PNL/000219-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de septiembre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000219 a PNL/000222.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de septiembre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a instancia de su procurador Juan Pablo Fernández Santos, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno.

ANTECEDENTES

El comedor escolar es un servicio público que educa para la salud, alimenta y colabora en la higiene de nuestras y nuestros pequeños, ofreciendo a los escolares de familias vulnerables la posibilidad de acceder a una alimentación saludable desde edades tempranas. Este servicio es utilizado por, al menos, 43.000 escolares de manera diaria en los 521 comedores escolares de los centros docentes públicos que existen en Castilla y León.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León considera el comedor escolar como un "servicio complementario de carácter educativo que se ofrece, con carácter general, de septiembre a junio, contribuyendo a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral". Tal concepción revela la estrategia ideológica de este gobierno, que no es otra que la de externalizar competencias que son de obligado cumplimiento por parte de los poderes públicos de la Comunidad y que están referidas, en este caso concreto, en la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que, en su artículo 13.6 establece que "los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Castilla y León, con prioridad presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social, en los términos que se determinen normativamente".

Esto es, la necesidad de incluir los comedores escolares, no como "servicio complementario de carácter educativo", sino como parte del proceso educativo del alumnado, y que a su vez se garantice su carácter gratuito y universal.

Por otra parte, la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, establece como principios rectores en su artículo 4 los siguientes: "a) Primacía del interés del menor en la toma de decisiones y en la actuación, por encima de cualquier otro interés concurrente, por legítimo que éste sea. e) Impulso de una política integral de atención y protección a la infancia que active los recursos para la cobertura de las necesidades básicas de salud, educación, vivienda, cultura, ocio y trabajo, y la compensación de toda carencia o déficit que pueda impedir o limitar el pleno desarrollo, personal y social, y la autonomía del menor. h) Carácter eminentemente educativo y socializador de todas las medidas y actuaciones que se adopten en relación con los menores".

Finalmente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ahonda en este principio de derecho de las y los menores en relación al bienestar de los niños y niñas, e incluye en su preámbulo las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerando que "las escuelas y otros establecimientos educativos han de ser instituciones privilegiadas para el bienestar de los niños y niñas. Por lo tanto, el bienestar nutricional de los niños y niñas en las escuelas debe tener una importancia capital y sentar los cimientos para el bienestar de las y los menores. Ello también es congruente con la recomendación formulada en 2004 en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se insta a los gobiernos a adoptar políticas que apoyen un régimen alimentario saludable en las escuelas".

En Castilla y León, cada vez son más las familias que, también con una intensidad creciente, se oponen frontalmente a la línea fría de comedor por la que la Junta de Castilla y León apuesta para cubrir las necesidades alimenticias de nuestros niños y nuestras niñas, pero también de las personas que permanecen en hospitales y residencias de mayores, de jóvenes y otros centros o actividades públicas en las que se ofrece el servicio de comedor.

En Castilla y León, la mayoría de los nuevos centros educativos se construyen ya sin cocina, con un office que alberga solo nevera y horno para conservar y "regenerar" (recalentar) la comida.

Esto es debido a que, a lo largo de los últimos años, la Junta de Castilla y León ha instaurado el modelo de gestión indirecta de comedores escolares públicos como la única alternativa y éstos han pasado a estar gestionados mayoritariamente por las grandes empresas del sector del catering. Un 58 % del mercado de restauración colectiva en los comedores escolares en España está en manos de tan sólo cuatro empresas: Serunion, Compass Group, Aramark y Ausolan.

Según datos proporcionados por la propia Junta, únicamente en el 36,4 % de los centros escolares la preparación de la comida se realiza en el propio centro frente al 63,6 % de centros en los que la comida se lleva de fuera. Lo que quiere decir que la mayoría de las cocinas han dejado de tener utilidad ya que en la mayoría no se elaboran los menús pese a estar equipadas para ello y ha ido desapareciendo el espacio educativo que tiene y debe ser el comedor.

Este cambio de modelo de gestión se ha ido realizando de manera progresiva aprovechando las jubilaciones del personal laboral, cocineras y ayudantes de cocina, generalmente mujeres que se encargaban de elaborar las comidas de nuestras y nuestros niños.

Los Comités de Empresa de las diversas provincias han denunciado de manera reiterada esta circunstancia junto a la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Castilla y León (CONFAPACAL), que ven en la privatización de las plazas públicas en los comedores escolares una precarización de las condiciones de trabajo y un peor servicio de alimentación para sus hijos e hijas.

Los sindicatos de enseñanza han denunciado de manera reiterada la pérdida progresiva de personal laboral del servicio de comedores escolares y responsabilizado a la Administración autonómica que se ha desentendido de esta situación y apostado por amortizar las plazas de empleo público.

Todo este proceso de privatización de los comedores escolares de los centros públicos ha hecho que se pierda el control sobre la alimentación de nuestras y nuestros estudiantes. Y en los pueblos y ciudades han ido desapareciendo las relaciones con las carnicerías, con los mercados, con las panaderías, con las pescaderías, con todas las tiendas del comercio local en las que se compraban los productos que luego se cocinaba para el alumnado durante la semana.

