preventivas y de mitigación de sus efectos. Esto supone poner el foco sobre las inversiones en preparación y prevención de estas catástrofes y fenómenos extremos, mejorando nuestra capacidad de anticiparnos a ellos y de evitar daños. En el ámbito forestal siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno. Es más que nunca necesario adaptar las tipologías de gestión forestal, incluidas las del monte bajo, a las nuevas situaciones de población, orografía y clima, y realizar una apuesta decidida por evitar que lo que ha tardado cientos o miles de años en construirse se derrumbe en unos minutos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Establecer, en coordinación con la Diputación Provincial y los municipios implicados, medidas urgentes de atención a los afectados, directa o indirectamente, en los elementos más inmediatos tales como el suministro de agua potable y alimento para el ganado.

2. Realizar un plan de actuación de emergencia, antes de la llegada del otoño y lo antes posible ante las potenciales tormentas, para establecer medidas que mitiguen la erosión del suelo y faciliten la recuperación posterior de las zonas afectadas, sea por repoblación natural o dirigida.

3. Reforzar las estrategias y planes de gestión forestal para asegurar la prevención especialmente en zonas de alto tránsito de personas (carreteras), zonas protegidas y patrimonio cultural, reduciendo la probabilidad y magnitud del riesgo.

4. Establecer ayudas para intensificar las actuaciones preventivas de limpieza forestal, especialmente en zonas protegidas, zonas con patrimonio cultural significativo en riesgo y montes comunales, así como velar por una gestión forestal adecuada y sostenible en los montes privados, encaminadas a la prevención de incendios y al mejor aprovechamiento de los servicios forestales en el territorio.

5. Continuar su colaboración con el Gobierno de España en lo relativo a la asistencia técnica y logística necesarias a la Junta de Castilla y León y a las corporaciones locales de los municipios afectados por el incendio forestal de Navalacruz (Ávila) para que puedan realizar, a la mayor brevedad posible, la evaluación de los daños causados por este incendio y se puedan realizar los trámites necesarios para solicitar compensaciones por los daños sufridos a causa de esta catástrofe natural sin enfrentarse a una carga burocrática inasumible que pueda retrasar la llegada de esas ayudas.

6. Instar al Gobierno de España a la declaración, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, la situación de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al conjunto de términos municipales afectados por el incendio forestal de Navalacruz tal y como solicitó el propio Ejecutivo Autonómico, permitiendo así el acceso más ágil y sencillo a ayudas directas por parte de los hogares, empresas, explotaciones agrarias, industrias y ayuntamientos afectados.

7. Requerir al Gobierno de España fondos necesarios para contratar una asistencia técnica y logística necesaria en coordinación con la Administración Autonómica, para dar servicio a los afectados por el incendio de Navalacruz y puedan así realizar los trámites necesarios para solicitar compensaciones por los daños sufridos a causa de esta catástrofe natural sin enfrentarse a una carga burocrática inasumible que pueda retrasar la llegada de esas ayudas.

8. Garantizar el cobro de las ayudas de la Política Agracia Común por hectárea admisible como pasto, tanto para el presente año como para los posteriores.

En Valladolid, a 20 de agosto de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros


PNL/001185-01

CVE="BOCCL-10-021713"



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