PE/001720-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/001718 a PE/001723, PE/001725, PE/001727, PE/001728, PE/001731, PE/001732, PE/001734 a PE/001740, PE/001743, PE/001744, PE/001746, PE/001748, PE/001749 y PE/001751 a PE/001760.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2023.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

En contestación a la Pregunta Escrita P.E./0001720, Núm. Registro de entrada 3316, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores, D. PEDRO GONZÁLEZ REGLERO, D.ª ALICIA PALOMO SEBASTIÁN, D.ª LAURA PELEGRINA CORTIJO y D. JOSÉ FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ, del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, solicitando “En referencia a la publicación de la convocatoria de cursos para desempleados, que se va a desarrollar de forma más potente y profesionalizada:

1.- ¿Cuál es la aportación económica por parte de la Junta de Castilla y León de fondos propios para la realización de dichos cursos, en el año 2022 y la previsión para el año 2023?

2.- ¿Cuál es la aportación económica por parte del Gobierno de España para la realización de dichos cursos en el año 2022 y la previsión para el año 2023?

Se informa, que en referencia a los datos solicitados en esta Pregunta Escrita a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la aportación económica para la realización de los cursos de formación, dirigidos prioritariamente para trabajadores desempleados, es la siguiente:

La formación profesional para el empleo está financiada tanto por fondos estatales como por fondos autónomos. En este sentido hay que entender que la aportación estatal no es un dinero del que disponga Sánchez y a su libre criterio quiera entregar a Castilla y León para la realización de la formación a desempleados, sino que está perfectamente regulado.

Respecto a los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado es un derecho reconocido constitucionalmente que todas las Comunidades Autónomas tienen para financiar los servicios que son de su competencia. Los artículos 156 a 158 de la Constitución Española establecen los principios, recursos e instrumentos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, cuyo desarrollo se concretó por Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Esta Ley establece los recursos financieros para atender las necesidades globales de financiación y que básicamente se concretan en 3 bloques:

Los tributos cedidos, gestionados íntegramente o en el porcentaje que se establezca en cada uno de ellos.

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que pretender que cada Comunidad Autónoma reciba los mismos recursos por unidad de necesidad. Para calcular su cuantía se establecen criterios de ponderación como son la población (30 %), la superficie (1,8 %), la dispersión (0,6 %),...

El Fondo de Suficiencia Global.

Adicionalmente se establece el Fondo de Convergencia Autonómica, el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación, con el objetivo de alcanzar la convergencia de todas las Comunidades Autónomas en términos de financiación por habitante ajustada y de favorecer el equilibrio económico territorial, contribuyendo con ello a la igualdad y a la equidad.

Los fondos que cada Comunidad recibe, se incorporan anualmente a sus presupuestos y son gestionados como fondos propios. Para este ejercicio, las cantidades que se aprobaron han sido las siguientes:

SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. TOTAL CC.AA.

Entregas a cuenta: 124.292,66M€.

Liquidación años n-2 y recursos extraordinarios: 11.128,45M€

TOTAL SISTEMA: 135.421,11M€.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. CASTILLA Y LEÓN.

Entregas a cuenta: 7.634,63M€.

Liquidación años n-2 y recursos extraordinarios: 575.69M€

TOTAL SISTEMA: 8.208,31M€.

Estas cuantías suponen un incremento sobre el año anterior del 25,06 % en el caso de Castilla y León y del 24,08 % para el conjunto de todas las Comunidades Autónomas. Frente al descenso el año anterior de un -13,20 % y del -14,20 % respectivamente.

Pero la financiación de la formación profesional para el empleo no computa dentro del sistema de financiación autonómica. El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se financia, según establece la ley 30/2015 por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, sin perjuicio de otras fuentes de financiación, con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores.

Con los fondos generados mediante esta cuota se financia la formación subvencionada y la formación bonificada de las empresas. Cada trabajador contribuye con el 0,1 % del total de su nómina, mientras que la contribución del empresario es del 0,6 % adicional. En total, un 0,7 % de cuota.

Del total recaudado anualmente, el artículo 65 de la recientemente aprobada Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, estipula que la parte que excede de 2.000 millones de euros se pueda destinar a financiar programas o servicios de políticas activas de empleo. Esto ha permitido que la Ministra Yolanda Diaz disponga de un remanente cercano a los 2.700 millones de euros, que estaría destinando para otros fines, detrayéndolo de su fin principal que no es otro que la formación de los trabajadores.

La distribución de las cuantías a cada Comunidad, como se ha indicado anteriormente, no la realiza el señor Sánchez a su albedrío. Los criterios se consensuan y se acuerdan en la Conferencia Sectorial. Actualmente las competencias se encuentran repartidas entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, por lo que se celebran dos Conferencias Sectoriales: de Empleo y Asuntos Laborales, y del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.

Para el año 2023 se han aprobado sendas órdenes de distribución de fondos a través de las cuales, para formación de trabaiadores desempleados, incluidos los programas transversales de formación y empleo, corresponden a Castilla y León algo más de 97M€. Mientras que los créditos autónomos previstos para este mismo ejercicio está en torno a los 16,7M€.

Es importante subrayar que con la aportación de fondos aprobados en Conferencia Sectorial, a los que habría que sumar los financiados a través del MRR, se cubren ampliamente las necesidades formativas en el ejercicio. La aportación de fondos autónomos adicionales conduciría a una sobrefinanciación de la formación, cuyos efectos se pueden traducir en dificultades para cubrir la demanda de plazas ofertadas. Por ello, se opta por consumir los recursos transferidos (que si no se usan, se perderían), destinando una parte pequeña de financiación autónoma para programas complementarios, no cubiertos por la financiación transferida, o de apoyo a sectores estratégicos para nuestra Comunidad.

Con cargo a los Presupuestos Generales de Castilla y León, que no del Gobierno de Castilla y León:

○ Anualidad 2020-2022: 11.000.000,00 €.

○ Anualidad 2023: 16.000.000,00 €.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que no del Gobierno de España:

○ Anualidad 2022: 62.152.516,00 €

○ Anualidad 2023: 30.838.229,00 €

Valladolid, 29 de septiembre de 2023.

El Consejero,

Fdo.: Mariano Veganzones Díez.