PL/000003-03

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 14 de noviembre de 2022, ha admitido a trámite las enmiendas a la totalidad, con devolución del texto del proyecto de ley a la Junta, presentadas por los Grupos Parlamentarios de la Cámara al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, PL/000003.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de noviembre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD de DEVOLUCIÓN del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

El Proyecto de Ley de Medidas adolece de las mismas deficiencias y errores que años anteriores y persiste y profundiza en los mismos.

Un año más, el Proyecto de Ley modifica hasta 16 leyes distintas hurtando al Parlamento del debate correspondiente y, en la línea característica del actual Gobierno autonómico, elimina cualquier posibilidad de consenso con el resto de las fuerzas políticas, rompiendo con acuerdos anteriores y fragmentando el consenso entre el Ejecutivo autonómico y el resto de la sociedad.

Entre ellas se modifican 4 leyes de medidas que acompañaron a los Presupuestos, suponiendo una técnica legislativa muy deficiente que contribuye a un acervo normativo de la Comunidad cada vez más complejo.

El Proyecto de Ley desaprovecha una vez más la ocasión de situar a Castilla y León en el tren de las comunidades autónomas más avanzadas pues, una vez más, rechaza adaptar las estructuras administrativas y normativas para poder conseguir, al igual que han hecho casi todas las comunidades autónomas, una estructura adecuada y eficiente para poder facilitar a los ciudadanos y empresas de Castilla y León el mejor y mayor acceso a los nuevos Fondos Europeos conseguidos por el Gobierno de España, a pesar de todos los esfuerzos que realiza el Partido Popular para que esa financiación no llegue ni a España ni a Castilla y León. El desprecio hacia la Agenda 2030, basado en un sentimiento antieuropeísta, nuevo en esta Comunidad y seguramente derivado de la influencia de la extrema derecha en el Gobierno, contribuirá más aún a afianzar el retraso de nuestra Comunidad.

En materia fiscal, una vez más, se reitera la voluntad de la Junta de Castilla y León de favorecer a los que más tienen, más ganan o más heredan. Gran parte de estas medidas han sido incluidas en el Proyecto de Ley de rebajas fiscales, algo que lleva a la situación absurda e inédita de encontrarnos en la práctica con la tramitación de dos proyectos de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que habrán de entrar en vigor de forma prácticamente paralela y podrían haberse tramitado como un solo proyecto de Ley. Cuestión que ha sido advertida tanto por el Consejo Económico y Social como por el Consejo Consultivo en los informes elaborados en la tramitación del anteproyecto de esta ley de Medidas.

Esta política fiscal del Partido Popular, que se sustenta en no aplicar la progresividad en los tributos, se refleja otra vez más y claramente en la Ley de Rebajas Tributarias citada.

Lo mismo ocurre con el mantenimiento de la bonificación del 99 % de la cuota para las grandes herencias y, fundamentalmente, para las donaciones entre los grupos I y II de parentesco, lo que ha facilitado el crecimiento exponencial de donaciones de dinero en metálico, pero no ha contribuido a nuevas inversiones, ni a la generación de nuevo empleo ni tampoco en la expansión empresarial. Esta situación debería de haber sido corregida en este proyecto.

El aumento de beneficios fiscales elitistas hace imprescindible la puesta a disposición de la Agencia Tributaria de todas las donaciones de efectivo para la realización de las investigaciones e inspecciones necesarias que confirmen la procedencia y destino de las donaciones realizadas, algo que este Grupo Parlamentario ha solicitado reiteradamente.

Pero, además, este año nos hemos encontrado con una situación realmente alarmante y es que la medida estrella anunciada por el Gobierno de la Junta de Castilla y León en la presentación pública de los presupuestos no figura en el texto, no existe la deducción por familias numerosas, que supuestamente iba a beneficiar a todas las familias numerosas de Castilla y León, haciendo que no pagaran por el tramo autonómico de IRPF. No existe ningún informe ni técnico, ni económico, ni jurídico que avale el anuncio realizado. Este hecho hace que se evidencie la falta de rigor por parte del Gobierno de la Junta a la hora de elaborar los presupuestos de esta Comunidad.

Nuevamente, este proyecto abunda en las reformas encaminadas a la liberalización del juego tras haber sido uno de los sectores más beneficiados por las políticas tributarias de la Junta de Castilla y León, desoyendo las advertencias reiteradas del Consejo Económico y Social (CES) sobre las consecuencias económicas y sociales que conlleva la liberalización.

Por otro lado, una vez más, el Gobierno de la Junta de Castilla y León no ha establecido una política fiscal diferenciada para el mundo rural, ya que las bonificaciones existentes son claramente insuficientes. Además, pretende que estas pírricas medidas sirvan de mecanismo de lucha contra la despoblación, cuestión que lógicamente será un fracaso. Así, la elaboración de una Ley de medidas contra la despoblación que aúne de forma coordinada las acciones encaminadas a este fin, tanto tributarias como de cualquier otro carácter, supondrá un grave perjuicio para municipios que ven como su futuro se diluye día a día por la dejación de responsabilidades del Gobierno autonómico.

La despoblación hay que combatirla mediante inversiones y actuaciones coordinadas que permitan, de verdad, la igualdad de acceso a los servicios esenciales en cualquier territorio de la Comunidad Autónoma. O mediante estímulos económicos, financieros y una fiscalidad diferenciada que supongan atractivo suficiente para que la elección de permanecer o trasladarse a zonas escasamente pobladas sea tomada por nuestros jóvenes como una opción de futuro. Ni siquiera existe una definición clara y concisa de municipio rural, llevando a contradicciones y a desigualdades entre los castellanos y leoneses a la hora de poder beneficiarse de las posibles deducciones fiscales.

Mientras tanto, desaparece la bonificación existente en las tasas veterinarias y se siguen manteniendo otras como, por ejemplo, la que se exige para poder participar en los procesos de acceso a la Función Pública.

Esta Ley de medidas, junto con alguna de las reformas incluidas en la Ley de rebajas tributarias, profundizan cada vez más en la desigualdad fiscal, tratando mejor a los que más tienen y obviando cualquier mejora para los que menos tienen.

Se prima a las tasas de caza y pesca, pero estas actuaciones en nada contribuyen a luchar por sí solas, tal y como además lo asegura rotundamente el Consejo Consultivo y Social, contra las desigualdades, a mejorar el mercado laboral en nuestra Comunidad o a asegurar el Estado del Bienestar en Castilla y León con garantías y ayudas para quienes están en una situación de tremenda vulnerabilidad.

Este, desde luego, no es el camino para combatir el dumping fiscal de algunas comunidades autónomas vecinas, especialmente Madrid, cuya atracción de recursos financieros, personales y de todo tipo procedentes de Castilla y León, lejos de disminuir, aumenta de forma progresiva.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista solicita la devolución del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 10 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández