PNL/000222-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de septiembre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000219 a PNL/000222.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de septiembre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La gestión de los recursos hídricos siempre ha sido una materia muy relevante en España y en Castilla y León, no sólo por su importancia para el sector primario, clave en la economía de nuestro país y, más aún, en la de nuestra Comunidad Autónoma, sino también por ser un recurso escaso y básico para el resto de los subsectores (industria, servicios, agroalimentación, etc.) y para el conjunto de la sociedad.

Hoy en día, esa importancia ha ido incrementándose por la sucesión en el tiempo de amplios periodos de falta de precipitaciones, cuando no sequías, problemas de abastecimiento en muchas localidades o restricciones en el uso del agua para riego, así como la necesidad de incrementar las superficies de regadío (lo que conlleva aumentos de la cantidad de agua y mejoras en la eficiencia de su uso) como vía para tener un sector agrícola eficaz y rentable que fije población rural y mejore su nivel de vida y que garantice un abastecimiento de alimentos a la sociedad.

Conscientes de la necesidad de dar una respuesta política más realista y eficaz a la problemática actual y futura derivada de la escasez de agua y su gestión en España y en Castilla y León, en el pasado Pleno de las Cortes de Castilla y León, celebrado el 20 y 21 de septiembre de 2022, se aprobó una propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Popular en la que, entre otras muchas medidas relacionadas con la urgente aprobación de un Plan de Choque contra la Sequía en España, se instaba a la Junta de Castilla y León para que requiriera del Gobierno de España "... un replanteamiento del nuevo Plan Hidrológico Nacional orientado al uso eficiente del agua y a la creación de reservas hídricas que puedan utilizarse en periodos de carencia, que garantice, además, el abastecimiento de agua a todos los rincones de nuestra Nación y a todos los españoles con independencia de donde residan, garantizando la solidaridad entre regiones."...

Así mismo, la resolución aprobada por el Pleno contiene un requerimiento para que el Gobierno de España asuma el compromiso de aprobar unos Planes Hidrológicos de Cuenca (incluido el correspondiente al Duero) más y mejor regulados y gestionados, con nuevas infraestructuras que aumenten las reservas y almacenamiento de agua y garanticen la cobertura de necesidades de riego y otros usos.

Y es precisamente en este contexto de sequía, falta de recursos hídricos y necesidad de mayor y mejor regulación de las cuencas fluviales por lo que no se entiende la decisión del Gobierno de España, tomada sin diálogo con los afectados y sin tener en cuenta sus consecuencias, de desembalsar agua de los diversos pantanos y embalses de la cuenca del Duero desde el pasado mes de julio. Una acción que está causando un importante malestar en las comunidades de regantes afectadas de León, Zamora y Salamanca, principalmente, por las continuas sequías que se vienen viviendo durante los años recientes, por el escaso volumen de agua embalsada con el que cuentan los pantanos y embalses y por el elevado riesgo que supone esta pérdida hídrica para garantizar el riego de las siguientes campañas.

Un malestar al que también se suman otros sectores económicos, como el turístico, que necesitan de un volumen mínimo en los pantanos y embalses para el desarrollo de su actividad. Por tanto, los sectores afectados y la sociedad en general merecen una urgente explicación y que se adopten las medidas correctoras necesarias.

Centrándonos en el sector agrícola, esta acción llevada a cabo por el Gobierno de España ha supuesto la privación de agua en el momento más relevante de la cosecha y la consiguiente pérdida económica para nuestro sector agrícola. Una pérdida que podría cifrarse hasta en 10.000 euros por ha de cultivo en el regadío afectado. Debemos recordar que todo ello acontece en un momento en el que a la sequía se suman la inflación y los desmesurados costes de producción que están resintiendo gravemente los márgenes, rentabilidad y viabilidad de nuestras explotaciones agrarias.

Este hecho es aún más gravoso cuando nuestros agricultores han venido realizando durante los últimos años un importante esfuerzo, por un lado, invirtiendo en la modernización de los sistemas de riego y, con ello, mejorando el aprovechamiento del uso del agua y, por otro, ahorrando agua ajustándose escrupulosa y responsablemente a unas dotaciones y cupos acordados que garantizan campañas futuras.

Adicionalmente, es importante reseñar que, tanto la Administración pública como el propio sector agrícola han realizado una importante apuesta por incrementar la superficie de regadío en estas provincias, lo cual es un factor fundamental para la sostenibilidad de la población en el medio rural y fomentar la incorporación de los jóvenes y de las mujeres al sector. Un esfuerzo tanto público como privado que no puede verse truncado por la falta de agua.

Finalmente, es relevante mencionar los recurrentes periodos de escasez de lluvias que hemos vivido durante los últimos años y la más que previsible prolongación de esta situación en el futuro, lo cual es un factor que, tras estos desembalses, eleva el riesgo de pérdida de las próximas cosechas.

Este desembalse masivo está basado, según el Gobierno de España, en el conocido como 'Convenio de Albufeira', que se aplica a las cuencas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. Este convenio fue firmado en 1998, es decir, hace casi un cuarto de siglo, y, por lo tanto, parece evidente que debe ser adaptado en su contenido y efectos a las nuevas circunstancias anteriormente descritas. Sin embargo, el Gobierno de España aún no ha actuado para evitar situaciones como que el embalse del Ricobayo pueda ver mermado su caudal del 37 % al 15 %, o que el agua ahorrada por los regantes en los pantanos del Porma y de Riaño se vaya hacia Portugal cuando ambos acumulan apenas el 30 % de su capacidad, comprometiendo así las próximas campañas de riego.

La realidad económica y social de la Cuenca del Duero y sus territorios es diametralmente distinta a cuando el convenio se firmó. Por poner un ejemplo, en la provincia de León habría unas 3.000 hectáreas de regadío y hoy hay en torno a 100.000 hectáreas, y ampliándose, lo que es suficientemente explicativo de la desaparición de las bases sobre las que se asienta el convenio.

Son muchas las posibilidades de actuación que ha tenido y tiene el Gobierno de España para defender los intereses de los agricultores leoneses, zamoranos y salmantinos, además de a todo el conjunto de negocios y población de las zonas afectadas de estas provincias. Por ejemplo, invocando algunos artículos del propio convenio, como el preámbulo, que habla de "proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres" o de la "búsqueda de un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos hídricos necesarios", o el artículo 4, que habla de objetivos como realizar "acciones que contribuyan a mitigar las situaciones de sequía o escasez". Es necesario una aplicación, al máximo de sus posibilidades, de las excepciones del propio convenio para evitar continuar con los desembalses, en la forma que actualmente se producen. Cabe por otro lado el requerimiento al Estado portugués para proceder a la adaptación de este Convenio, claramente obsoleto, a las circunstancias actuales, tanto estructurales como coyunturales, y, en su caso, no debe descartarse la posible denuncia del mismo.

En conclusión, ante el grave perjuicio que se está causando y se puede causar en el futuro al sector agrícola y otros sectores económicos fundamentalmente de León, Zamora y Salamanca; teniendo en cuenta la capacidad de acción que tiene el Gobierno de España para defender los intereses de estos sectores económicos y las poblaciones afectadas; y considerando la obligación de los representantes de estas Cortes de defender los intereses de la Comunidad Autónoma, el Grupo Parlamentario Popular plantea la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a requerir del Gobierno de España:

1.- El inicio inmediato de las negociaciones con el Gobierno de la República Portuguesa para adaptar el contenido y efectos del "CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS HISPANO-PORTUGUESAS (Convenio de Albufeira) a la situación hidrológica actual y futura, especialmente en lo que respecta a la cuenca hidrológica del Duero, teniendo en cuenta, también, el cambio rotundo de las bases económicas y sociales existentes cuando se firmó. Sin descartar, en todo caso, la posibilidad de denuncia del convenio en el caso de que las negociaciones resulten insatisfactorias.

2.- En tanto eso se produce, adopte las medidas cautelares necesarias para corregir los efectos negativos sobre la situación de los embalses y dotaciones de agua para riego y otros usos.

3.- Establezca los mecanismos necesarios para paliar las pérdidas que los últimos desembalses han causado al sector agrícola y al resto de sectores afectados por la reducción drástica del nivel del agua en los embalses y pantanos principalmente de León y Zamora.

4.- Replantee de forma urgente el nuevo Plan Hidrológico Nacional orientado al uso eficiente del agua y a la creación de reservas hídricas que puedan utilizarse en periodos de carencia, así como el compromiso de aprobar unos Planes Hidrológicos de Cuenca (incluido el correspondiente al Duero) más y mejor regulados y gestionados, con nuevas infraestructuras que aumenten las reservas y almacenamiento de agua y garanticen la cobertura de necesidades de riego y otros usos, todo ello de acuerdo con la resolución aprobada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado el 20 y 21 de septiembre de 2022".

Valladolid, 27 de septiembre de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano