4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000342-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de diciembre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000339 a PNL/000342.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno.
ANTECEDENTES
El 6 de septiembre pasado entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. En esta ley se introduce una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados como agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían, en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales.
Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por este tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, a las que se aplica la prevalencia de la norma más favorable para el reo del artículo 2.2 del Código Penal.
Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, ya avisó al Ministerio de lo que ocurriría: "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente".
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado el 16 de noviembre de 2022 exponiendo que "este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.22ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad". Y reiteró lo indicado antes de su aprobación: "el informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que 'la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente'. A pesar de que, en el informe preceptivo, se advirtió al Gobierno que se rebajaba la pena al delito de violación, el Gobierno ignoró la advertencia.
Otros cuatro organismos también alertaron de las consecuencias de la entrada en vigor de esta ley. El primero fue el Consejo Fiscal, que expresó que "va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo".
El segundo fue el Consejo de Estado, que solicitó mejoras en el texto: "La redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso".
El tercero fue el Consejo Económico y Social (CES), donde alertaron que "se observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley y el contenido de algunos artículos".
La cuarta advertencia llegó desde la Agencia de Protección de Datos: "No existen garantías específicas que requiere el Reglamento General".
Sin embargo, todas ellas no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno.
A todo ello se suma que el texto de la ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno, donde se encontraban varios jueces como Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska.
La entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de decenas sentencias.
A fecha 1 de diciembre, habían sido, al menos, 45 condenados los que se habían visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma. Y 11 personas habían sido excarceladas.
En Castilla y León se están revisando 181 sentencias por parte de las Audiencias Provinciales.
En León un violador, inicialmente condenado a 14 años de prisión, ha salido en libertad el día 1 de diciembre, al haberle rebajado la Audiencia Provincial su pena hasta 9 años, que ya ha cumplido.
También en León, la Audiencia ha reducido la pena a un hombre que de forma continuada agredió sexualmente a una niña de tan solo 11 años, hija de su pareja sentimental, por lo que inicialmente fue condenado a 9 años de cárcel.
En Salamanca se ha solicitado la revisión de la condena del conocido como "violador del portal", que en el año 2018 fue condenado por la Audiencia Provincial a 33 años por agredir sexualmente a tres chicas en Salamanca capital, su pena podría quedar reducida a 23 años y tres meses.
En Valladolid, la Audiencia Provincial ha decidido rebajar de 12 a 10 años de cárcel la pena impuesta a un condenado por agresión sexual a una menor de 16 años.
Además, dos vallisoletanos, condenados en 2020 a 18 años de prisión por violar a una joven en un hostal de Santander, han visto reducida su pena hasta los 11 años.
En Segovia, la Audiencia Provincial ha rebajado de 12 a 9 años la pena de prisión impuesta a un agresor sexual que, amenazando con un cuchillo a su prima, la violó en abril 2011.
La reducción de penas más relevante en Castilla y León ha tenido lugar en el conocido como "Caso de los exjugadores de la Arandina". El Tribunal Supremo, en aplicación de la nueva ley, ha impuesto a los condenados una pena inferior a la que se hubiera producido con la norma anterior.
Es evidente que las revisiones de sentencias, las rebajas en las penas de prisión y las excarcelaciones están provocando una importante alarma social entre la población, que la propia ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha admitido.
Pese a todo lo narrado, el Ministerio de Igualdad ha preferido seguir elogiando la ley, que consideran "magnífica", en palabras de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, a la vez que insultan a los jueces que se limitan a aplicar su desastrosa ley.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León, reiterando su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género, instan a la Junta de Castilla y León a fin de que requiera al Gobierno de España para que mantenga el consenso surgido del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, y que ha servido para poner a España en la vanguardia de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, y proceda, en consecuencia, de forma inmediata y por la vía de urgencia, a modificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de aprobar la citada ley".
Valladolid, 7 de diciembre de 2022.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
PNL/000342-01
CVE="BOCCL-11-003496"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 11019-11021
BOCCL nº 86/11 del 14/12/2022
CVE: BOCCL-11-003496
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000342-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno de España a mantener el consenso surgido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y para que proceda a modificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de su aprobación, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de diciembre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000339 a PNL/000342.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2022.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno.
ANTECEDENTES
El 6 de septiembre pasado entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. En esta ley se introduce una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados como agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían, en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales.
Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por este tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, a las que se aplica la prevalencia de la norma más favorable para el reo del artículo 2.2 del Código Penal.
Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, ya avisó al Ministerio de lo que ocurriría: "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente".
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado el 16 de noviembre de 2022 exponiendo que "este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.22ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad". Y reiteró lo indicado antes de su aprobación: "el informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que 'la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente'. A pesar de que, en el informe preceptivo, se advirtió al Gobierno que se rebajaba la pena al delito de violación, el Gobierno ignoró la advertencia.
Otros cuatro organismos también alertaron de las consecuencias de la entrada en vigor de esta ley. El primero fue el Consejo Fiscal, que expresó que "va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo".
El segundo fue el Consejo de Estado, que solicitó mejoras en el texto: "La redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso".
El tercero fue el Consejo Económico y Social (CES), donde alertaron que "se observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley y el contenido de algunos artículos".
La cuarta advertencia llegó desde la Agencia de Protección de Datos: "No existen garantías específicas que requiere el Reglamento General".
Sin embargo, todas ellas no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno.
A todo ello se suma que el texto de la ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno, donde se encontraban varios jueces como Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska.
La entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de decenas sentencias.
A fecha 1 de diciembre, habían sido, al menos, 45 condenados los que se habían visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma. Y 11 personas habían sido excarceladas.
En Castilla y León se están revisando 181 sentencias por parte de las Audiencias Provinciales.
En León un violador, inicialmente condenado a 14 años de prisión, ha salido en libertad el día 1 de diciembre, al haberle rebajado la Audiencia Provincial su pena hasta 9 años, que ya ha cumplido.
También en León, la Audiencia ha reducido la pena a un hombre que de forma continuada agredió sexualmente a una niña de tan solo 11 años, hija de su pareja sentimental, por lo que inicialmente fue condenado a 9 años de cárcel.
En Salamanca se ha solicitado la revisión de la condena del conocido como "violador del portal", que en el año 2018 fue condenado por la Audiencia Provincial a 33 años por agredir sexualmente a tres chicas en Salamanca capital, su pena podría quedar reducida a 23 años y tres meses.
En Valladolid, la Audiencia Provincial ha decidido rebajar de 12 a 10 años de cárcel la pena impuesta a un condenado por agresión sexual a una menor de 16 años.
Además, dos vallisoletanos, condenados en 2020 a 18 años de prisión por violar a una joven en un hostal de Santander, han visto reducida su pena hasta los 11 años.
En Segovia, la Audiencia Provincial ha rebajado de 12 a 9 años la pena de prisión impuesta a un agresor sexual que, amenazando con un cuchillo a su prima, la violó en abril 2011.
La reducción de penas más relevante en Castilla y León ha tenido lugar en el conocido como "Caso de los exjugadores de la Arandina". El Tribunal Supremo, en aplicación de la nueva ley, ha impuesto a los condenados una pena inferior a la que se hubiera producido con la norma anterior.
Es evidente que las revisiones de sentencias, las rebajas en las penas de prisión y las excarcelaciones están provocando una importante alarma social entre la población, que la propia ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha admitido.
Pese a todo lo narrado, el Ministerio de Igualdad ha preferido seguir elogiando la ley, que consideran "magnífica", en palabras de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, a la vez que insultan a los jueces que se limitan a aplicar su desastrosa ley.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León, reiterando su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género, instan a la Junta de Castilla y León a fin de que requiera al Gobierno de España para que mantenga el consenso surgido del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, y que ha servido para poner a España en la vanguardia de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, y proceda, en consecuencia, de forma inmediata y por la vía de urgencia, a modificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de aprobar la citada ley".
Valladolid, 7 de diciembre de 2022.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
PNL/000342-01
CVE="BOCCL-11-003496"
