PL/000013-03

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 15 de noviembre de 2021, ha admitido a trámite las Enmiendas a la Totalidad con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, PL/000013.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de noviembre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD de DEVOLUCIÓN del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas.

El Proyecto de Ley de Medidas adolece de las mismas deficiencias y errores que en años anteriores y persiste y profundiza en los mismos.

Un año más, el Proyecto de Ley modifica hasta 26 leyes distintas hurtando al Parlamento el debate correspondiente y, en la línea característica del actual Gobierno autonómico, elimina cualquier posibilidad de consenso con el resto de las fuerzas políticas, rompiendo con acuerdos anteriores y fragmentando el consenso entre el Ejecutivo autonómico y el resto de la sociedad.

El Proyecto de Ley desaprovecha la última ocasión de situar a Castilla y León en el tren de las comunidades autónomas más avanzadas pues, una vez más, rechaza adaptar las estructuras administrativas y normativas para poder conseguir, al igual que han hecho casi todas las comunidades autónomas, una estructura adecuada y eficiente para poder facilitar a los ciudadanos y empresas de Castilla y León el mejor y mayor acceso a los nuevos Fondos Europeos conseguidos por el Gobierno de España, a pesar de todos los esfuerzos que realiza el Partido Popular para que esa financiación no llegue ni a España ni a Castilla y León.

En lugar de realizar y presentar una regulación compacta que abarque todos los campos susceptibles de ser mejorados para su mayor eficiencia, el Gobierno de la Junta de Castilla y León se limita en este Proyecto de Presupuestos a parchear, como en la modificación que se introduce en la tramitación de determinadas subvenciones para eliminar la concurrencia competitiva y establecer el orden de presentación como prioritario para la concesión de las mismas. Esto evidencia el objetivo último de sus pretensiones.

En materia fiscal, una vez más, se reitera la voluntad de la Junta de Castilla y León de favorecer a los que más tienen, más ganan o más heredan

Esta política fiscal del Partido Popular, que se sustenta en no aplicar la progresividad en los tributos, se refleja otra vez más y claramente en esta ley. Por ejemplo, manteniendo para los tramos más altos del IRPF la menor tributación de España (junto a la de Madrid), comunidad autónoma con la que tenemos muy pocas similitudes económicas, sociales o laborales.

O, por ejemplo, con la bonificación del 99 % de la cuota para las grandes herencias y, fundamentalmente, para las donaciones entre los grupos I y II de parentesco, lo que ha facilitado el crecimiento exponencial de donaciones de dinero en metálico, pero no ha contribuido a nuevas inversiones, ni a la generación de nuevo empleo ni tampoco a la expansión empresarial.

Este aumento de beneficios fiscales tan localizados hace imprescindible la puesta a disposición de la Agencia Tributaria de todas las donaciones de efectivo para la realización de las investigaciones e inspecciones necesarias que confirmen la procedencia y destino de las donaciones realizadas.

Además, en la presente Ley de Presupuestos se adopta la decisión de liberalizar el juego, tras haber sido uno de los sectores más beneficiados por las políticas tributarias de la Junta de Castilla y León y desoyendo la advertencia específica que realiza el Consejo Económico y Social (CES) sobre las consecuencias económicas y sociales que conlleva la liberalización.

Por otro lado, una vez más, el Gobierno de la Junta de Castilla y León no ha establecido una política fiscal diferenciada para el mundo rural, ya que el total de las bonificaciones establecidas no superan, siendo optimistas, el millón y medio de euros para toda la Comunidad. Además, pretende que estas pírricas medidas sirvan de mecanismo de lucha contra la despoblación, cuestión que lógicamente será un fracaso.

Mientras tanto, desaparece la bonificación existente en las tasas veterinarias y se siguen manteniendo otras como, por ejemplo, la que se exige para poder participar en los procesos de acceso a la Función Pública.

Desde luego, con estas medidas que profundizan cada vez más en la desigualdad fiscal, tratando mejor a los que más tienen, obviando cualquier mejora para los que menos tienen o las ocurrencias de última hora como la rebaja en las tasas de caza y pesca, no es como se lucha contra el dumping fiscal de algunas comunidades autónomas vecinas, especialmente Madrid, cuya atracción de recursos financieros, personales y de todo tipo procedentes de Castilla y León, lejos de disminuir, aumenta de forma progresiva.

También evidencia que no se está tomando en serio la lucha contra la despoblación provocada por los distintos gobiernos del PP durante 34 años, ya que la única manera de luchar contra esta lacra es mediante inversiones que permitan, de verdad, la igualdad de acceso a los servicios esenciales en cualquier territorio de la Comunidad Autónoma. O mediante estímulos económicos, financieros y una fiscalidad diferenciada que supongan atractivo suficiente como para que la elección de permanecer o trasladarse a zonas escasamente pobladas sea realmente atractiva y no únicamente una medida 'de escaparate', como las recogidas en el Proyecto de Ley.

En otro orden de cosas, y para finalizar, el Proyecto de Ley profundiza en el mantenimiento y potenciación de la Administración paralela que ha creado la Junta de Castilla y León bajo el mando del Partido Popular, como el EREN o el SOMACYL. Ello sigue ahondando en la eliminación de todo tipo de trabas administrativas que, en materias como ruido, montes, urbanismo, etc., suponían hasta ahora una garantía de la conservación del medio y que, precisamente en este Presupuesto 'alineado' con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se relajan cuando no desaparecen totalmente.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista solicita la devolución del proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 15 de diciembre de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández