PNL/001280-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de noviembre de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001278 a PNL/001281.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2021.

El Secretario Segundo de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La indolencia con la que el Sr. Mañueco ha dirigido la Junta de Castilla y León durante estos dos años ha provocado que, precisamente, sean las personas más vulnerables quienes sufran en mayor medida las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Cuesta encontrar un territorio en el que su gobierno autónomo haya tratado peor, en tantas ocasiones, a las personas de edad avanzada. Desgraciadamente, ha sido y es la desidia para resolver problemas, la ineficacia para gestionar situaciones y, sobre todo, la falta de sensibilidad humana para con los pacientes y también para con los profesionales de la sanidad pública, lo que ha caracterizado al gobierno de la Junta en la toma de decisiones durante estos casi dos años.

Basta remontarse al inicio de la pandemia para recordar que la Junta de Castilla y León decidió abandonar a su suerte a las personas que vivían en residencias, desentendiéndose de su obligación de proporcionarles una asistencia sanitaria adecuada y equivalente al resto de la población. De hecho, actuó incluso peor, remitiendo desde la Consejería de Sanidad una instrucción que recomendaba evitar el traslado de las personas residentes afectadas por COVID a los complejos hospitalarios cuando su situación empeoraba. Seguramente no sea una casualidad que nuestra comunidad sea la tercera en número de fallecidos en residencias por coronavirus.

Además, en los primeros compases de la crisis sanitaria, la Junta de Castilla y León canceló casi por completo la asistencia sanitaria no urgente, paralizando la actividad de las consultas externas de los hospitales y limitando la de la Atención Primaria a consultas telefónicas. De forma sorprendente, la Consejería de Sanidad recluyó al personal sanitario de Atención Primaria en los centros de salud durante todo un año, dejando sin actividad los consultorios médicos de los pueblos que han permanecido cerrados hasta la actualidad. Una vez más, eran las personas de edad avanzada las que se llevaban la peor parte, puesto que, al perder la presencialidad de las consultas de su médico de familia y del personal de enfermería, muchas de sus frecuentes patologías crónicas pudieron verse agravadas por la falta de control. Entonces, comenzamos a ver en las puertas de los centros de salud colas de personas enfermas, muchas de ellas ancianas, soportando las inclemencias del tiempo, a la espera de que se les permitiese acceder a la consulta. Esta situación, denunciada en reiteradas ocasiones por el Grupo Socialista, fue ignorada por la Consejería de Sanidad que, falta de conciencia social y de ideas, tan solo acertó a colocar unos barracones en las puertas de los centros de salud.

El acuartelamiento de los médicos de Atención Primaria que, durante un tiempo, pudo tener alguna justificación, se mantuvo, sin embargo, más allá de lo estrictamente necesario, incluso después de que todo el personal sanitario hubiera completado la pauta vacunal frente a coronavirus. De nada sirvieron las numerosas peticiones que, entre otros colectivos, la organización colegial de médicos de Castilla y León o las plataformas en defensa de la sanidad pública dirigieron a la Junta para exigir que se devolviera la atención sanitaria presencial al sistema y la apertura de toda la red de centros de salud y consultorios. Del mismo modo, la Junta hizo caso omiso a las iniciativas presentadas por el Grupo Socialista y aprobadas en las Cortes para devolver la atención sanitaria a la situación de nueva normalidad. Una tras otra, todas las voces fueron ignoradas por el gobierno del Sr. Mañueco que, a costa del sufrimiento de los castellanos y de los leoneses y del sacrificio de los profesionales sanitarios, aún hoy sigue manteniéndose el cierre permanente de muchos consultorios locales de la comunidad.

Precisamente, a principios de este año, la Junta de Castilla y León hizo públicos los datos de diagnóstico de enfermedades en el sistema público de salud y, como era de prever, demuestran que la limitación en el acceso a la asistencia sanitaria y la pérdida de la presencialidad en las consultas de Atención Primaria, impuestas por la Junta, provocó una reducción considerable en los diagnósticos de enfermedades. Así, la detección de algunos tipos de cáncer descendió hasta un 25 %. Es decir, uno de cada cuatro casos no fue diagnosticado a tiempo. Algo similar ocurrió con el resto de patologías en las que, de media, uno de cada 6 casos pasaron desapercibidos para el sistema público de salud de Castilla y León.

Desgraciadamente, las colas de personas de edad avanzada, incluso nonagenarios, a las puertas de los centros de salud se han vuelto a repetir, en esta ocasión, para la vacunación frente a la COVID y frente a la gripe común. Nuevamente, el gobierno del Sr. Mañueco toma decisiones en base a la conveniencia de la Junta, ignorando el sufrimiento de las personas de edad avanzada a las que ha obligado a recorrer en coche decenas de kilómetros para recibir la dosis vacunal correspondiente. Es absolutamente indecente que desde los poderes públicos se trate de una forma tan deshumanizada a las personas más mayores de nuestra sociedad, sin comprender ni hacerse cargo del sufrimiento innecesario que se les está provocando. Solo un gobierno liderado por una persona indolente es capaz de provocar este sufrimiento de forma reiterada, sin mostrar un ápice de compasión ni voluntad de enmienda.

En todo caso, la apertura de los consultorios locales y la dotación de medios personales y materiales tendría un indudable coste económico. Coste que podría sufragarse perfectamente con los fondos que la Junta de Castilla y León debe destinar el pago de la fianza de 24 millones de euros para responder de sanciones y responsabilidad civil a la que ha sido obligada la Junta de Castilla y León por los Tribunales como consecuencia de las actuaciones corruptas de los altos cargos del Partido Popular en la denominada "Trama Eólica". También las consecuencias de estas decisiones las pagan los ciudadanos y ciudadanas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a Incorporar con carácter inmediato a los procesos de vacunación frente a la gripe y frente a la COVID-19 todos los medios materiales y humanos necesarios para proporcionar a las personas mayores las condiciones idóneas en los procesos de vacunación y en cualquier otra interacción con el sistema público de salud, evitando a los mismos sufrimientos innecesarios.

A estos efectos se procederá a la apertura de la totalidad de la red de Atención Primaria, incluidos consultorios médicos locales, tanto para llevar a cabo los procesos de vacunación como para la atención sanitaria ordinaria, adaptando los medios y las condiciones de prestación de los servicios sanitarios a las necesidades de la población".

Valladolid, 25 de noviembre de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández