PNL/000503-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de abril de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000501 a PNL/000504.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de abril de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

Las políticas económicas que viene desplegando el Gobierno de España no están cumpliendo con los objetivos que se podrían esperar de la economía de nuestro país, en la que se está produciendo un alejamiento de los criterios de convergencia en desarrollo socioeconómico en relación con la media europea. De hecho, la evolución de nuestro PIB y los incrementos de déficit y deuda así lo acreditan.

Todo ello se produce en un escenario en el que el incremento de la inflación está ocasionando que el Gobierno gestione una mayor recaudación que penaliza indudablemente la economía doméstica de millones de españoles.

Recientemente, según ha desvelado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, la recaudación en 2022 se incrementó en un 15,1 % en nuestro país. Las cifras arrojan unos ingresos tributarios de 257.116 millones, rozando los 260.000 millones, lo que supone casi 34.000 millones más que en 2021, que también había supuesto otro año récord en el que se recaudaron 223.385 millones, y en el que también crecieron un 15,1 % respecto al ejercicio anterior, y tras el inicio de la espiral inflacionaria que ha alcanzado cotas históricas en 2022.

Sirva a modo de ejemplo indicar que esos 260.000 millones casi doblan los ingresos del peor año desde la crisis financiera, 2009, en el que se desplomaron a 144.000 millones, y que de hecho se sitúan cerca de 60.000 millones por encima de un momento récord de recaudación, vinculado a la burbuja inmobiliaria, y que fue de 200.000 millones en 2007.

Recientemente, la AEAT ha publicado un informe en el que trata de medir el impacto de la inflación en la recaudación. Y concluye que 7.000 millones de los 27.000 que se ingresaron extra entre enero y agosto de 2022 se debían a ese fenómeno, es decir casi un 25 % de los ingresos extra se debían a ese motivo. La AIReF, en cambio, estima que en 2022 la inflación supuso un 50 % de la recaudación extra, y calcula que en 2023 será un 70 %.

Y a pesar de todo ello, y sabiendo la afección que esta circunstancia tiene en el bolsillo de los contribuyentes, el Gobierno de Sánchez se niega a tomar medidas respecto al IRPF. Los cálculos del Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (REAF) sitúan entre 46 € y 710 € lo que va a suponer de más el pago del IRPF de 2023 a Hacienda por la negativa a tomar medidas respecto a la tarifa o, si se quiere, la subida encubierta del impuesto por no adecuarlo a la inflación. El impacto es mucho mayor para las rentas bajas que para las medias y altas, según muestran los cálculos.

Y por ejemplo el caso de las pensiones, en relación con la subida del 8,5 % ligada a la inflación media entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, el REAF calcula que Hacienda se quedará en 2023 aproximadamente entre 150 euros y 1.250 euros del aumento, cuantía en la que se incluye el efecto de la inflación.

Frente a lo que ocurre con el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León emprendió hace tiempo una política fiscal justa y moderada, con sucesivas bajadas de impuestos que reducen la carga fiscal para familias y para las empresas permitiendo así incentivar el consumo y la inversión, favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

Una política fiscal centrada en el apoyo a la familia, a los jóvenes, al emprendimiento, a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, y especialmente al medio rural. Y por ello en nuestra Comunidad se van a alcanzar unos importantes hitos que señalan positivamente a nuestra tierra, ya que en 2023 Castilla y León va a ofrecer las mejores ventajas fiscales en toda España para la natalidad y la familia, lo que nos va a situar como referencia nacional en esta materia.

Asimismo, se tiene el segundo tipo impositivo mínimo más bajo en el IRPF de todas las Comunidades Autónomas, al igual que nos situamos en el grupo de cabeza de las Comunidades Autónomas con una fiscalidad más favorable para el medio rural. De este modo, hemos consolidado la cuarta posición en el ránking de Comunidades Autónomas con mayor competitividad fiscal según los datos del Índice Autonómico que elaboró la Tax Foundation para 2022.

Las medidas concretas puestas en marcha que permiten ofrecer estos resultados son variadas como, por ejemplo, la rebaja del 5,3 % del tipo impositivo del primer tramo de la tarifa autonómica del IRPF desde el 9,5 % al 9 %.

En el ámbito rural es donde se está haciendo un mayor esfuerzo, lo acreditan actuaciones como el incremento hasta el 40 % de la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el medio rural, o la creación de un tipo reducido del 2 % en las transmisiones de bienes inmuebles para negocios que constituyan centros de trabajo en el medio rural cuando esta adquisición esté vinculada a la creación de empleo.

Asimismo, se han implementado medidas de apoyo a la continuidad de la actividad agraria en el medio rural creando un tipo reducido del 4 % en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias para agricultores profesionales cuando mantengan la explotación durante 5 años, o implementando una bonificación del 100 % en los arrendamientos de fincas rústicas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas.

Y un último ejemplo de la apuesta por nuestro medio rural y por los incentivos fiscales lo acreditan otras actuaciones para prestar apoyo al acceso a la vivienda de jóvenes para facilitar su permanencia en el mundo rural mejorando la deducción autonómica en el IRPF si adquieren una vivienda habitual o reduciendo los costes de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas en el caso de viviendas usadas o el de Actos Jurídicos Documentados si es vivienda nueva.

No resulta de recibo que mientras la Comunidad de Castilla y León desarrolla una importante batería de medidas fiscales de todo tipo, que permiten paliar los devastadores efectos que sobre las economías de los castellanos y leoneses tiene el incremento de la inflación, nos encontremos ahora en el momento de liquidar la declaración de la renta, y el Gobierno no adopte ninguna medida para paliar dichos efectos.

Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de tomar medidas que complementen a las ya tomadas por la Junta de Castilla y León se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno de España para que, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo que familias, autónomos y empresas están sufriendo como consecuencia de la subida del precio de la cesta de la compra, de la factura energética y de los tipos de interés, adopte, de cara a la declaración del IRPF del año 2023, las siguientes medidas:

1. Adapte la tarifa estatal del IRPF para las rentas hasta 35.200 € a la tarifa autonómica ya aprobada por la Comunidad de Castilla y León, rebajando el tipo mínimo del 9,5 % al 9 % y el tipo aplicable al tramo de renta de 20.200 € a 35.200 € del 15 % al 14 %.

2. Asuma un compromiso fiscal con el reto demográfico y con el mundo rural aprobando, de forma paralela y complementaria a las medidas ya adoptadas por la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de sus competencias, un tratamiento fiscal, en el IRPF, favorable a las zonas rurales.

3. Declare la exención en el IRPF de las cantidades que reciban los beneficiarios del bono vivienda joven, así como, en su caso, las ayudas de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio y las correspondientes al bono cultural joven, de modo que pueda destinarse a la finalidad para la que han sido aprobadas el importe íntegro de estas ayudas, tal y como sucede con el bono nacimiento aprobado recientemente por la Junta de Castilla y León".

Valladolid, 18 de abril de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano