PNL/000052-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de junio de 2022, ha admitido a trámite la proposición no de ley PNL/000052.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha proposición no de ley haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del procurador de Ciudadanos, Francisco Igea Arisqueta, habilitado como portavoz a estos efectos por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, y al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La redacción del artículo segundo de la Constitución fue una solución de compromiso durante un tiempo de la Transición en el cual acechaban fuerzas de la reacción, aquellos que intentaban impedir el progreso democrático y los que esperaban ver fracasar el proceso constituyente para poder introducir sus reivindicaciones particulares. Entre ellos estaban determinados grupos separatistas, cuyas demandas incluían la de poder fracturar la soberanía nacional en aras de formar sus propios estados. Afortunadamente no fue el caso, habida cuenta de la solución de compromiso alcanzada, basada en la idea de la autonomía de "nacionalidades y regiones", finalmente configuradas como Comunidades Autónomas.

Pese a que la redacción del precepto acepta la existencia inequívoca de la nación española, deja la puerta abierta a una torticera interpretación del concepto de nacionalidad, más allá del debido reconocimiento a la diversidad, para justificar soberanías inexistentes y la ruptura de la unidad de España y el orden constitucional. Una vez constituidas todas las Comunidades Autónomas, no hay necesidad de referirse a ningún supuesto sujeto político que coexista con la nación española. Por esta razón, todas las Comunidades deberían ser denominadas en la Constitución. Se elimina, de esta forma, un argumento utilizado por los separatistas que, en su locura, han llegado a plantear una suerte de igualación entre nacionalidad y nación, como si aquella no fuese una creación de ésta, que ya, además, no se necesita. Cumplió su función, es hora de que desaparezcan.

Debe recordarse que se trata de una redacción dada en un momento de gran incertidumbre donde aún no se sabía cómo se articularía la organización territorial del Estado. La Constitución contempla la creación de las Comunidades Autónomas como algo de carácter dispositivo, de manera que por aquel entonces no se podía saber con seguridad que el mapa autonómico se cerraría abarcando la totalidad del territorio nacional.

Es evidente que este modelo, operativo por entonces, se ha visto desbordado por los acontecimientos y la falta de lealtad de los actores nacionalistas. Numerosos han sido los desafíos al Estado y al principio de la indisoluble unidad de la nación española. Barreras al estudio en castellano, barreras en materia administrativa, discriminaciones políticas o retos al Gobierno central para intentar realizar secesiones ilegales de parte del territorio español. Ante esta situación no podemos permitir que se siga abusando de un instrumento ideado para alcanzar el consenso. En su lugar, es necesario redefinirlo y adaptarlo a la situación actual, para vindicar el hecho de que los derechos y libertades de los españoles provienen de la misma idea de unidad de la nación. España es la garantía de la continuidad de esos derechos, la garantía del mantenimiento de una democracia liberal, frente a los intentos por imponer concepciones populistas o caudillistas, sin los adecuados frenos y contrapesos.

En definitiva, unos términos, inicialmente inocuos, que cumplían una misión en un momento fundacional, pero que ya no se necesitan, e, incluso, como se está comprobando, se están utilizando de forma desleal e ilegítima para justificar una desigualdad en los derechos de los ciudadanos españoles de los distintos territorios, así como hacer de menos unas Comunidades Autónomas frente a otras. Es por ello por lo que proponemos eliminar las desafortunadas expresiones, que no se corresponden con la realidad nacional y territorial española, de forma que quede claro, no haya duda alguna, de que el único sujeto político que sirve de soporte a nuestro Estado democrático de Derecho, organizado territorialmente en Comunidades Autónomas, es la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

Las reformas constitucionales no deben ser un elemento extraño en nuestra vida política; el ejemplo está a la vuelta de la esquina: países como Portugal, Alemania o Francia han reformado sus constituciones con el fin de insuflarles aire fresco y adaptarlas a la realidad de las circunstancias actuales. Es lo que deberíamos hacer con nuestra Carta Magna. Hay reformas pendientes, tal y como Cs lleva tiempo defendiendo, para adaptarla a los nuevos tiempos y blindar sus valores y principios fundacionales. Una de esas reformas, que no la única, es esta que hoy registramos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno a que presente un proyecto de reforma de la Constitución, conforme a sus artículos 166 y 87, que atienda, en particular, a los siguientes principios:

1. Eliminación de la distinción entre 'nacionalidades y regiones' del artículo segundo de la Constitución Española, que ha dado pie a considerar que hay territorios de primera y de segunda en nuestro país.

2. Cambiar su redacción por otra que blinde la igualdad entre españoles, con el siguiente tenor:

"La Constitución garantiza la indisoluble unidad de la Nación española, nación de ciudadanos libres e iguales, patria común e indivisible de todos los españoles integrada por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas, y garantiza, igualmente, la solidaridad entre todas ellas".

Valladolid, 31 de mayo de 2022.

EL PROCURADOR,

Fdo.: Francisco Igea Arisqueta