PNL/001236-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001236-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a fin de que, de forma urgente, adopte medidas para provocar una efectiva e inmediata bajada de la factura de la luz que pagan los castellanos y leoneses, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001233 a PNL/001236.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo delo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

El artículo 45 de la Constitución Española establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, introdujo la armonización del sistema fiscal con el objeto de alcanzar un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, amparándose en el artículo 45 de la Constitución y los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea y que, por tanto, inspiran el ordenamiento jurídico español en dichas materias.

En las primeras semanas del año 2021, el sistema eléctrico ya experimentó un encarecimiento sustancial de los precios, alcanzando niveles por encima de los 90-110 €/MWh, que suponían máximos históricos, con el consecuente impacto negativo en la factura eléctrica de los consumidores, que llegó a suponer un incremento de 20 %-30 % respecto a determinados tipos de contratos que afectan a los consumidores más vulnerables en relación al mismo período del año anterior, afectando a las familias y a empresas.

El incremento en los precios puede explicarse por causas coyunturales, como la escasez en el suministro de gas natural en la península, los desvíos de buques de gas natural licuado a otras regiones geográficas, el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2, unido al de las materias primas por efecto de la escasez, así como las condiciones meteorológicas extremas. Pero también exige medidas que atiendan a los cambios estructurales de los mercados de la energía.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001128, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aprobó instar a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad, a impulsar una reforma normativa que modificase la base imponible del impuesto sobre el valor añadido y el impuesto eléctrico, y a reducir al tipo del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.

El Partido Socialista de Castilla y León junto con PODEMOS- EQUO y Vox votaron en contra de esta iniciativa.

El jueves 24 de junio de 2021, un Consejo de Ministros Extraordinario acordó la bajada del IVA de la luz del 31 al 10 % hasta final de año así como suspender durante el tercer trimestre el Impuesto sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica.

Si bien es cierto que esta medida se contempló específicamente para consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW por lo que gran cantidad de consumidores, fundamentalmente, pequeñas empresas e industrias no pueden beneficiarse de esta medida. Debemos tener en cuenta que cualquier pequeño bar, por ejemplo, contrata en torno a los 15 kW.

A pesar de aquellas medidas temporales apenas se produjo un alivio de 8,54 euros en una factura media de la luz, asistiendo a nuevos records en subidas cada día.

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados registró en enero de 2021 una Proposición de Ley en la que se proponía una reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica al 0 % para contribuir a la reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores en una cuantía estimada de manera conservadora y dependiendo del precio final medio del año en el mercado mayorista. Y para ello se proponía reducir la retribución que reciben las instalaciones con derecho a régimen retributivo específico en el importe que van a dejar de abonar por la reducción del impuesto.

Se señalaba igualmente en esta iniciativa que para compensar la recaudación del ingreso se debe aumentar el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de derechos de emisión de CO2 para actualizarlo con los ingresos que realmente obtienen de este mecanismo.

Se proponía también la financiación de algunos costes regulados con los Presupuestos Generales del Estado (tales como las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico y los extracostes derivados de la actividad de producción en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares).

Esta proposición fue rechazada en su admisión a trámite. Junto con ella, hasta en seis ocasiones, fueron rechazadas propuestas de rebaja fiscal y cargos regulatorios en distintas iniciativas en sede parlamentaria, por el Gobierno de España y los grupos parlamentarios que lo apoyan.

El Consejo de Ministros dio luz verde después, como se ha dicho, a algunas de las medidas propuestas por el Partido Popular aprobando el RDL 12/2021 de 24 de junio por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre la gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. El RDL comenzaba reconociendo en su Exposición de Motivos el error de apreciación del propio Gobierno de España.

Posteriormente, fue aprobado el Real Decreto-Ley 17/2020, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

En él fue recogida escasamente alguna medida propuesta por el Partido Popular.

Pero la situación ha continuado empeorando. A la fecha nos encontramos con precios medios durante el día de 288 €/MWh y picos cercanos a los 320 €/MWh.

Y esta situación afecta directamente a la recuperación económica. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha calculado que el 75 % de los autónomos quedarán fuera de la rebaja del 11 % en la factura eléctrica hasta fin de año, al afectar sólo a consumidores con potencia contratada por debajo de los 10 kW. Y entre los excluidos, el 90 % de los bares, restaurantes o comercios como peluquerías o tintorerías, con un consumo eléctrico difícil de reducir en las horas en las que el mismo es más caro y cuya potencia contratada media oscila entre los 25 y 30 kW.

Ante esta escalada sin precedentes del precio de la luz en España, el Gobierno de Mañueco en Castilla y León, buscando la protección de los más vulnerables, ha aprobado una ayuda extraordinaria y directa, sin trámites, de 130 euros para las personas en situación más delicada con vistas a facilitar el pago de la factura de la luz, en una época de constantes subidas.

Ayudas por importe inicial de 6 millones de euros, que llegarán a 45.000 familias que se encuentren con menores recursos (aquellos que perciben la renta mínima garantizada de ciudadanía y las personas mayores con pensiones no contributivas, entre otros, y que ya se encuentran identificados) y antes de final de año, sin que tengan que hacer ninguna solicitud.

De esta forma, ante la incapacidad del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León protege a los más vulnerables.

Por todo lo expuesto, ante la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de España y ante la urgencia de buscar soluciones a la difícil situación generada por la subida sin precedentes del precio de la luz en España, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a fin de que, de forma urgente, adopte medidas para provocar una efectiva e inmediata bajada de la factura de la luz que pagan los castellanos y leoneses.

Dichas medidas se concretan en:

1. Acometer una reforma regulatoria del sector eléctrico, con carácter técnico y no ideológico, apostando por un mix equilibrado, adaptando de esta forma nuestro modelo energético a los cambios estructurales observados en los últimos años, asegurando la transición hacia energías limpias de manera ordenada y progresiva, con el objetivo de alcanzar la soberanía energética, reduciendo la dependencia energética, diversificando el parque de generación e introduciendo medidas como el almacenamiento energético para la gestión de fuentes renovables, priorizando el mantenimiento y creación de empleo.

2. Suprimir definitivamente el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción Energética del 7 %.

3. Aumentar la potencia objeto de reducción del IVA de la electricidad, pasando de 10 kW a 20 kW y mantener esta reducción de forma permanente.

4. Modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para que determinados costos regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (deuda del sistema eléctrico y costes extrapeninsulares) sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

5. Desvincular la tarifa regulada (PVPC) de la volatilidad del mercado al por mayor de la electricidad, tal y como se está aplicando en otros países europeos.

6. Conceder más peso específico al término de energía que al de potencia con el objetivo de impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo eléctrico.

7. Simplificar la factura eléctrica para facilitar su comprensión y poner en marcha de inmediato una campaña de información a las personas consumidoras que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa eléctrica, facilite la toma de decisiones y permita un consumo más eficiente".

Valladolid, 13 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano


PNL/001236-01

CVE="BOCCL-10-022907"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 43636-43639
BOCCL nº 296/10 del 19/10/2021
CVE: BOCCL-10-022907

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001236-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a fin de que, de forma urgente, adopte medidas para provocar una efectiva e inmediata bajada de la factura de la luz que pagan los castellanos y leoneses, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001233 a PNL/001236.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo delo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

El artículo 45 de la Constitución Española establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, introdujo la armonización del sistema fiscal con el objeto de alcanzar un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, amparándose en el artículo 45 de la Constitución y los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea y que, por tanto, inspiran el ordenamiento jurídico español en dichas materias.

En las primeras semanas del año 2021, el sistema eléctrico ya experimentó un encarecimiento sustancial de los precios, alcanzando niveles por encima de los 90-110 €/MWh, que suponían máximos históricos, con el consecuente impacto negativo en la factura eléctrica de los consumidores, que llegó a suponer un incremento de 20 %-30 % respecto a determinados tipos de contratos que afectan a los consumidores más vulnerables en relación al mismo período del año anterior, afectando a las familias y a empresas.

El incremento en los precios puede explicarse por causas coyunturales, como la escasez en el suministro de gas natural en la península, los desvíos de buques de gas natural licuado a otras regiones geográficas, el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2, unido al de las materias primas por efecto de la escasez, así como las condiciones meteorológicas extremas. Pero también exige medidas que atiendan a los cambios estructurales de los mercados de la energía.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2021, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001128, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aprobó instar a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación a establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad, a impulsar una reforma normativa que modificase la base imponible del impuesto sobre el valor añadido y el impuesto eléctrico, y a reducir al tipo del 10 % el IVA de la electricidad hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.

El Partido Socialista de Castilla y León junto con PODEMOS- EQUO y Vox votaron en contra de esta iniciativa.

El jueves 24 de junio de 2021, un Consejo de Ministros Extraordinario acordó la bajada del IVA de la luz del 31 al 10 % hasta final de año así como suspender durante el tercer trimestre el Impuesto sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica.

Si bien es cierto que esta medida se contempló específicamente para consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW por lo que gran cantidad de consumidores, fundamentalmente, pequeñas empresas e industrias no pueden beneficiarse de esta medida. Debemos tener en cuenta que cualquier pequeño bar, por ejemplo, contrata en torno a los 15 kW.

A pesar de aquellas medidas temporales apenas se produjo un alivio de 8,54 euros en una factura media de la luz, asistiendo a nuevos records en subidas cada día.

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados registró en enero de 2021 una Proposición de Ley en la que se proponía una reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica al 0 % para contribuir a la reducción de la factura eléctrica a todos los consumidores en una cuantía estimada de manera conservadora y dependiendo del precio final medio del año en el mercado mayorista. Y para ello se proponía reducir la retribución que reciben las instalaciones con derecho a régimen retributivo específico en el importe que van a dejar de abonar por la reducción del impuesto.

Se señalaba igualmente en esta iniciativa que para compensar la recaudación del ingreso se debe aumentar el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de derechos de emisión de CO2 para actualizarlo con los ingresos que realmente obtienen de este mecanismo.

Se proponía también la financiación de algunos costes regulados con los Presupuestos Generales del Estado (tales como las anualidades correspondientes a la deuda del sistema eléctrico y los extracostes derivados de la actividad de producción en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares).

Esta proposición fue rechazada en su admisión a trámite. Junto con ella, hasta en seis ocasiones, fueron rechazadas propuestas de rebaja fiscal y cargos regulatorios en distintas iniciativas en sede parlamentaria, por el Gobierno de España y los grupos parlamentarios que lo apoyan.

El Consejo de Ministros dio luz verde después, como se ha dicho, a algunas de las medidas propuestas por el Partido Popular aprobando el RDL 12/2021 de 24 de junio por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre la gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. El RDL comenzaba reconociendo en su Exposición de Motivos el error de apreciación del propio Gobierno de España.

Posteriormente, fue aprobado el Real Decreto-Ley 17/2020, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

En él fue recogida escasamente alguna medida propuesta por el Partido Popular.

Pero la situación ha continuado empeorando. A la fecha nos encontramos con precios medios durante el día de 288 €/MWh y picos cercanos a los 320 €/MWh.

Y esta situación afecta directamente a la recuperación económica. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha calculado que el 75 % de los autónomos quedarán fuera de la rebaja del 11 % en la factura eléctrica hasta fin de año, al afectar sólo a consumidores con potencia contratada por debajo de los 10 kW. Y entre los excluidos, el 90 % de los bares, restaurantes o comercios como peluquerías o tintorerías, con un consumo eléctrico difícil de reducir en las horas en las que el mismo es más caro y cuya potencia contratada media oscila entre los 25 y 30 kW.

Ante esta escalada sin precedentes del precio de la luz en España, el Gobierno de Mañueco en Castilla y León, buscando la protección de los más vulnerables, ha aprobado una ayuda extraordinaria y directa, sin trámites, de 130 euros para las personas en situación más delicada con vistas a facilitar el pago de la factura de la luz, en una época de constantes subidas.

Ayudas por importe inicial de 6 millones de euros, que llegarán a 45.000 familias que se encuentren con menores recursos (aquellos que perciben la renta mínima garantizada de ciudadanía y las personas mayores con pensiones no contributivas, entre otros, y que ya se encuentran identificados) y antes de final de año, sin que tengan que hacer ninguna solicitud.

De esta forma, ante la incapacidad del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León protege a los más vulnerables.

Por todo lo expuesto, ante la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de España y ante la urgencia de buscar soluciones a la difícil situación generada por la subida sin precedentes del precio de la luz en España, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España a fin de que, de forma urgente, adopte medidas para provocar una efectiva e inmediata bajada de la factura de la luz que pagan los castellanos y leoneses.

Dichas medidas se concretan en:

1. Acometer una reforma regulatoria del sector eléctrico, con carácter técnico y no ideológico, apostando por un mix equilibrado, adaptando de esta forma nuestro modelo energético a los cambios estructurales observados en los últimos años, asegurando la transición hacia energías limpias de manera ordenada y progresiva, con el objetivo de alcanzar la soberanía energética, reduciendo la dependencia energética, diversificando el parque de generación e introduciendo medidas como el almacenamiento energético para la gestión de fuentes renovables, priorizando el mantenimiento y creación de empleo.

2. Suprimir definitivamente el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción Energética del 7 %.

3. Aumentar la potencia objeto de reducción del IVA de la electricidad, pasando de 10 kW a 20 kW y mantener esta reducción de forma permanente.

4. Modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para que determinados costos regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica (deuda del sistema eléctrico y costes extrapeninsulares) sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

5. Desvincular la tarifa regulada (PVPC) de la volatilidad del mercado al por mayor de la electricidad, tal y como se está aplicando en otros países europeos.

6. Conceder más peso específico al término de energía que al de potencia con el objetivo de impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo eléctrico.

7. Simplificar la factura eléctrica para facilitar su comprensión y poner en marcha de inmediato una campaña de información a las personas consumidoras que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa eléctrica, facilite la toma de decisiones y permita un consumo más eficiente".

Valladolid, 13 de octubre de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano


PNL/001236-01

CVE="BOCCL-10-022907"



Sede de las Cortes de Castilla y León