PE/008357-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2021, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/008338 a PE/008382.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pablo Fernández Santos, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito

ANTECEDENTES

El acceso a las telecomunicaciones (internet, telefonía móvil y telefonía fija) se ha convertido en las últimas décadas en algo tan fundamental que ya se reconoce incluso como un derecho, y su ausencia como un indicador de pobreza y subdesarrollo.

Tener una cobertura de telefonía móvil óptima y una conexión de internet a una velocidad apropiada es imprescindible para el desarrollo de actividades cotidianas, pero también para ciertos servicios básicos corno son la relación con la propia administración pública, la sanidad, la educación, etc. Esta necesidad se incrementa exponencialmente en el mundo rural donde cada vez se es más dependiente de servicios prestados mediante estas tecnologías.

Su relevancia, y el compromiso de los Estados de la Unión Europea en su implantación universal, queda recogida en la Declaración 2016 de Cork 2.0 “Una vida mejor en el medio rural”, y es un eje transversal en el desarrollo de la mayoría de los ODS que afectan directa o indirectamente a las pequeñas poblaciones.

Frente a este reconocimiento oficial, la realidad es otra. Una de las principales demandas de la España vaciada es precisamente la deficiencia en el servicio de telecomunicaciones, que frena cualquier tipo de desarrollo social y económico.

Ese es el caso de Miranda de Azán, un municipio de 450 vecinos a tan solo ocho kilómetros de Salamanca. En 2013 fue declarado primer municipio del bien común y desde entonces mantiene un programa de políticas públicas y sociales que ha servido de referente tanto dentro corno fuera de la provincia. En los últimos años esto ha ayudado a impulsar una débil tendencia de crecimiento tanto demográfico corno económico, en constante riesgo de frenarse debido, entre otras cosas, a la deficiente cobertura en materia de telecomunicaciones, tanto de telefonía móvil como de internet y telefonía fija, que imposibilitan el asentamiento poblacional y el desarrollo de nuevos negocios.

Si ya en 2007 la existencia de una estación base de cobre quedaba obsoleta y obligó a limitar las nuevas altas de telefonía fija por falta de capacidad para acoger nuevos usuarios, la situación actual, tras 14 años sin inversión ni actualización de las infraestructuras, es desesperante para una población que se siente tratada con agravio discriminativo. La situación es más sangrante cuando en el propio término municipal, a poco más de un kilómetro, atraviesa una conexión de fibra óptica de la que sí disfrutan pueblos más alejados de la ciudad.

La señal de internet real no supera los 3 Mb de bajada; la cobertura de telefonía móvil es muy deficitaria, incluso en la calle, donde apenas existe conexión 3G y las expulsiones de las llamadas de voz son frecuentes por la propia discriminación del sistema; la cobertura dentro de los edificios es mucho peor, y el servicio de telefonía fija sufre continuos cortes que a veces se prolongan por días.

Los problemas que esta situación acarrea son diversos, y algunos de cierta gravedad: la consulta del médico a veces debe ser aplazada por no poder realizar las llamadas de citación, no poder acceder al historial clínico, emitir recetas o actualizar la tarjeta sanitaria. Los negocios (casas rurales y restaurantes) se ven en dificultades a la hora de prestar servicios, cobrar con tarjeta y, cuando falla el teléfono fijo, se ven privados de posibles reservas (no pueden facilitar un teléfono móvil por la falta de cobertura en interior). El sistema de atención a personas mayores que tiene la diputación de Salamanca funciona a través de teléfonos fijos, con lo que estas personas a veces quedan desamparadas. La actividad de coordinación administrativa con personal, operarios y el buen funcionamiento del ayuntamiento se dificulta enormemente.

Todo ello a mayores de las dificultades ya imaginadas en la cotidianidad de la población en general con especial preocupación en la residencia de ancianos y en los más jóvenes.

Sobre esta cuestión realizamos las siguientes

PREGUNTAS

¿Qué medidas reales tiene previstas acometer la Junta de Castilla y León para eliminar el subdesarrollo tecnológico en los núcleos rurales como Miranda de Azán?

¿Se prevé por parte de la Junta de Castilla y León una actuación directa en los municipios pequeños, donde las empresas no tienen intención de invertir por su baja rentabilidad, para así llegar a cumplir con la declaración europea?

En Valladolid, a 18 de octubre de 2021.