PNL/001217-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de octubre de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001216 a PNL/001219.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de octubre de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de preservar el medio ambiente, a través de la innovación ecológica, ha alcanzado la condición de política transversal, de carácter estratégico, en la toma de decisiones por parte del conjunto de los agentes políticos, sociales y económicos.

La amenaza del cambio climático y sus nefastas consecuencias, así como la protección de los ecosistemas, están marcando profundamente la construcción de un modelo de desarrollo que garantice tanto una huella neutra de carbono como el respeto a la biodiversidad, configurándose como los elementos nucleares del crecimiento productivo, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos en los próximos años.

Este marco de referencia está integrado en dos ejes estratégicos a escala supranacional. Dentro de la Comunidad Europea, el "Green Deal" o Pacto Verde Europeo fija la hoja de ruta compartida por el conjunto de los 27 países miembros, así como de las regiones que forman parte de ella, estableciendo el compromiso de lograr, principalmente, el nivel cero de emisiones de CO2.

De forma paralela, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por las Naciones Unidas, identifican y sientan las bases de los principales desafíos globales que comprometen el futuro de millones de personas y que exigen una respuesta multinivel para su consecución. Estas metas, interrelacionadas e interdependientes, pivotan sobre el eje medioambiental, que refuerza aún más la trascendencia de las decisiones públicas en esta materia.

No obstante, alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales debe hacerse desde un enfoque justo, integral y gradual, ya que su éxito será indisociable de sus efectos positivos sobre la equidad social y el crecimiento económico.

La ambición de estas metas obliga, ante todo, a asegurar que las intervenciones que pudieran realizarse deben partir de un análisis realista de cada situación, incorporando los intereses de todas las partes afectadas en un horizonte temporal asumible para todas ellas.

Esta perspectiva integral difiere profundamente de las decisiones que el Gobierno de España está desarrollando en materia medioambiental y que están afectando negativamente al desarrollo de sectores de gran repercusión socioeconómica, al futuro de las poblaciones del medio rural, así como al éxito de los propios objetivos que se pretenden alcanzar.

Así, la prevalencia de una imposición política o ideológica con la que el Ejecutivo de Sánchez ha trabajado en este apartado amenaza con derribar la estabilidad social y económica de las zonas del medio rural que dependen de actividades como la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria o el aprovechamiento de los recursos forestales.

Este enfoque ha dado como resultado decisiones ejecutivas que parten de una base asimétrica y, por tanto, excluyente en la ponderación de todos los intereses en juego en asuntos como la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), recientemente publicada en el Boletín Oficial del Estado, a fecha de 21 de septiembre del presente año.

La modificación, opuesta al criterio de hasta 7 Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, concentra un profundo rechazo por múltiples razones. Desde el punto de vista procedimental, el mecanismo caótico y errático de su votación seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural arrojó un acuerdo en el que las autonomías que cuentan en su territorio con más del 95 % de ejemplares de esta especie mostraron su oposición a la reforma.

Al mismo tiempo, el Gobierno dejó de lado la voz de las Organizaciones Profesionales Agrarias que son, en última instancia, los principales agentes de interlocución y representación del sector agrícola y ganadero, que también han manifestado su disconformidad con la medida.

Como resultado, se ha alcanzado un profundo clima de rechazo social ante la incomprensión de los perjuicios que esta decisión genera, en especial, a los intereses de quienes viven en el medio rural y de la ganadería extensiva.

En estas circunstancias, y lejos del objetivo pretendido por el Gobierno de España, la radicalidad de la medida amenaza la convivencia entre la especie y las poblaciones, ante el posible aumento de episodios de envenenamientos y de caza indiscriminada que ya en los años 80 llevaron al lobo al borde de la extinción.

Todo ello resulta una causa más que justificada de recurso contencioso administrativo que los Gobiernos Autonómicos de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han presentado el pasado día 28 de septiembre ante la Audiencia Nacional, solicitando la suspensión cautelar de los efectos de la orden del Ministerio hasta que se conozca el pronunciamiento en sentencia firme de los tribunales de justicia.

Pero esta postura rígida e intransigente también ha dejado una huella patente en el sector ganadero y en la industria agroalimentaria. Los anuncios contradictorios sobre el sector cárnico que el Gobierno de España realizó el pasado mes de julio han generado un aumento de la incertidumbre para las empresas y los consumidores, minando la confianza del mercado y extendiendo las dudas sobre el verdadero nivel de apoyo institucional con el que cuentan por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Como ya expresara este Grupo Parlamentario a través de iniciativa parlamentaria, resulta del todo improcedente cargar e identificar al sector como un riesgo medioambiental y para la salud de la población, a través de mensajes alarmistas, sesgados y estereotipados por parte de la máxima autoridad gubernativa de nuestro país.

Y es que las propias estadísticas del Ejecutivo central relativas a la emisión de gases de efecto invernadero refutan esta visión, siendo esta actividad productiva una de las menos contaminantes de nuestro país, a lo que se suman las externalidades positivas inherentes a su desarrollo, precisamente, para la descontaminación y la preservación de los ecosistemas.

Además, no podemos obviar el peso crítico que esta rama de la industria agroalimentaria posee en nuestra Comunidad que, con 19 millones de cabezas de ganado, genera una producción bruta superior a los 1.600 millones de euros y una producción cárnica de 560.000 Tm. Estas cifras garantizan que más de 9.500 trabajadores cuenten con un empleo en Castilla y León.

Recientemente, y de forma muy similar, conocíamos la intención de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de extender, en el futuro Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2022-2027, la prohibición de cultivos arbóreos en cauce o servidumbre, afectando, de forma muy sensible, a la populicultura de Castilla y León.

Según los datos elaborados en 2019 por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se estima que, en nuestra Comunidad, cerca de 44.000 hectáreas, el 1,5 % de la superficie arbolada, se dedican al cultivo del chopo, lo que se traduce en, aproximadamente, 700.000 metros cúbicos de producción, caso el 22 % del volumen total de madera aprovechada.

No solo se compromete esta actividad y a la industria auxiliar que depende de ella, sino que, una vez más, de confirmarse los planes de la CHD, se generaría una medida contraproducente desde el punto de vista medioambiental, favoreciendo el riesgo de inundaciones, propósito que el organismo pretende evitar.

A juicio de este Grupo Parlamentario, estos ejemplos demuestran la incomprensión y el desconocimiento que el Gobierno de España posee del medio rural y de sus modelos de desarrollo social y económico. Un desconocimiento que, lejos de ser insustancial, está lastrando el éxito de las propias políticas medioambientales, a través de medidas radicales basadas en la imposición ideológica, alejada de una ponderación realista de los intereses de todos actores involucrados en un horizonte de desarrollo gradual y asumible.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Exigir al Gobierno de la Nación el abandono de toda imposición política e ideológica en la proyección de las políticas públicas en materia medioambiental, garantizando los intereses del conjunto de agentes políticos, sociales y económicos afectados, en aras a garantizar que la planificación de los objetivos sea integral, progresiva y justa.

2. Instar al Gobierno de España a que, con miras a la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, incremente todas las partidas económicas que, de forma directa o indirecta, estén vinculadas al estímulo y ejecución de proyectos de innovación ecológica como las herramientas más eficaces en la incorporación del factor de sostenibilidad medioambiental al modelo de desarrollo social y económico de nuestro país.

En Valladolid, a 29 de septiembre de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros