M/000155-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2021, ha admitido a trámite la Moción, M/000155, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Sres. Domínguez Arroyo y Fernández Santos (PODEMOS-EQUO), relativa a política general en materia de ayuda a domicilio, consecuencia de la Interpelación formulada por dichos Procuradores, sustanciada en la Sesión Plenaria de 5 de octubre de 2021.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de los Procuradores Laura Domínguez Arroyo y Juan Pablo Fernández Santos, pertenecientes a PODEMOS-EQUO, al amparo de lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente MOCIÓN, derivada de la Interpelación I/000155, relativa a política general en materia de ayuda a domicilio.

ANTECEDENTES

El servicio de ayuda a domicilio es, en virtud del artículo 19 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, una prestación esencial del sistema de nuestra Comunidad Autónoma. De hecho, es la prestación del sistema de dependencia más utilizada, con más de 26.000 usuarios y usuarias en la actualidad y que no ha parado de crecer en demanda desde la existencia de la normativa en esta materia (desde 2015 de forma exponencial en más de 8.000 usuarios y usuarias más).

Con estas características parece evidente que la financiación, gestión y prestación de la ayuda a domicilio debe ser de calidad, coordinada y homogénea. Sin embargo, desde Podemos llevamos años alertando de carencias estructurales de la prestación, que lejos de solucionarse se van enquistando cada vez más.

Las principales carencias tienen que ver con las profesionales acreditadas que prestan el servicio. Las trabajadoras de ayuda a domicilio realizan una labor esencial y durante la crisis del COVID-19 se han visto en una situación límite (sin material de protección e higiene, con pérdida de horas de servicio que ha repercutido en sus salarios o sus condiciones, etc.) que no es más que el colofón a años de malas condiciones laborales. La prestación de este servicio emplea a más de 5.000 trabajadoras, con un 98 % de mujeres ejerciendo dicha labor. La mayoría de ellas tienen contratos con jornadas parciales y la remuneración de esta labor es muy baja, como es lo normal en todo el sistema de trabajo de cuidados. De hecho, en este momento, las representantes de las trabajadoras siguen enquistadas en la negociación de un convenio colectivo justo que lleva meses paralizada.

Por otro lado, a pesar de los anuncios de mejoras que en los últimos años ha realizado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la prestación del servicio, lo cierto es que el impacto de dichas modificaciones no es el deseado.

En 2018, cuando se acuerda con las entidades locales ampliar la gratuidad del servicio y reducir el copago, se hace en el primer caso con una diferencia de 40 euros menos y, en el segundo, la reducción que se ha cuantificado en un 20 % no llega a la gran mayoría de usuarios y usuarias.

En cuanto al anuncio de este mismo año sobre el aumento de las intensidades horarias ni siquiera nos hemos situado en las intensidades mínimas del año 2012. Así, un dependiente Grado III que en el año 2012 recibía como intensidad mínima 70 horas ahora estará en las 55. Y aunque se han recuperado prácticamente las intensidades máximas, en Grado I y Grado II siguen siendo una hora inferiores a las de 2012.

En conclusión, no sólo no hemos recuperado los niveles de hace nueve años, sino que además los 16 millones que presuntamente se destinarán a esto en realidad se destinan a un aumento del número de usuarios y usuarias y en menor medida a este aumento y a otras mejoras.

Por último, el aumento desproporcionado de las prestaciones vinculadas al servicio en detrimento de la prestación directa gestionada por las entidades locales es una política privatizadora que debe dejar de extenderse como la óptima.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Blindar los derechos laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio con la inclusión en el Acuerdo Marco de unas medidas de obligado cumplimiento para las empresas prestadoras del servicio en colaboración con las entidades locales como gestoras del mismo que incluyan al alza las retribuciones, el cómputo de horas y los complementos de movilidad.

2. Incluir en el Acuerdo Marco un protocolo para que las empresas deban proveer de todos los recursos materiales necesarios ante posibles contingencias que impida que suceda lo ocurrido durante la crisis del COVID-19 en colaboración con las entidades locales como gestoras del mismo.

3. Intermediar en la negociación del convenio colectivo para garantizar el blindaje de derechos laborales previstos en el punto 1.

4. Constituir una Comisión de Seguimiento de la prestación del servicio de ayuda a domicilio compuesta por las empresas, la Consejería y las representantes sindicales a nivel autonómico y colaborar con las administraciones locales y provinciales para constituir homólogas en su territorio que pongan en común las necesidades y circunstancias de la prestación del servicio de forma ágil y sostenida en el tiempo.

5. Reducir el número de prestaciones vinculadas al servicio que suponen una forma de privatización y apostar por la prestación directa gestionada por las entidades locales.

6. Aumentar la cuantía de la renta y establecer una valoración de la situación familiar y personal para acceder de forma gratuita al servicio para alcanzar a un mayor número de usuarios y usuarias.

7. En colaboración con las entidades locales para que lo incluyan en sus respectivas ordenanzas municipales, establecer fórmulas de cálculo de las cuotas proporcionales y justas en función del nivel de renta de las personas usuarias y de su situación familiar y personal, especialmente para las rentas intermedias que se ven gravadas en el cálculo de su copago.

8. Establecer una mayor rebaja del copago en la presente legislatura.

9. Restablecer las intensidades horarias, tanto máximas como mínimas de antes de 2012 y en todo caso seguir aumentando el número de horas prestadas sobre todo en dependientes Grado III".

En Valladolid, a 7 de octubre de 2021.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos