PNL/000335-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de noviembre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000333 a PNL/000336.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de noviembre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno:

ANTECEDENTES

El próximo jueves, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos someterán a la toma en consideración del Congreso su proposición de ley de reforma del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma ya fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo.

La iniciativa legislativa deroga el delito de sedición y lo sustituye por otro de "desórdenes públicos agravados", tal y como le exigen al Gobierno sus socios nacionalistas radicales.

Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos.

Con esta propuesta, el PSOE retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido.

Dicho de otra manera, de culminarse esta reforma, el PSOE estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España.

Las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir las penas establecidas en el delito de sedición, o si bien rechazan esta modificación. Se considera esencial que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar al Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.

Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos.

No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la anunciada en 2019 para prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.

Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20 % de la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las penas por el delito de sedición. Incluso un 49 % de quienes declaran haber respaldado en las urnas al actual partido en el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.

España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley, sino también del aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, o para no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida para no cumplir con una sentencia judicial. La reforma del delito de sedición es solo una más de las concesiones, pero, dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya a ser la última.

Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla.

Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será con este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a una Nación que merece un Gobierno más digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática.

Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su presidencia.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que traslade al Congreso de los Diputados la voluntad de esta Cámara para que se retire de manera inmediata la proposición de ley presentada por los Grupos Socialista y Podemos para modificar el Código Penal derogando el delito de sedición.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a fin de que requiera al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos en el Congreso de los Diputados a cumplir, acatar y respetar la Constitución española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, a ratificar el artículo 2 de la misma: 'La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas' ".

Valladolid, 22 de noviembre de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano