PNL/000051-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de junio de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000048 a PNL/000051.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno.

ANTECEDENTES

Si nos basamos en los hechos contrastados, el lobo al norte del Duero es una especie en estado de conservación favorable, como demuestran los datos de los censos y el seguimiento poblacional de la especie de las últimas décadas. De las 125 manadas existentes en Castilla y León en 1988, se pasó a 149 manadas en 2000 y a 179 en 2013, lo que refleja un incremento del 43 % en 25 años. Y desde entonces, los datos de seguimiento continuo de la aplicación informática de conteo de Castilla y León, "infolobo", sin ser un censo global, han encontrado la presencia de nuevas manadas y nuevos territorios ocupados. En Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, donde actualmente viven más del 95 % de los lobos de la Península Ibérica, la población está en expansión, con la ocupación de nuevos territorios y la presencia confirmada de nuevas manadas criando en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Madrid.

El lobo, pues, no tiene ningún problema de conservación, al menos en la población del norte del Duero, que, a pesar de los hechos, ha sido incluida por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD) en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), a través de la Orden TED/980/2021.

Dicha norma implica que la especie no pueda ser cinegética en ningún punto del territorio nacional y en la práctica hace inviables los controles de las poblaciones de lobo, al establecer una serie de requisitos imposibles de satisfacer.

Pero los ataques al ganado siguen aumentando de forma incuestionable. En Castilla y León, que es la única Comunidad que gestionaba poblaciones con un modelo de gestión más flexible al norte (especie cinegética) y más rígido al sur (en que es, por decisión de la Directiva Hábitats, especie estrictamente protegida), los datos son:

2019 2020 2021 %

Norte del Duero

(80 % población de lobos) 450 392 519 18 %

Sur del Duero

(20 % población de lobos) 2.130 2.267 2.195 82 %

Total 2.580 2.659 2.714

Es decir, un crecimiento sostenido en los últimos tres años concentrado sobre todo al sur del Duero, donde se sitúa la menor parte de la población de lobos. De hecho, el 80 % de la población de lobos, al norte del Duero, causa el 18 % de los daños, mientras que el 20 % del sur causa el 82 % de los daños.

El modelo de gestión aplicado al norte del Duero, que permite el crecimiento de la población, su expansión a otros territorios y, al mismo tiempo, mantiene un bajo nivel de ataques, reconocido en la Estrategia vigente para el manejo de la especie, aprobada por consenso en 2005, es ahora cuestionado y aniquilado por el Ministerio, sin fundamentos técnicos ni científicos, y pretende ser sustituido por un modelo de protección estricta, que ha dado como resultado la desaparición de la especie en la mitad sur de la península y conlleva un altísimo número de ataques.

La Junta de Castilla y León, junto a la Xunta de Galicia, y los gobiernos del Principado de Asturias y de Cantabria (compartido por hasta 10 comunidades autónomas y la Ciudad Autónoma de Ceuta), defiende la compatibilidad entre la conservación del lobo y su coexistencia con la ganadería y un modelo de gestión que incluye modelos de manejo del ganado adecuados, la implantación de medidas preventivas, la indemnización de los daños, el aprovechamiento cinegético donde el estado de conservación de la especie lo permita, y que ayude al control de los daños, y la reducción y el control de los ataques que se produzcan. Esta última medida es absolutamente imprescindible si queremos mantener la actividad económica y la población en el territorio al tiempo que se conserva la especie.

La imposibilidad de realizar controles por la nueva norma del Gobierno de España, cuando las medidas preventivas no sean eficaces, deja con las manos atadas a las CC. AA. gestoras, que no pueden dar una alternativa viable a los ganaderos más allá de pagar los daños con los fondos autónomos de las propias CC. AA., puesto que en muchas explotaciones no caben medidas preventivas viables. Esto está empezando a provocar situaciones lamentables de aumento de acciones ilegales de furtivismo hacia la especie, lo cual seguramente repercuta negativamente en las poblaciones.

El MITERC anunció, e incluso aparece reflejado en los presupuestos del año 2022, una cantidad de más de 20 millones de € que sólo ha utilizado para intentar desmentir la realidad del contenido de la memoria económica de la Orden TED/980/2021, en la que no figura partida económica para hacer frente a los daños. Pero hasta la fecha no se ha trasladado el dinero entre las comunidades autónomas, ni tan siquiera se han aprobado los criterios de reparto que deberían acordarse en Conferencia sectorial, un importe que el Gobierno de España parece condicionar a determinadas colaboraciones de las comunidades autónomas con la acción prohibicionista puesta en marcha por el Gobierno.

Por todo ello, considerando que resulta necesario recuperar el régimen jurídico previo al actual, que se ha demostrado plenamente eficaz para compatibilizar la conservación del lobo con el mantenimiento de una actividad tan esencial para Castilla y León como la ganadería extensiva, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para exigirle que:

1. Deje sin efecto la Orden TED/980/2021, o en su defecto, y mientras no se resuelvan los múltiples recursos interpuestos por las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, lo deje en suspenso.

2. Complete urgentemente el nuevo censo nacional del lobo.

3. En función de los resultados obtenidos, realice una nueva valoración del estado de conservación de la especie, que se apoye en resultados ciertos y no en valoraciones personales y criterios políticos o morales.

4. Ponga en marcha una mesa de trabajo con las comunidades autónomas y representantes del sector ganadero que analice las medidas preventivas aplicables, que resulten viables para las explotaciones ganaderas y eficientes en la reducción de los ataques.

5. A la vista del nuevo censo del lobo, y de las conclusiones de la mesa de trabajo sobre medidas preventivas, y previa evaluación de la actual Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del lobo, y sólo entonces, elabore una nueva Estrategia de Conservación y Gestión de la especie, que vuelva a aprobarse por consenso de todas las partes implicadas, como la anterior.

6. De manera urgente, establezca y acuerde en Conferencia sectorial los criterios de reparto de los fondos habilitados para la implantación de medidas preventivas en las explotaciones ganaderas, y los distribuya para que puedan llegar en corto plazo a los ganaderos que las requieren, sin condicionarlo a la aprobación de una nueva Estrategia.

7. Facilite los controles del lobo cuando sean necesarios, aprobando un protocolo de realización de dichos controles que satisfaga la normativa en vigor y proporcione la seguridad jurídica que requieren los técnicos gestores de la especie en las comunidades autónomas, superando la actual situación de práctica imposibilidad de controles poblacionales por la Administración autonómica".

Valladolid, 31 de mayo de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano