PNL/001278-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de noviembre de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001278 a PNL/001281.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2021.

El Secretario Segundo de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La estructura y organización de un sistema educativo es uno de los pilares más importantes de las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, condición sine qua non para el desarrollo efectivo de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho.

Si bien el artículo 27 de nuestra Norma Fundamental supuso, en palabras del Catedrático de Derecho Constitucional D. Carlos Vidal Prado, "un ejemplo como pocos del clima de consenso y acuerdo que se vivieron durante los debates constituyentes, y del carácter abierto a distintas lecturas que tiene nuestra Constitución en muchos de sus contenidos", el desarrollo legislativo posterior impulsado por los distintos gobiernos estatales ha roto con la lógica del acuerdo político que emana de este precepto constitucional y que, dada su transcendencia socioeconómica, cultural, civil y política, resulta imperativo blindar.

A las ocho leyes sobre enseñanzas no universitarias aprobadas desde el comienzo de la democracia en nuestro país, se le suman dos más sobre el sistema universitario. Todas ellas comparten el dudoso honor de haber sido aprobadas bajo la ausencia de un consenso unánime entre los dos principales partidos con representación en las Cortes Generales, así como con el descontento de una parte muy significativa de la comunidad educativa.

Por desgracia, los planes del Ministerio de Universidades plasmados tanto en el Proyecto de Ley de convivencia universitaria, así como en el Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario, amenazan con promover normas incapaces de dar respuesta tanto a las necesidades reales de las Universidades como al escenario de división y disconformidad existente, abriendo, de nuevo, una brecha entre las reclamaciones de la comunidad educativa con respecto a la reforma propuesta por el Gobierno de la Nación.

Precisamente, los principales órganos de interlocución universitaria con el Gobierno de España, a saber, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, junto a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), emitían un comunicado conjunto el pasado 29 de octubre manifestando su rechazo a las enmiendas planteadas por los Grupos Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Republicano al Proyecto de Ley de Convivencia Universitaria.

Esta modificación de parte ha roto el consenso preexistente en torno a la elaboración de un marco de convivencia armonizado y común para la resolución de conflictos y que ha terminado por transferir esta problemática a cada una de las Universidades.

La quiebra de este acuerdo entre el Gobierno y la comunidad educativa, invocando la autonomía universitaria como excusa, otorga, de facto, carta de naturaleza a las distintas prácticas de la llamada 'cultura de la cancelación' de las que, desafortunadamente, estamos siendo testigos cada vez con mayor intensidad. Baste citar el episodio de insultos proferidos por parte del claustro de la facultad de la Universidad de Barcelona al Catedrático de Filosofía del Derecho D. Ricardo García Manrique por su negativa a sumarse a un panfleto separatista o los actos violentos en la Autónoma de Barcelona atacando una carpa informativa de la plataforma de jóvenes de S'ha Acabat! en defensa de la Constitución por parte de grupos independentistas.

De forma paralela, los planes del ministro Castells incorporados en el Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario eluden los verdaderos problemas del modelo, como es la competitividad internacional, la calidad de la enseñanza y la empleabilidad de los estudiantes, algo que se acredita en los distintos rankings internacionales sobre las instituciones de educación superior en todo el mundo.

La crítica al borrador normativo ha puesto de acuerdo, una vez más, a las principales entidades representantes de la comunidad educativa y universitaria, una circunstancia absolutamente inaceptable y que debe ser reparada antes de que dicho proyecto de ley termine residenciado en las Cortes Generales.

A la necesidad de impulsar una profunda reforma del sistema universitario en nuestro país se unen, estrechamente, las divergencias existentes en torno al modelo Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que hacen más que oportuna la apertura de un proceso de diálogo entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España a fin de que se consoliden criterios de contenidos y corrección homologables en todo el territorio.

Y es que el derecho a la educación, de carácter "primordial" e "indispensable" para una sociedad democrática como defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no puede verse condicionado por un sistema evaluativo que reduce las posibilidades reales y prácticas del acceso a la Universidad (una de las 4 características fundamentales de este derecho social según Naciones Unidas), lastrando las decisiones de movilidad de los jóvenes en virtud de la inequidad constatable que se desprende de los análisis realizados por las investigadoras Dña. Judit Ruiz Lázaro y Dña. Coral González Barbera o de la Catedrática de Bioestadística de la Universidad de Valladolid Dña. Cristina Rueda Sabater.

Debemos recordar que esta necesidad ha sido reforzada e impulsada en esta Comunidad por el Pleno de las Cortes de Castilla y León a través de dos proposiciones no de ley relativas a este objetivo, como son las PNL/000519, PNL/000816, en sesión del 4 de marzo y de 18 de noviembre de 2020 respectivamente.

A juicio de este Grupo Parlamentario, los retos de futuro a los que se enfrenta el sistema educativo, especialmente, en lo relativo a la implantación de las Nuevas Tecnologías o la necesidad de actualizar los distintos perfiles profesionales que permitan reducir el paro estructural de nuestros jóvenes, hacen más que oportuna la mejora de los proyectos legislativos impulsados por el Gobierno de España. Resulta imperativo, por tanto, avanzar en la resolución de los problemas reales del sistema desde una mirada a largo plazo otorgada a través del consenso entre la comunidad educativa y los poderes públicos.

Por todo ello presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Requerir a los grupos parlamentarios con representación en el Senado a incorporar, dentro del trámite parlamentario de enmiendas al Proyecto de Ley de convivencia universitaria, aquellas modificaciones necesarias que restablezcan los términos del consenso alcanzado con las peticiones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, junto a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE).

2. Instar al Gobierno de la Nación a que, bajo el acuerdo de los distintos órganos de interlocución de la comunidad universitaria, asegure que el futuro Proyecto de Ley de Reforma Universitaria:

a) Blinde la neutralidad ideológica en los campus universitarios, evitando la discriminación por razón ideológica o de cualquier otro tipo.

b) Mejore los mecanismos de financiación que permitan el establecimiento de incentivos a la excelencia universitaria que posibiliten atracción de talento docente e investigador.

c) Promueva la igualdad de oportunidades y el principio de mérito y capacidad en la contratación y adjudicación de puestos profesionales y académicos.

d) Potencie la colaboración entre las universidades y las empresas para intensificar tanto la transferencia de conocimiento como la empleabilidad de los jóvenes.

e) Amplíe el sistema de becas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad para familias en riesgo de pobreza y exclusión social.

f) Refuerce el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como garante de la calidad y nivel de la educación superior.

3. Exigir al Gobierno de España la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación para desarrollar un sistema de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad homogéneo, tanto por criterios de evaluación como en los contenidos, para todos los estudiantes españoles, recogiendo el sentido de las distintas resoluciones aprobadas en sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León en relación a este objetivo.

Valladolid, 25 de noviembre de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros