PL/000012-03

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 15 de noviembre de 2021, ha admitido a trámite las Enmiendas a la Totalidad con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2022, PL/000012.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de noviembre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD de DEVOLUCIÓN del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2022:

La elaboración y tramitación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma ha supuesto siempre para la Junta de Castilla y León un mero trámite, ya que la ejecución posterior por parte de los órganos de gobierno no formaba parte de su compromiso de gestión.

Este Presupuesto evidencia, una vez más, esa situación, pero se agrava al suceder en el que quizás sea el año más crucial para el futuro de Castilla y León, pues es el año en el que la Comunidad va a recibir, como ya está sucediendo en 2021, la mayor aportación financiera de su historia procedente del Gobierno de España y de los Fondos Europeos a través del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno y aprobado por la Unión Europea (a pesar de todos los palos puestos en las ruedas por el Partido Popular).

Sin embargo, este inmenso empujón, que será el último que reciba en muchos años nuestra Comunidad, no es aprovechado por la Junta de Castilla y León, que sigue planteando unos Presupuestos que, si bien crecen cuantitativamente gracias al aporte del Gobierno de España y de la UE, son totalmente continuistas en sus políticas de gasto y, fundamentalmente, en las más vinculadas con el Estado del Bienestar. Además, estos Presupuestos carecen de un modelo de desarrollo para apoyar la industrialización, crear empleo e impulsar de manera eficiente y suficiente nuestra economía.

Así, después de las penurias causadas por el COVID-19 y ahora, que ya se conocen los datos que sitúan a Castilla y León como la Comunidad Autónoma que mayor impacto ha sufrido en todas las ratios (solo superada por Madrid y Cataluña y a gran distancia de las siguientes), resulta que nos encontramos con un presupuesto que, lejos de reforzar el sistema social, recorta en gasto social al situarse seis décimas por debajo de las cifras del 2021 (respecto al PIB). En sanidad, por ejemplo, solo aumenta un 1,91 % frente al 11 % que crece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 (exceptuando las vacunas). El escaso crecimiento ni siquiera lo hace en la cantidad recibida del Gobierno y, de hecho, crece menos de lo que va a hacerlo la masa salarial, por lo que realmente supone, un año más, un recorte en política sanitaria. De igual modo sucede con las políticas sociales encomendadas a la Consejería de Familia, cuyo aumento es inferior al de las cantidades que se reciben del Gobierno, situándose seis puntos por debajo del crecimiento de estos gastos sociales en los PGE para el ejercicio 2022. Esta presupuestación denota que se ha obviado que los efectos de la covid-19 fueron especialmente intensos y graves en nuestros centros residenciales y, lejos de fortalecer el sistema, se siguen manteniendo las mismas políticas continuistas del Partido Popular, que no podrán dar diferentes resultados.

En educación, ocurre exactamente lo mismo. Los aumentos que se experimentan son consecuencia del incremento de las transferencias del Estado, pero, en su distribución, se prima sobremanera las cantidades destinadas a la educación concertada, en detrimento claramente de las que debería aumentar la educación pública.

En conclusión, el Presupuesto No Financiero de la Comunidad crece en 903 millones de euros gracias al incremento de las entregas a cuenta procedentes del Estado y al hecho inédito de que el Gobierno central haya condonado nada menos que 345 millones que la Junta de Castilla y León debería devolver como consecuencia de la sobrefinanciación recibida en el año 2020. De hecho, es lo contrario de lo que decidió el señor Rajoy en relación a la sobrefinanciación que recibimos en 2008 y 2009 y que todavía estamos devolviendo a razón de 73 millones cada año por su decisión de no condonar ni un euro a Castilla y León.

Los Presupuestos vuelven a repetir las pautas y los errores de años anteriores y así, por ejemplo, aunque por primera vez se presupuesta una cantidad pequeña de ingresos procedentes de los Fondos Next Generation conseguidos para España por el Gobierno y en contra del PP, dichas cantidades están muy lejos de los 3.023 millones que se iban a recibir gracias a los 182 proyectos públicos que se incluyeron en una biblioteca de proyectos que ahora se demuestra tan "creíble" como estos Presupuestos.

Es destacable el hecho que se ha producido en las comparecencias de los miembros del Ejecutivo autonómico en la presentación de estos Presupuestos, donde el propio consejero de Economía y Hacienda ha reconocido un hecho inaudito y contrario al rigor presupuestario que se presupone en unas cuentas públicas. Se dotó una partida de ingresos de 455 millones de euros bajo la rúbrica 'Complemento de Financiación Extraordinario' que no cuenta con ninguna base legal, ni pacto, ni acuerdo para su inclusión y que ni siquiera figura recogida en el Proyecto de PGE para el año 2022.

La citada cantidad es una reclamación política que comparte el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como se manifestó en el Pleno del 7 de septiembre del presente año, pero que no puede servir de aval para la inclusión en los Presupuestos Generales de la Comunidad, ya que lleva aparejada la correspondiente contrapartida de gastos sociales (sanidad, educación y servicios sociales) que quedarían sin cobertura financiera para su puesta en marcha y desarrollo. Ello generaría un déficit económico y de servicios que no puede ni debe ser asumido por una mala gestión presupuestaria. Presupuestar cantidades ficticias o irreales supone un engaño a la ciudadanía castellano y leonesa y demuestra una nefasta gestión de nuestra economía.

Adicionalmente, este Presupuesto adolece de errores e incongruencias como, por ejemplo, las referencias confusas al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, alegando inversiones presentes a un plan futuro que hoy es inexistente.

Una de las líneas de actuación imprescindibles en nuestra Comunidad, como es la lucha contra la despoblación, ha quedado relegada en este Presupuesto a un mero anexo de cinco páginas, donde se IDENTIFICAN actuaciones en materia de dinamización demográfica. Pero no se desarrollan ni se desgranan proyectos. Tampoco se aborda con la seriedad que requiere el mayor problema que sufre nuestra tierra: una sangría poblacional que el Partido Popular ha generado durante más de tres décadas de gobierno y que, lejos de solucionar, ahoga cada vez más a Castilla y León.

Por tales razones se solicita la devolución del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2022 a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 15 de noviembre de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández