4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000029-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000027 a PNL/000030.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de mayo de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
La buena Administración, es decir, la calidad del gobierno o la capacidad para implementar políticas de manera imparcial, no corrupta y eficiente es un factor decisivo para el desarrollo socioeconómico.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León proclama el derecho de la ciudadanía a una buena Administración (artículo 12), que concreta en términos de transparencia, gobierno abierto, participación, protección de datos personales, acceso al empleo público en condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y equidad, objetividad y eficiencia.
En el último índice sobre la calidad del gobierno de las regiones europeas, publicado por la Universidad de Gothenburg, en 2021, Castilla y León se sitúa a la cola de las comunidades autónomas españolas, en un discretísimo duodécimo lugar, de acuerdo con tres parámetros: eficiencia en la prestación de servicios públicos, imparcialidad y grado de corrupción.
Castilla y León vuelve a suspender en este estudio, bajando un puesto con respecto a 2018. Nuestra Comunidad sigue en unos estándares parecidos a los existentes en índices anteriores, pero más penalizada en servicios públicos, suspendiendo también en los otros dos indicadores.
Durante muchos años los gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León han ido encomendando funciones propias de la administración a otros entes como fundaciones o empresas públicas, con el propósito de eludir o al menos hacer más livianos los controles del derecho administrativo, tanto sobre los procesos selectivos de personal como sobre la contratación, y respecto al conjunto de su actividad, con la coartada de la agilidad y la eficiencia, que en absoluto se ha podido probar, más bien al contrario.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
● Someter a las Cortes de Castilla y León, con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, una revisión minuciosa de los entes públicos de la Comunidad Autónoma, incluyendo todos sus entes instrumentales, empresas públicas, fundaciones e institutos.
● Someter a las Cortes de Castilla y León con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, un plan de supresión de entes públicos que incluya las siguientes empresas públicas, fundaciones e institutos, para devolver su actividad de forma ordenada a la Administración general de la Comunidad durante el ejercicio 2023:
○ Administración Institucional:
▪ Instituto para la Competitividad Empresarial.
▪ Ente Regional de la Energía.
▪ Instituto Tecnológico Agrario.
○ Empresas públicas:
▪ Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.
○ Fundaciones Públicas:
▪ Fundación Siglo para el Turismo y las Artes.
▪ Fundacion Patrimonio Natural de Castilla y León.
● Acreditar, respecto al resto de entes instrumentales no contenidos en el apartado anterior o cuya supresión no se contemple, ante esta Cámara, la razón de interés público que justifique su existencia, en atención a que el servicio público y el interés general no sufran menoscabo.
● Dotar a ese plan de un sistema de indicadores de eficiencia y calidad que permita mejorar significativamente los respectivos servicios y asegure en todos sus extremos el derecho a una buena administración.
Valladolid, 17 de mayo de 2022.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000029-01
CVE="BOCCL-11-000255"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 1104-1105
BOCCL nº 18/11 del 24/5/2022
CVE: BOCCL-11-000255
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000029-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar distintas medidas en materia de Administración pública, en particular, en lo relativo a los entes públicos de la Comunidad, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000027 a PNL/000030.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de mayo de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
La buena Administración, es decir, la calidad del gobierno o la capacidad para implementar políticas de manera imparcial, no corrupta y eficiente es un factor decisivo para el desarrollo socioeconómico.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León proclama el derecho de la ciudadanía a una buena Administración (artículo 12), que concreta en términos de transparencia, gobierno abierto, participación, protección de datos personales, acceso al empleo público en condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y equidad, objetividad y eficiencia.
En el último índice sobre la calidad del gobierno de las regiones europeas, publicado por la Universidad de Gothenburg, en 2021, Castilla y León se sitúa a la cola de las comunidades autónomas españolas, en un discretísimo duodécimo lugar, de acuerdo con tres parámetros: eficiencia en la prestación de servicios públicos, imparcialidad y grado de corrupción.
Castilla y León vuelve a suspender en este estudio, bajando un puesto con respecto a 2018. Nuestra Comunidad sigue en unos estándares parecidos a los existentes en índices anteriores, pero más penalizada en servicios públicos, suspendiendo también en los otros dos indicadores.
Durante muchos años los gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León han ido encomendando funciones propias de la administración a otros entes como fundaciones o empresas públicas, con el propósito de eludir o al menos hacer más livianos los controles del derecho administrativo, tanto sobre los procesos selectivos de personal como sobre la contratación, y respecto al conjunto de su actividad, con la coartada de la agilidad y la eficiencia, que en absoluto se ha podido probar, más bien al contrario.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
● Someter a las Cortes de Castilla y León, con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, una revisión minuciosa de los entes públicos de la Comunidad Autónoma, incluyendo todos sus entes instrumentales, empresas públicas, fundaciones e institutos.
● Someter a las Cortes de Castilla y León con carácter urgente y, en todo caso, antes de concluir 2022, un plan de supresión de entes públicos que incluya las siguientes empresas públicas, fundaciones e institutos, para devolver su actividad de forma ordenada a la Administración general de la Comunidad durante el ejercicio 2023:
○ Administración Institucional:
▪ Instituto para la Competitividad Empresarial.
▪ Ente Regional de la Energía.
▪ Instituto Tecnológico Agrario.
○ Empresas públicas:
▪ Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León.
○ Fundaciones Públicas:
▪ Fundación Siglo para el Turismo y las Artes.
▪ Fundacion Patrimonio Natural de Castilla y León.
● Acreditar, respecto al resto de entes instrumentales no contenidos en el apartado anterior o cuya supresión no se contemple, ante esta Cámara, la razón de interés público que justifique su existencia, en atención a que el servicio público y el interés general no sufran menoscabo.
● Dotar a ese plan de un sistema de indicadores de eficiencia y calidad que permita mejorar significativamente los respectivos servicios y asegure en todos sus extremos el derecho a una buena administración.
Valladolid, 17 de mayo de 2022.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000029-01
CVE="BOCCL-11-000255"
