4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000090-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000089 a PNL/000092.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
A partir del estallido de la crisis financiera del 2008, el sector bancario ha acelerado un largo y constante proceso de reestructuración interno y externo que ha traído aparejada la modificación, entre otros, del modelo de prestación de servicios.
Una de las características más reconocibles de esta reforma se ha plasmado en el progresivo cierre de las oficinas bancarias. El análisis retrospectivo del Banco de España para el periodo 2008-2015 arroja un saldo negativo en cuanto a la reducción del número de sucursales en un 32,3 %.
Tras la crisis de la COVID-19, esta tendencia no ha hecho más que consolidarse. Al cierre de 2020, en nuestro país existían poco más de 22.000 sucursales, que suponen un 51 % menos que en 2008.
Estos datos castigan especialmente a una comunidad, Castilla y León, a tenor de la dispersión poblacional y las preferencias de uso de dinero en efectivo que siguen siendo mayoritarias en nuestro contexto regional y nacional.
En este sentido, las encuestas del Banco Central Europeo y el Banco de España convergen en el importante arraigo del pago en metálico como principal opción en nuestros hábitos de consumo. Así, en el pasado diciembre de 2020, se conocían los resultados del análisis de Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), impulsado por la institución europea, en el que el 83 % de las transacciones realizadas por los españoles se llevan a cabo por medio de esta modalidad, ocupando el segundo puesto en el marco europeo.
Frente a la evidente popularidad de este método, la caída de sucursales en nuestro territorio dificulta el acceso a efectivo, así como a otros servicios financieros. En el Informe que realizara el Banco de España en 2017: "Cierre de oficinas Bancarias y Acceso al Efectivo en España", más de 4.000 términos municipales (2,7 % de la población española) no poseían una sucursal en la localidad.
Especialmente preocupante resultaba que 8 de las 11 provincias con más municipios sin acceso a oficina bancaria pertenecían a Castilla y León, una estadística que refleja el grave problema que la reestructuración de las sucursales ofrece para un territorio extenso y disperso como el de la Comunidad.
En Castilla y León se ha pasado de 3.180 sucursales de todas las entidades financieras a finales de 2008, a 1.596 sucursales a finales del año 2020.
La destrucción de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en Castilla y León, ha sido de aproximadamente 10.000 solo hasta este momento.
Con el objetivo de paliar esta situación, se han planteado distintas alternativas como el uso de oficinas móviles o la utilización de oficinas postales de Correos para realizar operaciones de ingreso o retirada de efectivo.
No obstante, esta condición necesaria resulta insuficiente ante la necesidad de realizar operaciones sobre préstamos y ayudas, generando un perjuicio para los ciudadanos del medo rural, que no cuentan con un intermediario financiero que permita una atención directa y, sobre todo, presencial a los ciudadanos que vivan en estos núcleos de población.
La ausencia de servicios financieros altera el desarrollo cotidiano de la vida de muchos ciudadanos anta la imposibilidad de poder realizar gestiones de forma accesible y cercana. Resulta necesario garantizar que la atención mantenga las mismas prestaciones ya que de este objetivo depende, en buena medida, que muchos de sus derechos y libertades no se vean comprometidos.
Por todo ello, se hace más necesario que nunca un Acuerdo de Comunidad, que garantice y comprometa apoyos, mediante acuerdos con las entidades financieras, e involucrando a su vez a toda la sociedad y a los Agentes Económicos y sociales de Castilla y León, en la búsqueda de soluciones conjuntas que aseguren el mantenimiento de sucursales y empleo, principalmente en el medio rural.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León, reconociendo el acceso a los servicios financieros como un servicio básico y esencial que debe garantizarse en todo el territorio autonómico, instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Dirigirse al Gobierno de España para que impulse la asunción por parte del sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración. En concreto, los compromisos deberán cubrir cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus desempleados, la recolocación de aquéllos cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer, el compromiso de incorporar variables relativas a las condiciones de los trabajadores de la entidad y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribución variable de los directivos, así como la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera, fruto de la desertificación financiera, especialmente en el medio rural y en las regiones con menores densidades poblacionales y fragmentación municipal, como es el caso de Castilla y León.
2.- De manera urgente, a impulsar un Pacto de Comunidad que corrija la exclusión financiera, garantizando una cobertura de servicios financieros y bancarios, principalmente en el medio rural de Castilla y León".
Valladolid, 14 de junio de 2022.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000090-01
CVE="BOCCL-11-000462"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 1543-1545
BOCCL nº 30/11 del 21/6/2022
CVE: BOCCL-11-000462
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000090-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de España a que impulse la asunción por parte del sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración; y a impulsar un Pacto de Comunidad que corrija la exclusión financiera, especialmente en el mundo rural, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000089 a PNL/000092.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
A partir del estallido de la crisis financiera del 2008, el sector bancario ha acelerado un largo y constante proceso de reestructuración interno y externo que ha traído aparejada la modificación, entre otros, del modelo de prestación de servicios.
Una de las características más reconocibles de esta reforma se ha plasmado en el progresivo cierre de las oficinas bancarias. El análisis retrospectivo del Banco de España para el periodo 2008-2015 arroja un saldo negativo en cuanto a la reducción del número de sucursales en un 32,3 %.
Tras la crisis de la COVID-19, esta tendencia no ha hecho más que consolidarse. Al cierre de 2020, en nuestro país existían poco más de 22.000 sucursales, que suponen un 51 % menos que en 2008.
Estos datos castigan especialmente a una comunidad, Castilla y León, a tenor de la dispersión poblacional y las preferencias de uso de dinero en efectivo que siguen siendo mayoritarias en nuestro contexto regional y nacional.
En este sentido, las encuestas del Banco Central Europeo y el Banco de España convergen en el importante arraigo del pago en metálico como principal opción en nuestros hábitos de consumo. Así, en el pasado diciembre de 2020, se conocían los resultados del análisis de Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), impulsado por la institución europea, en el que el 83 % de las transacciones realizadas por los españoles se llevan a cabo por medio de esta modalidad, ocupando el segundo puesto en el marco europeo.
Frente a la evidente popularidad de este método, la caída de sucursales en nuestro territorio dificulta el acceso a efectivo, así como a otros servicios financieros. En el Informe que realizara el Banco de España en 2017: "Cierre de oficinas Bancarias y Acceso al Efectivo en España", más de 4.000 términos municipales (2,7 % de la población española) no poseían una sucursal en la localidad.
Especialmente preocupante resultaba que 8 de las 11 provincias con más municipios sin acceso a oficina bancaria pertenecían a Castilla y León, una estadística que refleja el grave problema que la reestructuración de las sucursales ofrece para un territorio extenso y disperso como el de la Comunidad.
En Castilla y León se ha pasado de 3.180 sucursales de todas las entidades financieras a finales de 2008, a 1.596 sucursales a finales del año 2020.
La destrucción de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en Castilla y León, ha sido de aproximadamente 10.000 solo hasta este momento.
Con el objetivo de paliar esta situación, se han planteado distintas alternativas como el uso de oficinas móviles o la utilización de oficinas postales de Correos para realizar operaciones de ingreso o retirada de efectivo.
No obstante, esta condición necesaria resulta insuficiente ante la necesidad de realizar operaciones sobre préstamos y ayudas, generando un perjuicio para los ciudadanos del medo rural, que no cuentan con un intermediario financiero que permita una atención directa y, sobre todo, presencial a los ciudadanos que vivan en estos núcleos de población.
La ausencia de servicios financieros altera el desarrollo cotidiano de la vida de muchos ciudadanos anta la imposibilidad de poder realizar gestiones de forma accesible y cercana. Resulta necesario garantizar que la atención mantenga las mismas prestaciones ya que de este objetivo depende, en buena medida, que muchos de sus derechos y libertades no se vean comprometidos.
Por todo ello, se hace más necesario que nunca un Acuerdo de Comunidad, que garantice y comprometa apoyos, mediante acuerdos con las entidades financieras, e involucrando a su vez a toda la sociedad y a los Agentes Económicos y sociales de Castilla y León, en la búsqueda de soluciones conjuntas que aseguren el mantenimiento de sucursales y empleo, principalmente en el medio rural.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León, reconociendo el acceso a los servicios financieros como un servicio básico y esencial que debe garantizarse en todo el territorio autonómico, instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Dirigirse al Gobierno de España para que impulse la asunción por parte del sector financiero de una serie de compromisos que limiten el impacto negativo en la sociedad de sus decisiones de reestructuración. En concreto, los compromisos deberán cubrir cuestiones como la minimización del impacto negativo sobre el empleo, el fomento de la flexibilidad interna como mecanismo de ajuste alternativo al despido, la formación de sus desempleados, la recolocación de aquéllos cuyo puesto de trabajo vaya a desaparecer, el compromiso de incorporar variables relativas a las condiciones de los trabajadores de la entidad y a la calidad del servicio a los clientes en las propuestas de retribución variable de los directivos, así como la adopción de medidas para evitar la exclusión financiera, fruto de la desertificación financiera, especialmente en el medio rural y en las regiones con menores densidades poblacionales y fragmentación municipal, como es el caso de Castilla y León.
2.- De manera urgente, a impulsar un Pacto de Comunidad que corrija la exclusión financiera, garantizando una cobertura de servicios financieros y bancarios, principalmente en el medio rural de Castilla y León".
Valladolid, 14 de junio de 2022.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000090-01
CVE="BOCCL-11-000462"