La contratación de empresas de catering ha supuesto no sólo la desconexión con los comercios del pueblo o de la ciudad en los que anteriormente se realizaban las compras de manera descentralizada, sino la pérdida de la capacidad del sector agrícola y ganadero regional para dar salida a sus productos.

El último, pero no único ejemplo de estas prácticas es la adjudicación del suministro de pera a los colegios inscritos en el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche de Castilla y León a una empresa de Granada que compra la fruta en Lérida. La Junta de Castilla y León se ha escudado en la ley de contratación pública para escurrir el bulto afirmando que no puede excluir a ninguna empresa. Si bien esto es cierto, no es menos cierto que el pliego de licitación puede contener cláusulas sociales y medioambientales que favorezcan el consumo de proximidad.

De hecho, hace dos legislaturas, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de estas Cortes se aprobó una Proposición No de Ley a instancias del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León cuyo texto resolutivo literal fue: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se impulse la posibilidad de ampliación del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación, mediante la incorporación al mismo de cláusulas que incluyan otros aspectos como la compra pública responsable en materia de adquisición de productos de proximidad destinados a centros públicos, de manera compatible con la legislación vigente en materia de contratación y de acuerdo con la Estrategia 2020", cosa que no se ha cumplido aun, como decimos, habiéndose aprobado en esta cámara legislativa.

A mayor abundamiento, la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, expone claramente en su artículo 2 como objetivos generales los de "a) Fortalecer y mejorar la competitividad del sector agrario y agroalimentario. b) Estimular la creación de explotaciones y empresas agrarias y alimentarias viables y sostenibles, permitiendo que las personas que ejerzan la actividad agraria obtengan unas rentas justas". Es de suponer, por tanto, que el Decreto 20/2008 contradice estos principios en la manera que defiende un modelo de gestión que externaliza los servicios de comedor escolar y beneficia a grandes multinacionales que únicamente se ocupan de obtener los mayores beneficios posibles del negocio en el que se ha convertido el derecho a la alimentación de nuestros hijos e hijas.

Desde Unidas Podemos, vamos a seguir apostando por un modelo sostenible, de desarrollo rural, ligado al territorio, generador de empleo y por los productos frescos de proximidad de nuestro sector primario y esto pasa, entre otras cuestiones, porque sean los centros públicos con cocina in situ los que se encarguen de elaborar los menús que luego se ofrezcan en el resto de centros sostenidos con fondos públicos que ofrezcan el servicio de comedor.

En resumen, desde Unidas Podemos entendemos que la comida elaborada en el momento con productos locales y de proximidad por las manos de los cocineros y las cocineras de nuestros centros públicos, de los hospitales y residencias de titularidad de la Junta de Castilla y León, es de mayor calidad, genera empleo ligado al territorio y ofrece a nuestros niños y nuestras niñas, jóvenes, mayores y enfermos una dieta más saludable, variada y nutritiva que las bandejas de comida precocinada que ofrece el servicio de catering de línea fría por el que apuesta la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, entendemos que no sólo los usuarios del servicio de comedor se verían beneficiados con esta medida, sino que el sector agroalimentario autonómico y la empleabilidad también se verían favorecidos dado que no sería entendible que la Junta de Castilla y León no tomase las medidas oportunas para potenciar, bajo el paraguas de esta iniciativa, el comercio y los productos locales y de proximidad, así como la contratación del personal laboral oportuno (personal de cocina, ayudantes, transportistas...).

Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a tomar las medidas necesarias para:

1-. Impulsar que los centros públicos con cocina in situ sean los encargados, con personal propio, de elaborar los menús ofrecidos en el conjunto de los centros de Castilla y León sostenidos con fondos públicos que ofrezcan servicio de comedor fomentando, de este modo, tanto la calidad alimentaria que reciben las personas usuarias como la economía circular, el empleo ligado al territorio y la salida al mercado de los productos de proximidad de agricultores y ganaderos de Castilla y León.

2-. Actualizar el ACUERDO 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de manera que se profundice en la disminución de la huella ecológica mediante la incorporación al mismo de nuevas cláusulas que otorguen un peso mayor a aspectos como la compra pública responsable en materia de adquisición de productos de proximidad destinados a centros públicos y favorezcan la contratación descentralizada de manera compatible con la nueva legislación vigente en materia de contratación y de acuerdo con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la Agenda 2030.

3-. Abrir un diálogo con la comunidad educativa pública, el diálogo social y el conjunto de órganos rectores de centros públicos que ofrezcan servicio de comedor para desarrollar un marco legislativo autonómico dirigido a dar seguridad jurídica y administrativa a los nuevos sistemas de gestión con medios propios de comedores públicos de Castilla y León".

En Valladolid, a 27 de septiembre de 2022.

EL PROCURADOR,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos