PE/000106-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1100106, formulada por D. Francisco Igea Arisqueta, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativa a las condiciones de la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente.

Con fecha 20 de octubre de 2021, mediante Resolución de la Presidenta de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, se inició el expediente administrativo para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, para los pacientes a los que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León tuviera el deber legal o convencional de prestar asistencia, por un importe de 537.962,267,39 euros, como presupuesto base de licitación, y un valor estimado de 808.960.681,35 euros.

Posteriormente, mediante Resolución, de fecha 21 de febrero de 2022, el Presidente de la Gerencia Regional de Salud desistió de dicho procedimiento como consecuencia de la suscripción del V Convenio Colectivo para las empresas y trabajadores de transporte sanitario de enfermos y accidentados de la Comunidad de Castilla y León, debido al elevado peso que el coste del personal supone respecto al coste total del servicio, en torno al 80 %, en cuanto la aplicación de dicho convenio colectivo supondría una modificación sustancial en el cálculo de los costes que sirvieron de referencia para elaborar la documentación necesaria para la licitación del servicio.

La necesidad de contratar el servicio de transporte sanitario terrestre determinó la iniciación de nuevos trámites para realizar una nueva licitación, considerando el incremento de costes del convenio colectivo recientemente suscrito y atendiendo al informe propuesta de mejora de la cobertura de los dispositivos asistenciales de emergencias sanitarias realizado por la Gerencia de Emergencias Sanitarias, órgano gestor de la modalidad de transporte sanitario urgente.

En base a las necesidades asistenciales manifestadas por dicha gerencia y a las manifestadas por las distintas gerencias que gestionan el servicio de transporte sanitario no urgente, se han elaborado los documentos necesarios para iniciar el expediente de contratación del servicio, optimizando la gestión de los recursos públicos, previo análisis exhaustivo de las necesidades reales y redistribución de recursos.

Para ello, se ha revisado la prestación actual y se han previsto fórmulas y nuevos modelos de atención que garanticen la óptima atención de las necesidades de la población, adaptadas a las características de la Comunidad, lo que supondrá una importante mejora en comparación con la situación vigente en estos momentos y redundará, sin duda, en beneficios para usuarios y trabajadores.

El nuevo contrato en tramitación supone un incremento de un 87,52 % anual respecto de los importes de licitación de los contratos vigentes y va a permitir la implementación de más de 100 nuevos recursos móviles, un incremento muy relevante respecto a los recursos actuales, sobre todo del mundo rural, para poder lograr la máxima equidad territorial, y el desarrollo de nuevos modelos organizativos y mejora de los medios estructurales y humanos con el objetivo de logar la mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Por lo que respecta a la propuesta de ubicación de las Unidades Asistenciales de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, se basa en una serie de indicadores, como son: datos poblacionales, indicadores de actividad, orografía de la zona, disponibilidad de otros recursos de atención urgente, tiempo de repuesta estimado a los diferentes puntos del territorio, etc. El objetivo es que cada Unidad proporcione la mayor cobertura y el mejor tiempo de acceso a la población que vive y/o transita por un determinado territorio, y para ello, se selecciona cual es la localidad en la que la creación de la Base de Emergencias Sanitarias (base de operaciones) facilita este objetivo, sin que ello este condicionado por la existencia o no de un centro de salud.

Con este modelo de planificación, la Gerencia de Emergencias Sanitarias ha elaborado la referida propuesta técnica, relativa al nuevo contrato de transporte sanitario terrestre, para mejorar la cobertura de la asistencia sanitaria en el ámbito de las urgencias y emergencias en toda la Comunidad Autónoma, en la que, como se ha indicado, se incrementa el número de unidades asistenciales con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, tanto de las Unidades de Soporte Vital Básico como Avanzado, en cualquier punto del territorio de la Comunidad, incluidos todos los centras de salud, en cuanto esta propuesta no tiene en cuenta los límites que establecen las zonas básicas de salud, sino que su propósito es mejorar los tiempos de respuesta en el conjunto de Castilla y León.

Una vez publicado el anuncio información previa en el Diario Oficial de la Unión Europea, en abril de 2022, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en sesión celebrada el pasado 16 de junio, ha aprobado el gasto, de modo que actualmente continúa la tramitación del expediente de conformidad con lo establecido por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, teniendo en cuenta que, en esta fase de tramitación del contrato, el artículo 134 de dicha norma, limita la publicación de datos del expediente.

Valladolid, 20 de junio de 2022.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.