PNL/000092-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000089 a PNL/000092.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

Como es sabido, la Unión Europea está haciendo llegar a España 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables a las que se sumarán otros 70.000 millones en préstamos. La finalidad de todos estos fondos es una "reconstrucción rápida de la economía".

Una parte de esos fondos europeos se asigna al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que decide financiar, entre otras medidas, proyectos piloto dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

El Ministerio, en lugar de impulsar directamente los proyectos piloto, ha optado por financiar proyectos a Comunidades Autónomas, Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y entidades del tercer sector. El reparto se ha realizado mediante subvención directa, sin concurrencia competitiva que permitiera conocer previamente los criterios que van a utilizarse para la elección de los proyectos, así como la cuantía del presupuesto disponible.

Por medio de Real Decreto, el 27 de octubre de 2021 se publica una primera relación de las administraciones y entidades que van a recibir fondos, y el 18 de mayo de 2022 se aprueba un segundo listado de beneficiarios.

En ninguna de las dos concesiones se publican los proyectos que se financian, sólo las entidades financiadas y los fondos que cada una recibe, como si la justificación de la concesión no fueran los proyectos sino quienes los impulsan, parece que lo relevante es a quien se le conceden los fondos y no qué va a hacerse con ellos, qué proyectos concretos han merecido financiación. Esta forma de proceder manifiesta una grave falta de transparencia incompatible con un correcto actuar administrativo, máxime teniendo en cuenta que se trata del reparto de fondos de la UE.

El Gobierno de España, en ambos Reales Decretos, asigna fondos públicos procedentes de la Unión Europea que deberían, por tal motivo, ser gestionados con el mayor rigor y transparencia posible.

La justificación que utilizan para recurrir al procedimiento de subvención directa es (artículo 1.2) que se atiende "... al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia provocada por el Covid-19 y dado que concurren razones de interés público, económico y social que determinan la improcedencia de su convocatoria pública".

A la vista de la justificación, el Ministerio parece estar indicando que los efectos de la pandemia provocada por la Covid-19 no se han producido en toda España y no aclara en las 54 páginas publicadas en el BOE (la suma de las pag. de los 2 RD) las razones de interés público, económico y social que hacen improcedente que la convocatoria de estos fondos se realice con luz y taquígrafos.

La consecuencia es que ninguna de las administraciones que recibe los fondos europeos de resiliencia que gestiona el Ministerio es de Castilla y León, ninguno de los Ayuntamientos de la Comunidad, ni la propia Comunidad Autónoma van a poder desarrollar proyectos piloto para los colectivos más vulnerables con cargo a estos fondos de resiliencia.

Un análisis de los beneficiarios y las cuantías que se les conceden indica que, de los 110 millones de euros concedidos a las CC. AA., ni un solo euro llegará a Castilla y León, a diferencia de los 17 millones que van a la Comunidad Valenciana, los 15 de Andalucía o los 11 de Cataluña. En 4 CC. AA. no se financian proyectos: Cantabria, Castilla y León, Baleares y Canarias, y tampoco en Melilla. Y hay dos CC. AA.: Navarra y la Comunidad Valenciana que reciben dos proyectos.

Pero es que tampoco han recibido fondos ninguno de los Ayuntamientos de la Comunidad; al menos el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho público su interés en recibir estos fondos, y probablemente alguno más haya trasladado al Ministerio algún proyecto, pero desde luego con escaso éxito.

Esta falta de financiación a proyectos en Castilla y León contrasta con otras CC. AA.: en Cataluña van a desarrollarse proyectos por importe de 38.500.000 €, el 18,2 % del total del crédito repartido. Financian a la Comunidad Autónoma con 11 millones, al Ayuntamiento de Barcelona con 9 millones, a la Fundación Jaime Bofill con 12 millones, a la Fundación catalana Désplai con 3 millones...

Tanto la fórmula de reparto utilizada -subvenciones directas sin identificar qué se subvenciona- como el resultado de la distribución contrastan con el proceder habitual para transferir fondos para programas sociales dirigidos a colectivos vulnerables.

Desde el Gobierno de España anualmente se transfieren fondos a las CC. AA. para programas sociales dirigidos a las familias y la pobreza infantil. El procedimiento se inicia con una reunión de la Conferencia Sectorial donde están representadas las CC. AA. y el Gobierno de España, allí se fijan de manera transparente los criterios de reparto: población, dispersión, población dependiente, etc., se indica la cuantía disponible a transferir y se establece qué programas concretos deben realizarse con esos fondos y los controles que van a establecerse para verificar el destino de los mismos. El resultado de este procedimiento es que a Cataluña le hubiera correspondido el 12 % de los fondos, 25,3 millones de euros, 13 millones menos de lo que han recibido realmente, y a Castilla y León le corresponden el 7 % de los fondos, casi 15 millones de euros que no van a llegar a la Comunidad para dedicarlo a los colectivos más vulnerables.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el proceder del Gobierno de España en esta materia no ha sido adecuado, por su falta de transparencia y el resultado desequilibrado del reparto en el territorio, evidenciando, una vez más, su sectarismo y parcialidad en relación con las comunidades que no consideran amigas.

Por todo lo expuesto, ante la urgente necesidad de que nuestra Comunidad reciba esos fondos para incrementar la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que:

PRIMERO. - Le manifieste en nombre la comunidad de Castilla y León su más enérgica protesta por el uso sectario, opaco y partidista que muchos Ministerios hacen del dinero público.

SEGUNDO. - En relación concreta con el Ministerio de Inclusión, y ante la bochornosa distribución entre Comunidades y Ayuntamientos de fondos europeos de resiliencia asignados a través del RD 938/2021 y el RD 378/2022, haga públicos cuáles han sido los criterios utilizados del reparto y publique los proyectos concretos dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social que se han financiado.

TERCERO. - Que, en el futuro, cualquier distribución de fondos públicos entre territorios que haga ese Ministerio utilice el procedimiento que históricamente se ha venido utilizando, con criterios transparentes y siempre previamente consensuados en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente".

Valladolid, 14 de junio de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano