PNL/000392-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000392 a PNL/000395.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 ya determinaba y promovía la retirada de todos estos elementos relacionados con la Dictadura; sin embargo, se han mantenido y ahora, VOX pretende que pasen a ser declarados BIC. A nadie se le escapa que lo que se pretende es blindar estos símbolos ante la Ley de Memoria Democrática de España aprobada el pasado 5 de octubre de 2022. El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica ya indicaba que las administraciones públicas realizarán las medidas oportunas para la retirada de insignias, escudos, placas y otros, dentro del ejercicio de sus competencias.

Sin embargo, quince años después y según un estudio de mapa interactivo de 2022 la Fundación Jesús Pereda de CC.OO., en Castilla y León hay, al menos, 363 símbolos franquistas en los diversos municipios de la Comunidad entre placas, inscripciones y lápidas o escudos y relieves, de los cuales 134 elementos se localizan en la provincia de Valladolid, 38 en León y Salamanca, respectivamente, 34 en Zamora, 32 en Palencia, Ávila 30, Burgos y Segovia con 22 cada una y Soria 12. De estos 363 elementos, 70 son inscripciones y lápidas, 45 placas y 24 escudos y relieves. Hay también tres localidades con nomenclatura franquista. El mapa, en cualquier caso, no deja de ser una aproximación.

La citada Fundación documentaba además la presencia en el callejero de pueblos, villas y ciudades de la Comunidad de Castilla y León de 197 calles (611 en España) que conmemoran personajes y hechos relacionados con el golpe de Estado de 1936, la mayoría dedicadas a generales que participaron en la sublevación contra el Estado democrático.

El pasado 5 de octubre de 2022 el Pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que suponía una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, proyecto que había sido aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2021 y tomado en consideración por el Congreso de los Diputados en octubre de dicho año.

En el mes de enero de 2023 varios procuradores de Vox en Castilla y León registraron una solicitud en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que la Junta de Castilla y León proceda a la declaración como Bienes del Patrimonio Cultural (BIC) de Castilla y León cerca de 190 vestigios franquistas. Así, el listado presentado en la Consejería de Cultura incluye diversos vestigios -en su mayoría inscripciones y placas de la dictadura franquista-: 24 de Ávila, 27 de Burgos, 9 de León, 23 de Palencia, 20 de Salamanca, 9 en Segovia, 6 en Soria, 10 en Zamora y 62 en Valladolid.

Como recoge el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática en su apartado III, 'el régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. En el marco de este relato totalitario, y al mismo tiempo que continuaba una dura represión sobre las personas que defendían la Segunda República, se establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o se habían posicionado a favor del golpe de Estado.

Así, se exhumó un gran número de fosas comunes con apoyo estatal y metodología científica. Se erigieron monumentos conmemorativos y panteones por todo el país, se inscribieron los nombres de los «caídos» en placas en las iglesias, se establecieron fechas conmemorativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de hechos considerados gloriosos por el régimen franquista. El proyecto memorial más importante se plasmaría veinte años después en el Valle de los Caídos, inaugurado por el dictador Francisco Franco en el vigésimo aniversario de la «victoria» militar (1 de abril de 1959), monumento al que esta ley presta especial atención al estar llamado a ser un eje fundamental de la resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas de memoria.

Estas políticas de memoria totalitaria tuvieron una enorme influencia social y política gracias a su respaldo dictatorial, pero no consiguieron borrar la continuidad de la memoria democrática dentro y fuera de nuestras fronteras".

En el pleno de 7 de febrero de 2023 el consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León señaló que en la actualidad la Consejería estaba en fase documentación sobre las placas y lápidas de la dictadura franquista que VOX ha pedido sean BIC, por lo que hemos de creer que la petición no solo ha sido atendida sino que la Consejería y, por tanto, el Gobierno del señor Mañueco, se prestan a la petición de declarar BIC los restos o vestigios pétreos de la dictadura franquista, con lo que se promueve el mantenimiento de la memoria totalitaria en lugar de la memoria democrática. En su intervención el Consejero comparó los vestigios de esta memoria totalitaria con monumentos romanos y otros del siglo XVI, argumentando que "si es necesario ser creyente para proteger una ermita o una catedral o si se deben "destrozar" determinados escudos que datan de la Inquisición". Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática no habla para nada de "destrozar símbolos", sino de retirada y depósito, con un registro de estos.

"Artículo 35. Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

1. Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Asimismo, serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.

4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación. Carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público.

5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo.

6. Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán razones artísticas cuando se trate de elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español. Únicamente se considerará que concurren razones arquitectónicas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, de tal modo que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del inmueble o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

En el caso de que concurran razones artísticas o arquitectónicas que obliguen al mantenimiento de los referidos elementos, habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática.

7. Los elementos retirados de los edificios de titularidad pública se depositarán, garantizando el cese de su exhibición pública, en dependencias que habrán de comunicarse al departamento competente en materia de memoria democrática, debiéndose realizar y actualizar un registro de los mismos".

Es más que evidente que detrás del intento de declaración BIC de los símbolos franquistas en Castilla y León está el intento de VOX de exaltar la memoria y el pasado totalitario de España. En efecto, la iniciativa de los parlamentarios de esta formación política no es un caso aislado. Ya el 27 de octubre de 2022 se anunció que "el partido ultra pedirá que las autonomías den la máxima protección a escudos y placas que hacen apología de la Guerra Civil y el franquismo para boicotear la Ley de Memoria Democrática" (El País) y que lo harían tanto en el Congreso de los Diputados como en los Parlamentos Autonómicos.

Conocidas las intenciones de VOX, resta por conocer si la opinión manifestada por el Consejero de Cultura y Turismo de seguir adelante con el procedimiento para la declaración BIC es también compartida por el resto del Gobierno de Castilla y León, en particular por el presidente y resto de Consejeros/as del Partido Popular y de los procuradores/as que sostienen dicho Gobierno, habida cuenta de que en estas Cortes el Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera, por boca de su vicepresidente, se comprometió en la Comisión de Presidencia de las Cortes celebrada el 30 de septiembre de 2016 a desarrollar la Ley de Memoria Histórica, impulsando un grupo de trabajo con presencia de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, sorprende ahora el silencio del Partido Popular.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a no declarar como Bienes de Interés Cultural las placas, inscripciones y otros símbolos franquistas existentes en Castilla y León, así como al cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática".

Valladolid, 14 de febrero de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández