PNL/000240-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de octubre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000239 a PNL/000242.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY en favor de la prospección y explotación de los recursos mineros de España para su debate y aprobación ante el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad extractiva de recursos minerales en la Península Ibérica ha estado íntimamente ligada al desarrollo económico y social de España. En busca de la importancia de la minería para nuestro país podemos remontarnos a los siglos I hasta el III d. C., cuando la gran riqueza mineral de Hispania era esencial para Roma. En Castilla y León, Las Médulas dan fe de esta realidad. Si avanzamos a la época moderna, la industria siderúrgica fue pionera en la Revolución Industrial española gracias a la explotación de los recursos mineros, en especial del carbón, que acompañó a dicho desarrollo.

El carbón ha sido durante los últimos años el motor principal de diversas zonas de nuestro país, focalizadas principalmente en el norte peninsular y especialmente en la zona del Bierzo Leonesa, el Valle de Laciana, en la Montaña Palentina y en la llamada Cuenca minera asturiana. Las minas de La Magdalena, Ciñera, Sabero, Valderrueda, Barruelo de Santullán, Guardo, etc., fueron fuente de riqueza y empleo para toda la cornisa cantábrica y el norte de Castilla y León.

Si nos fijamos en León, en 1990 la minería del carbón daba empleo a 13.000 personas. En 2017 apenas sobrevivían 8 empresas que daban trabajo a menos de 400 mineros.

Por todos es conocida la postura tomada en los últimos años por la Unión Europea, apoyada, incluso impulsada, por el propio Gobierno de España, que aboga por el total desmantelamiento del sector carbonífero, renunciando por completo a uno de los recursos energéticos con el que cuenta nuestro país. Una política que el tiempo ha demostrado suicida y sometida a los lobbies ecologistas y a las imposiciones del fanatismo climático.

La emergencia energética que vivimos actualmente, donde la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha cortado el suministro de gas a Europa, ha puesto de manifiesto una realidad que los medios y las élites políticas han negado durante años; que el cierre del sector del carbón y las centrales térmicas fue una decisión precipitada y errónea que se llevó a cabo sin pensar en nuestra soberanía energética y el interés de la nación.

La realidad demuestra que el carbón nos puede servir como un elemento de reserva para cubrir situaciones de crisis como la actual, un sector estratégico al que no podemos ni debemos renunciar.

Además de recursos carboníferos, España dispone de recursos minerales esenciales para conseguir avanzar en el nuevo reto tecnológico iniciado con el salto a la acumulación de energía mediante el uso de baterías, disponiendo de reservas de una amplia gama de importantes recursos como el litio, el cobalto, el cobre, el zinc, el hierro, el níquel, el oro y el vanadio. Las tierras raras, de las que también disponemos, son indispensables para la producción de múltiples productos tecnológicos. No hace falta destacar la importancia económica y geoestratégica que tiene y tendrá en el futuro la minería de estos recursos minerales.

El Colegio Oficial de Geólogos ha insistido una y otra vez en que "es necesario investigar los recursos naturales" españoles, pero sus sucesivas peticiones, propuestas y planes han caído en saco roto. El Colegio de Geólogos recuerda que existen diferentes proyectos mineros paralizados, con trabas administrativas o con la oposición de grupos ecologistas o vecinales, "en la mayoría de los casos por desconocimiento".

Esta legislación es un auténtico cepo que nos tiene atrapados e impide el desarrollo económico de nuestra nación y la prosperidad de los españoles, comprometiendo el presente y amenazando el futuro de un sector económico como el de la minería, que resulta imprescindible para alcanzar la necesaria soberanía energética y nuestro progreso tecnológico.

Nuestros hogares y nuestras pymes necesitan energía barata y abundante. El propósito de cerrar y dinamitar todas las fuentes de energía que no complacen al ecologismo radical ha demostrado ser un fracaso que ha dejado a España y al resto de la Unión Europea en una posición de vulnerabilidad y dependencia energética a otras potencias.

España debe proteger sus intereses nacionales y su soberanía energética con una energía barata, sostenible, eficiente y limpia que asegure unos precios de la luz asequibles para las familias y empresas españolas. Mientras que las energías renovables no puedan garantizar nuestro suministro y la soberanía energética, nuestra nación no se puede permitir renunciar a ninguna fuente de energía.

Todas las leyes ideológicas aprobadas en los últimos años atentan contra el sentido común y han dejado a nuestra nación en una situación límite. Los españoles debemos poder decidir si seguimos apostando por un modelo abocado al fracaso o si por el contrario queremos reindustrializar nuestra nación y alcanzar la soberanía energética.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas en orden a facilitar la explotación de nuestros recursos mineros:

1. Reordenamiento y unificación de la legislación.

Es necesario derogar la actual Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, y modificar la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y su Reglamento, para regular un proceso de minería extractiva que garantice nuestra soberanía energética y permita impulsar nuestro desarrollo económico a través de la explotación de los yacimientos de minerales de alto interés geoestratégico y tecnológico, garantizando su viabilidad, tanto técnica como económica y medioambiental.

En tanto no se deroga la Ley de Cambio Climático, se establecerán áreas de protección especial minera, de forma que, al declarar una serie de recursos como prioritarios para el interés nacional, pueda articularse una excepción a la legislación para esos casos especiales, cuidando en todo caso, mediante canales de vigilancia y acompañamiento, el menor impacto medioambiental posible y la eficaz recuperación del área a la finalización de la explotación.

2. Poner en marcha una Estrategia Nacional de Minería que nos permita conocer los recursos naturales de los que disponemos en territorio nacional y que sean susceptibles de ser explotados para alcanzar la soberanía energética y garantizar un suministro de energía barata, sostenible, eficiente y limpia.

3. Debe favorecerse la tramitación de proyectos mineros.

La tramitación de expedientes mineros se está extendiendo en el tiempo por encima de los 5 años, lo que está ahuyentando a los inversores e impide cualquier previsión financiera creíble, dada la incertidumbre actual de los mercados. Es necesario poner fin a las trabas administrativas y fijar un plazo máximo de tramitación e introducir mecanismos que agilicen esa tramitación de expedientes como el uso de la Declaración responsable o la tramitación en paralelo en vez de la tramitación en serie.

4. Movilización de las reservas administrativas bloqueadas.

Liberalización de cualquier activo minero caducado, para activar el aprovechamiento de las reservas mineras se encuentren en zonas cuya explotación está paralizada por no haberse sacado a concurso público un derecho minero sobre terrenos que resulten francos como consecuencia de la caducidad de un permiso de investigación o una concesión de explotación.

5. Facilitar la explotación de minerales energéticos.

Ante la emergencia energética que sufrimos procede la suspensión temporal de la aplicación de la normativa sobre devolución de las ayudas recibidas por el cierre de las concesiones mineras de carbón (Decisión de la Unión Europea 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010 y concordantes), siempre que su reapertura permita a las empresas mantener la actividad en orden a aumentar la producción energética.

6. Minería compatible con la conservación y respeto de nuestros ecosistemas.

Nuestra legislación medioambiental es de las más exigentes del mundo, pero es preciso vigilar su cumplimiento, por lo que se hace preciso un mecanismo ágil para valorar la situación ambiental de las explotaciones mineras, los riesgos para las personas y los impactos medioambientales y su intensidad. Para ello se ha de habilitar a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en cuanto a los estudios referentes a impacto ambiental y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para la restauración ambiental, para que sus informes tengan plena validez, en cualquier expediente o procedimiento administrativo, y sirvan para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental previsto en la Ley 21/2013.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Menéndez Blanco