PNL/001225-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de octubre de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001221 a PNL/001232.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de octubre de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Miguel Hernández Alcojor, Soraya Blázquez Domínguez, José Luis Vázquez Fernández, Juan Luis Cepa Álvarez, Sergio Iglesias Herrera, Alicia Palomo Sebastián, Ángel Hernández y María Rodríguez Díaz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

El gran incendio forestal de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila) asoló los valles de Amblés y Alberche en la provincia de Ávila, afectando a núcleos de población de Riofrío, Sotalbo, Solosancho, Villaviciosa, Robledillo, Navalmoral, Navarredondilla, San Juan del Molinillo y Navalacruz.

Situaciones como la de Navalacruz, los numerosos incendios que asolan Castilla y León, así como lo que está pasando este y anteriores veranos con las distintas Olas de Calor, Inundaciones, con las Sequías y con los Incendios forestales van a continuar ocurriendo durante los próximos años como consecuencia de la Crisis Climática.

El día 9 de agosto el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU certificó el carácter irreversible de las consecuencias que condicionarán al Planeta durante siglos en una Emergencia Climática.

La ONU reiteró que dichas consecuencias solo serán mitigables con hábitos, legislación y medidas que habrán de implementarse con absoluta inmediatez y en el marco de una declaración de alerta climática. Desde el Grupo Parlamentario Socialista esta posición ha sido recogida en múltiples iniciativas y propuestas.

El gran incendio forestal de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), según informa la Junta de Castilla y León, comenzó a las 10.44 horas del 14 de agosto en el municipio abulense de Navalacruz al arder un coche en la carretera nacional N-502.

Tal y como consta en la página web de la Junta de Castilla y León, sobre dicho gran incendio se declaró el nivel 2 de peligrosidad por el riesgo que entrañaba para los bienes distintos a los de naturaleza forestal y se evacuó a los vecinos de nueve núcleos de población.

Los Medios del Operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León han estado actuando durante ocho días consecutivos en la extinción del incendio con el apoyo de los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

También se ha contado con la ayuda de los medios de las comunidades autónomas de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, y con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, así como la entrega del voluntariado de Protección Civil y de los habitantes de la zona durante las trágicas jornadas.

En definitiva, desde el pasado día 14 de agosto de 2021 Castilla y León sufrió el gran incendio forestal de Navalacruz y Cepeda de la Mora (Ávila), que según estima la Junta ha arrasado un total de 21.993 hectáreas, y lo convierte en el mayor de los incendios desde que la Junta de Castilla y León asumió las competencias en 1984 en materia de protección ciudadana, ordenación del territorio y custodia de este.

En este contexto de Emergencia Climática el trágico gran incendio forestal iniciado el pasado día 14, además de las consecuencias propias de esta tragedia ambiental, provoca efectos muy negativos sobre la cotidianeidad, afectando a los suministros esenciales y sobre la actividad socioeconómica de la zona (forestal, agrícola, cinegética y ganadera).

A mayor abundamiento, el gran incendio forestal de Navalacruz ha causado también graves daños sobre el patrimonio cultural, afectando, entre otros legados patrimoniales, a tres BIC, Zona Arqueológica de Ulaca, el castillo de Manqueospese y el yacimiento de arte rupestre de Las Chorreras.

En el gran incendio forestal de Navalacruz evidenciado el compromiso y el carácter abnegado de los más de 1000 hombres y mujeres integrantes del operativo de extinción de incendios, que en heterogéneas condiciones y circunstancias han realizado un trabajo excepcional y admirable, que ante la ausencia de un operativo homogéneo se ha hecho imposible una eficaz coordinación de todos los medios movilizados.

Destacable ha sido la total predisposición del resto de las administraciones públicas, la administración del Estado, de los ayuntamientos y de toda la sociedad en su conjunto que, con gran preocupación a la vez por la seguridad de los intervinientes, con alivio y satisfacción celebró la recuperación del único accidente acaecido por un Bombero Forestal, en la primera de las jornadas del gran incendio forestal.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar constancia de su solidaridad con los vecinos y las vecinas de la zona afectada por el gran incendio forestal de Navalacruz, con quienes fueron desplazados de los pueblos de Villaviciosa, Robledillo y Palacios de Sotalbo, o confinados en Baterna, aunque fuera durante unas horas, obligados para garantizar su seguridad personal.

El Grupo Parlamentario Socialista hace explícito que los integrantes del operativo de incendios forestales habrán de ser considerados Bomberos Forestales, a quienes desde la Junta de Castilla y León no se les quiere reconocer como tales, derecho que debe ser atendido de inmediato a través de los procedimientos administrativos que correspondan.

Desde el reconocimiento a la capacidad y extraordinaria función del cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León se hace improrrogable por más tiempo cubrir de manera estable y definitiva, con carácter inmediato, las plazas, vacantes o interinas, que en esta coyuntura de emergencia climática se hacen imprescindibles.

A los técnicos de la Consejería, jefes de extinción, explícita gratitud y reconocimiento por su celo y gran esfuerzo, pues no hace más de dos meses presentaban un escrito por registro, firmado por los 30 que conforman la estructura de la Consejería de Medio Ambiente, denunciando no estar en condiciones de garantizar la realización de su cometido en las debidas condiciones por falta de medios materiales y también humanos, exigiendo la contratación de 60 técnicos más.

La obstinación del Consejero de Medio Ambiente en desmantelar, año tras año, el operativo de extinción de incendios, con la privatización, además de precarizar las condiciones laborales y de seguridad de sus integrantes, hace que el dispositivo sea más ineficiente y menos eficaz.

Frente a lo anteriormente expuesto, el Presidente de la Junta de Castilla y León, en sus declaraciones pasado día 18 de agosto, cuando manifestó que "quizá era el momento" de reforzar el operativo de extinción y prevención de incendios después de 34 años al frente del Gobierno evidencia falta de sensibilidad, inoportuna desconsideración frente al más grave y trágico episodio ambiental que ha padecido la Comunidad Autónoma y desprecio a la sociedad a la que representa.

Ante estas desoladoras circunstancias y con un ejemplar ejercicio de cooperación y solidaridad institucional, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita del pasado día 22 de agosto a Navalacruz, comprometía la declaración como catastrófica la zona afectada por el incendio, este martes, 24 de agosto, durante el primer Consejo de Ministros tras el verano.

En sentido inverso, desde la Junta de Castilla y León, negligente e irresponsable, con independencia de las responsabilidades que se puedan exigir frente a la Justicia, derivarán con certeza ineludibles consecuencias políticas, ya que despreciando de forma continuada a lo largo de los años a la sociedad castellana y leonesa, a los colectivos profesionales, agentes ambientales, bomberos, bomberos de facto, forestales, a los sindicatos y sus continuas reivindicaciones, ha hecho caso omiso a las reiteradas propuestas e iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado.

Para el PSOE de Castilla y León el reto climático es una prioridad de incidencia transversal, como lo pueden ser la sanidad y la educación.

Y así, solo en esta legislatura, en la primera de las sesiones ya se interpeló a la Junta de forma expresa al respecto del modelo en la gestión de la prevención y la extinción de incendios y las emergencias, siendo rechazadas las 25 propuestas que contenía la moción que de la misma derivó.

Con Preguntas Orales en control parlamentario en las Cortes el Partido Socialista ha querido dar la visibilidad y proyección social a la imprescindible custodia del territorio a que estatutaria ilegalmente tienen derecho los castellanos y leoneses.

Con Proposiciones No de Ley, todas ellas también rechazadas por el Partido Popular, propuestas constructivas en la intención de dotar a Castilla y León de un operativo público en la materia que contribuyera a mitigar los efectos del cambio climático, que a la vez se convirtiera en una medida eficaz frente a la despoblación.

Pero fue en la sesión de 14 de abril del presente cuando el Grupo Parlamentario Popular despreció en la toma en consideración la posibilidad de debatir y enriquecer la Proposición de Ley reguladora de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, que, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, aglutinaba la participación, aportaciones y consenso de sindicatos, juristas, expertos en cambio climático y emergencias, jefes de parques de bomberos, el Consejo de alcaldes del PSOECYL, entre otros.

El incendio cuyas consecuencias habrían sido mitigadas si se hubiera contado con un dispositivo adecuado y suficiente y que, durante los 365 días del año, coordinado, homogéneo y bien dotado desarrolle sus acciones de prevención, extinción de incendios y emergencias.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, en el plazo máximo de seis meses, proceder a la puesta en marcha de un servicio de extinción de incendios integrado y coordinado a través del Consorcio Autonómico previsto en la Ley de Protección Ciudadana desde 2007.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que el operativo de prevención y extinción de incendios y salvamento, como servicio público, sea prestado por empleados públicos.

3.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a ampliar la duración a todo el año natural, de la actual dotación temporal del dispositivo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, adscribiendo al citado operativo a tareas propias de la extinción de incendios, salvamento y emergencias y en periodo invernal a las labores que, en ausencia de emergencias, desempeñarán trabajos de conservación del territorio, prevención, trabajos silvopastorales u otros.

4.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que el operativo de prevención y extinción de incendios y emergencias, como servicio público esencial, se preste mediante una Red de Parques de Bomberos formada por empleados públicos. Esta Red, vertebradora de la Comunidad, tendrá como objetivos garantizar la custodia de nuestro territorio, la seguridad de nuestro medioambiente y los bienes y las personas frente a los incendios o cualquier emergencia de manera eficaz y eficiente.

5.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a retirar, de inmediato, el Proyecto de Decreto que regula el Voluntariado de Protección Civil en Castilla y León, reconociendo el imprescindible papel del voluntariado y teniendo en consideración que este nunca sea sustitutivo de los profesionales, contribuyendo así a la generación de empleo de calidad y estable también en el medio rural.

6.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a Adoptar en el plazo de tres meses las medidas necesarias para garantizar que la prestación del servicio público de Emergencias del 112 de Castilla y León sea realizada por empleados públicos de la Administración Autonómica.

7.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a derogar el Decreto 10/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León, por no ajustarse a lo prevenido en la Ley/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, en evitación de una grave inseguridad jurídica y por no garantizar la prestación de este servicio público esencial.

8.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar con carácter inmediato las siguientes medidas:

a. Declarar época de "peligro alto de incendios" cuando las condiciones climáticas lo determinen, incluso antes del 1 de julio y si es necesario ampliarla hasta después del 30 de septiembre cuando las condiciones técnicamente lo aconsejen.

b. Cubrir de forma efectiva desde el primer día de declaración de "peligro alto de incendios" todos los puestos de vigilancia, dotaciones de camiones de incendios y las cuadrillas terrestres y helitransportadas.

c. Nombrar en la época de "peligro alto de incendios" los técnicos y agentes medioambientales de guardia de incendios por Comarca necesarios para cada jornada.

9.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, las siguientes medidas:

a) Elaborar los protocolos de actuación que comprendan y vinculen a todo aquello relacionado con la extinción de incendios y la colaboración interadministrativa.

b) Realizar las actuaciones necesarias para que se produzca el reconocimiento de la categoría de "bombero forestal" para el personal de extinción y prevención de incendios forestales.

c) Crear un Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad Autónoma (Escala Técnica y Operativa), con una dotación mínima de 1100 agentes de forma activa y formación específica.

d) Reactivar y dotar en todas las Comarcas necesarias un plan de concienciación y educación ambiental sobre los incendios forestales del "Plan 42".

e) Crear y dotar adecuadamente las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, "BIIF", con agentes medioambientales de la Comunidad, de forma que puedan colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

10.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar un Plan de Actuaciones en materia de Incendios Forestales que, a lo largo de los dos próximos años, aborde la adopción de las siguientes medidas:

a) La adopción de medidas que acaben con la precariedad en el empleo de todos aquellos integrantes de los diferentes dispositivos del operativo.

b) Una convocatoria pública de empleo que cubra la tasa de reposición de personal de todo el operativo de la Junta de Castilla y León de lucha contra el fuego e investigación.

c) Dotar del personal suficiente para que los puestos de vigilancia y las motobombas no permanezcan ningún día de la campaña de alto riesgo de incendios cerrados por razones de derechos del personal o falta de contratación.

d) La convocatoria del concurso abierto y permanente para los trabajadores fijos discontinuos, como el resto del personal laboral, con la posibilidad de que los conductores también desempeñen labores de viabilidad invernal.

e) Que cuando por razones excepcionales sea necesario contratar cuadrillas de retenes a empresas privadas, estas estarán compuestas por nueve integrantes y siempre serán dirigidas por un miembro del servicio público de extinción de incendios.

f) Que se fomente la contratación de pymes y autónomos de localidades próximas a los montes, para la realización de las tareas de mantenimiento en los mismos.

Valladolid, 15 de septiembre de 2021.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Eugenio Miguel Hernández Alcojor,

María Soraya Blázquez Domínguez,

José Luis Vázquez Fernández,

Juan Luis Cepa Álvarez,

Sergio Iglesias Herrera,

Alicia Palomo Sebastián,

Ángel Hernández Martínez y

María Rodríguez Díaz

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández